El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional firmado con la República de Italia con el inicio de la titulación masiva de la emblemática colonia Andrés Barbero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto llevar adelante su jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia “Sucesión” (ex Andrés Barbero) o más conocido como Barbero Cué; donde se hará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a campesinos beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras.

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Comentó que la importancia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Además, Ruiz Díaz manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.

Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.

El titular del Indert detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.

“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el titular del Indert.

“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.

Explicó que el principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decía que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.

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Una comitiva encabezada por el juez de Ejecución Penal de San Lorenzo, Víctor Benítez Salinas, de la Circunscripción Judicial de Central, realizó el pasado viernes una visita a la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza.

Este hecho se da en cumplimiento del artículo 23° de la Acordada N° 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y la Ley N° 5.162/14, Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

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En la ocasión, se realizaron diversas entrevistas a las personas privadas de libertad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el estado actual de sus respectivas causas, realizar preguntas y despejar dudas relacionadas con sus procesos judiciales.

Además, se llevó a cabo una audiencia para una persona privada de libertad de 82 años, imputada por un hecho punible, y en atención a la situación de vulnerabilidad por la edad y lo establecido en la segunda parte del artículo 239 del Código de Ejecución Penal, se resolvió hacer lugar a la prisión domiciliaria de la persona de avanzada edad.

Del mismo modo, el pasado 10 de julio en cumplimiento de lo establecido por el Código de Ejecución Penal, la jueza Penal de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, Mirna Nisselli Vera, estuvo a cargo de la visita de control y monitoreo a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Durante la actividad, la magistrada se reunió con el director de la penitenciaría, profesor Francisco Benítez, con quien dialogó sobre la operatividad general del centro.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, informó que este domingo, se completó el 100 % de titulación de propiedades en Santa Rosa de Lima, en Itá.

Indicó que es la primera colonia totalmente formalizada en el departamento Central y es la segunda en el país en llegar al 100 % de regularización de las tierras, mediante el barrido predial masivo (BPM) llevado adelante por la institución.

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“Con la titulación de las tierras, que es una de las prioridades del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, le devolvemos la dignidad a los campesinos, porque les damos la oportunidad de avanzar en el desarrollo, mediante la inclusión económica y social”, enfatizó.

Con la entrega de más de 100 títulos en Santa Rosa se completa el 100 % de los títulos en esta colonia, tal como sucedió hace una semana en la colonia San Miguel, de Minga Guazú, recordó Ruiz Díaz, tras el acto en la fría jornada del domingo, que no fue un impedimento para desatar la alegría de los pobladores de Santa Rosa, que en un ciento por ciento de los beneficiarios participaron del evento.

“Es un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir y se cumplió”, expresó emocionada María Ruiz Díaz, una de las madres beneficiadas con el título de propiedad en la colonia Santa Rosa. “

“Estoy muy contenta con el trabajo que lleva adelante el presidente del INDERT”, dijo por su parte Alicia Leiva, otra de las beneficiarias. Mónica Benítez, exteriorizó su alegría y su agradecimiento porque con el acceso a la propiedad puede independizarse de sus padres.

“Yo me veía todavía viviendo en el terreno de mi mamá, por eso estoy muy feliz y muy contenta”, enfatizó la beneficiaria que puede de ahora en más brindar un techo a sus hijos.

“Esta es una política profundamente social del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, de promover el bienestar de la gente”, enfatizó el titular del INDERT tras la entrega de todos los títulos a sus beneficiarios.

El 70 % de los beneficiarios de la citada comunidad son mujeres jefas de hogar, que no pagan nada en concepto de interés por sus lotes, una medida adoptada por el gobierno actual a favor de las familias campesinas.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Un hombre condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976 y que pasó casi medio siglo en el corredor de la muerte fue ejecutado este miércoles en Misisipi, en el sur de Estados Unidos. Richard Jordan, de 79 años, condenado a muerte por el secuestro y asesinato en 1976 de Edwina Marter, de 34 años, esposa de un ejecutivo bancario, fue declarado muerto a las 18:16 central (23:16 GMT), según el comunicado del departamento de correccionales de Misisipi.

Era el preso condenado a muerte que estuvo por más tiempo en espera de su ejecución, agregó el texto. Tras el secuestro y muerte de Marter, Jordan exigía 25.000 dólares por su rescate. Fue detenido cuando iba a recoger el dinero y luego de confesar el asesinato condujo a las autoridades a un bosque donde había dejado el cuerpo.

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Es la primera ejecución en Misisipi desde diciembre de 2022 y la segunda esta semana en Estados Unidos, tras la de Thomas Gudinas, de 51 años, el martes en Florida. Desde principios de año se han llevado a cabo en Estados Unidos un total de 25 ejecuciones, en su mayoría por inyección letal (20).

Tres se llevaron a cabo por inhalación de nitrógeno, un método utilizado por primera vez por Alabama en 2024 y considerado por expertos de la ONU una “tortura”, y dos por fusilamiento en Carolina del Sur, por primera vez en Estados Unidos desde 2010. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. Otros tres, California, Oregón y Pensilvania, observan una moratoria de las ejecuciones.

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