El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los principales números que dejó el quinto mes del año con respecto a gastos, inversiones y recaudaciones tributarias, en el marco de la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin).

La inversión pública acumulada a mayo registró un aumento del 36,3 %, lo que refleja un nivel de ejecución superior al observado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, alcanzó G. 2.470 mil millones (USD 311 millones), lo que representa el 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

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El informe destaca que este ritmo de ejecución es superior al observado en el mismo periodo de 2024, y se posiciona entre los más altos de los últimos años si se compara con el promedio histórico. Este repunte cobra mayor relevancia considerando que abril y mayo son meses en los que tradicionalmente la ejecución suele ser baja, por cuestiones estacionales y administrativas.

Sin embargo, en 2025 se logró sostener una ejecución acelerada, lo cual también refleja mejoras en la planificación y desembolso por parte de las instituciones ejecutoras, indicaron durante la presentación de Situfin.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue nuevamente la entidad que lideró el volumen de inversiones, representando la mayor parte de los recursos utilizados en infraestructura vial, obras civiles y proyectos estratégicos. Otras instituciones también mostraron dinamismo, aunque en menor escala, y en conjunto permitieron diversificar el destino de los recursos hacia diferentes sectores de infraestructura física y social.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este nivel de inversión tiene un efecto positivo sobre la economía real, explicaron. Además de impulsar la actividad en sectores como la construcción, el transporte y los servicios, la inversión pública cumple un rol anticíclico, especialmente útil en contextos de recuperación económica como el que atraviesa actualmente nuestro país.

Asimismo, estas inversiones sientan las bases para una mayor competitividad en el mediano y largo plazo, mediante mejoras en conectividad, acceso a servicios y reducción de brechas territoriales.

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Por último, el informe subraya que el aumento de la inversión se dio sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal. Pese al crecimiento del gasto de capital, el resultado fiscal mensual de mayo fue con superávit, por segundo mes consecutivo, y el acumulado anual mantiene un déficit moderado.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso conocido como “mafia de los pagarés”. El proyecto recibió un dictamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estudiaron el proyecto y así también de parte de la Comisión Especial de carácter transitoria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en conjunto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron todas las consultas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aprobación”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

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En este sentido, la mencionada comisión aconsejó la aprobación con modificaciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.

“La intención principal es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe, por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago y hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva que acoja o rechace la acción determinando expresamente que la devolución del título se hará a quien corresponda”, explicó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial manifestó que han recibido más de 4.000 denuncias en el marco de la “mafia de los pagarés” en los que existen casos en que se ha cobrado doblemente el monto de la deuda. “Y en muchos casos el pagaré nunca aparece, sigue circulando, nos hemos encontrado con un mismo pagaré demandado en diferentes Juzgados, incluso los que ya fueron cobrados”, refirió.

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Maidana indicó que este caso desató una problemática social muy fuerte y que con esta normativa, el Poder Judicial tendrá más instrumentos para preservar, custodiar y devolver los documentos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto será remitido para su estudio a la Cámara de Diputados.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública (DGCyDP) del Viceministerio de Administración Financiera, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a cabo la jornada denominada “Clínica para unidades ejecutoras: desafíos y oportunidades en la formulación presupuestaria para proyectos BID en el PGN”.

El objetivo de esta actividad fue fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades Ejecutoras de Proyectos en aspectos clave de la planificación financiera y presupuestaria.

La iniciativa cobra especial relevancia al promover una gestión más eficiente y efectiva de los proyectos financiados por el BID, contribuyendo así a una mejor ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Durante la jornada, la gerente María Teresa Díaz de Agüero, directora de Contabilidad del ministerio, señaló que el MEF está impulsando procesos de reforma orientados a la simplificación administrativa y a la automatización de los registros, con el fin de mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.

Por su parte, el director general de Crédito y Deuda Pública, Julián Ibarrola, destacó que un aspecto clave para la ejecución de los proyectos es mantener la evolución de las finanzas públicas alineada con el Plan de Convergencia Fiscal, con el objetivo de que el déficit fiscal se ubique, para el año 2026, dentro del límite del 1,5 % establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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