El sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), enfrenta crecientes desafíos financieros y, ante este escenario, el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), presentó una propuesta de reformas orientadas a extender la sostenibilidad del fondo previsional y evitar un mayor deterioro de sus reservas.

El informe advierte que actualmente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones registra un déficit operativo anual superior a USD 70 millones, situación que obliga a utilizar parte de las rentas generadas por las reservas para cubrir el pago de jubilaciones. Según el análisis, si no se aplican medidas correctivas, el sistema podría comenzar a consumir directamente su capital acumulado en las próximas décadas. Ante esta situación, la UIP propone cinco pilares de reforma que apuntan tanto al fortalecimiento financiero como a la modernización institucional del IPS.

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Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con el IPS, correspondiente al aporte del 1,5 % de la masa salarial establecido por ley. El gremio propone que esta deuda sea formalizada mediante un bono perpetuo y que el aporte corriente sea incorporado regularmente al Presupuesto General de la Nación (PGN) desde 2027.

La propuesta contempla además la creación de un fondo blindado, cuyos recursos no puedan ser utilizados para gastos corrientes durante los próximos 20 años, con el objetivo de fortalecer las reservas previsionales.

Otro de los cambios planteados apunta al pago del aguinaldo de los jubilados. El estudio sostiene que este beneficio fue financiado históricamente con recursos del propio fondo jubilatorio, afectando la acumulación de reservas. Para corregir esta situación, la UIP plantea un aporte previsional anual aplicado sobre el aguinaldo de trabajadores activos, compartido entre empleados y empleadores, destinado exclusivamente a financiar ese beneficio.

El documento también considera clave ampliar la cantidad de aportantes al sistema. Actualmente, la cobertura previsional alcanza a poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa. Por ello, se propone avanzar en políticas de formalización laboral e impulsar el crecimiento industrial, bajo el argumento de que una economía con mayor generación de empleo formal fortalece automáticamente los ingresos del IPS.

El quinto eje se centra en una transformación de la gobernanza institucional. Entre las medidas sugeridas figuran la conformación de un directorio técnico, auditorías externas periódicas, digitalización de procesos y publicación constante de información financiera.

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El precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego divulgó a través de sus redes sociales, un video en el que se jacta de ser el que impulsó y ejecutó la construcción de la Costanera de Asunción, en su primera etapa y proyectó la construcción de las siguientes etapas. De esa manera, invocó asegurar que bajo su administración como intendente municipal se llevaron a cabo dichas obras.

Sin embargo, nobleza obliga recordar que este proyecto fue impulsado primeramente por la ex intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, que presentó el proyecto de Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y se encargó de elaborar el proyecto y ejecutar el mismo con fondos provenientes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación y no con recursos de la comuna.

Al respecto, desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC confirmaron a La Nación/Nación Media, que la Avenida Costanera de Asunción, se inició durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego, pero que la misma fue una obra impulsada y ejecutada por el Gobierno nacional, a través del MOPC.

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Mencionaron que la primera etapa de la Costanera Norte comenzó en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, bajo conducción del entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. No obstante, señalaron que la Municipalidad de Asunción acompañó y participó en aspectos urbanísticos, coordinación técnica y aprobación de los proyectos complementarios.

La construcción de la Costanera de Asunción (etapa Norte) fue uno de los proyectos de infraestructura urbana más transformadores para la capital paraguaya, marcando el inicio del reencuentro de la ciudad con el río Paraguay. Formó parte del Plan Maestro de la Franja Costera, una visión urbana que se venía gestando desde la década de los 90.

Pero el impulso definitivo llegó con la administración del MOPC para conectar el tráfico y recuperar la zona ribereña. Esto, teniendo en cuenta que el diseño y la ingeniería estuvieron a cargo del MOPC, bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Proyectos, con la colaboración de técnicos municipales y consultoras privadas.

En cuanto a la inversión aproximada para esa primera etapa fue de 21,5 millones de dólares, cuya forma de financiación fue con fondos estatales, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Nacional, gestionados a través del Presupuesto General de la Nación asignado al MOPC, y que luego se fueron sumando créditos internacionales y bonos soberanos en las distintas etapas posteriores del proyecto.

Por tanto, es relevante hacer una distinción en este punto, con relación al aporte de la Municipalidad de Asunción que no fue la entidad ejecutora principal de la avenida, ya que la dirección técnica y contractual estuvo a cargo del MOPC.

Pero sí la comuna asuncena estuvo a cargo de coordinar obras urbanas complementarias, elaborar y aprobar planos para infraestructura en la zona costera, impulsar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano alrededor de la Costanera y participar en planes de reconversión de la Bahía de Asunción.

Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad entregó al MOPC planos elaborados por técnicos municipales para comisaría, cuartel de bomberos, guardería y sede de PMT en la zona de la Costanera.

De hecho, recurriendo a los archivos periodísticos de la época se puede encontrar que durante el gobierno municipal de Arnaldo Samaniego hubo varios roces institucionales con la administración Central. Esto, considerando que desde la intendencia reclamaba no conocer completamente algunos detalles de la segunda etapa de la Costanera Norte.

En 2013, Samaniego incluso pidió suspender la apertura de ofertas de una licitación hasta que el municipio aprobara el proyecto urbanístico. Además, se reportaron algunos fuertes cruces entre el MOPC y el municipio por la titularidad de las tierras y el mantenimiento. La Municipalidad puso reparos sobre quién debía hacerse cargo de la limpieza, la seguridad y la iluminación una vez terminada la obra.

El mayor freno fue el proceso de reubicación de las familias que vivían en las zonas de relleno (bañados). La Municipalidad exigía planes de vivienda social claros antes de avanzar, pero que finalmente, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se realizó la entrega de las primeras 120 viviendas sociales.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa avanzando con su calendario de pagos y desembolsará en la fecha un total de G. 10.348 millones para honrar compromisos con proveedores del Estado.

El proceso es llevado adelante a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), que se encarga de canalizar las transferencias correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril de 2026. Estos compromisos están financiados con Fuente 10, correspondiente a Recursos del Tesoro.

Desde la cartera económica señalan que los desembolsos se realizan de forma sostenida y conforme al orden de ingreso de las solicitudes, lo que permite mantener previsibilidad en los pagos y brindar mayor certidumbre a los proveedores del Estado.

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Esta dinámica resulta clave para sostener la operatividad de empresas que dependen de contratos públicos, especialmente en sectores vinculados a servicios, infraestructura y provisión de bienes.

El cumplimiento regular de estos compromisos también impacta directamente en la liquidez del sector privado, contribuyendo a la estabilidad de la actividad económica y evitando la acumulación de deudas que puedan afectar la cadena de pagos.

En este sentido, el MEF viene priorizando una gestión ordenada del Tesoro, con el objetivo de garantizar la continuidad de los pagos y fortalecer la confianza en la administración pública.

Para facilitar el acceso a la información, el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el portal institucional del MEF, dentro del apartado de Consulta Ciudadana, en la sección Calendario de Pagos y específicamente en el módulo de Pago a Proveedores.

Esta herramienta permite a los beneficiarios verificar el estado de sus solicitudes y conocer las fechas estimadas de desembolso.

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El sector vial advierte que Paraguay enfrenta un rezago estructural en infraestructura y plantea la necesidad de anticipar la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para evitar repetir escenarios de subfinanciamiento, sostuvo Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), durante una entrevista en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Sarubbi insistió en que el país debe empezar a trabajar desde ahora en el presupuesto 2027 y señaló que, el año pasado, el proyecto presupuestario se elaboró sin la participación del sector, por lo que al llegar al Congreso se evidenció que los recursos asignados eran insuficientes. “No queremos volver a encontrarnos a fin de año con un presupuesto que no cubre las necesidades”, afirmó.

El dirigente empresarial puso cifras al problema. Mencionó que Paraguay arrastra un déficit de aproximadamente USD 30.000 millones en infraestructura, mientras que la inversión pública anual apenas alcanza entre USD 500 y 600 millones. “Es claramente insuficiente para cerrar la brecha”, sostuvo.

Si bien reconoció el aporte que en su momento representaron los recursos provenientes de Itaipú Binacional, advirtió que ese margen ya no está garantizado hacia adelante. Planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y de planificar con mayor anticipación.

Por su parte, el economista Sergio Sapena también habló en “Fuego cruzado” y abordó el debate desde la política macroeconómica y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP) en el financiamiento del déficit. Explicó que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, y que su financiamiento puede darse mediante emisión o endeudamiento. Propuso ampliar el nivel de deuda vinculada a la banca matriz, pasando de niveles cercanos al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) a alrededor del 6 %.

Según su análisis, esto permitiría movilizar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones para inversión pública, principalmente en infraestructura. Argumentó que este aumento no necesariamente generaría inflación si existe capacidad ociosa en la economía. “El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación y el pleno empleo. Mientras haya capacidad ociosa, la economía puede absorber esa expansión sin presiones inflacionarias”, explicó.