Puma Energy Paraguay realizó la segunda donación de 1.000 litros de alcohol al laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Encarnación.
Se trata de un importante donativo que servirá para la fabricación de gel (hidroalcohol) y que será procesado para asistir a centros hospitalarios, cuerpo de bomberos voluntarios, comisarías y otras entidades del departamento de Itapúa, reforzando su compromiso el frente de batalla ante el COVID-19.
Con este tipo de acciones, las empresas comprometidas con la responsabilidad social como Puma Energy, dan un paso al frente al asistir y aportar, desde el lugar que ocupan, a las comunidades en las que actúan.
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Acerca del emblema
Puma Energy es una compañía multinacional de energía, con marcada presencia en 46 países en varios continentes. En Paraguay, posee cerca de 200 estaciones de servicios con cobertura en todo el territorio nacional.
Su amplio portfolio de productos se rigen por normas internacionales que aseguran la más alta calidad en combustibles. Posee además una línea exclusiva de lubricantes para diferentes segmentos.
Es el único emblema que cuenta con 3 plantas ubicadas estratégicamente en los puntos de mayor consumo, lo que permite una cobertura eficiente y eficaz para el abastecimiento de sus productos.
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Petropar: alcoholera de Troche aumenta su producción y supera el promedio de los últimos ocho años
La Planta Alcoholera de Petropar, ubicada en Mauricio José Troche, registró la molienda de 347.391 toneladas de caña de azúcar y una producción de 19.811.356 litros de alcohol absoluto a 150 días del inicio de la zafra 2026. Los resultados muestran un incremento en los niveles de procesamiento respecto al promedio de campañas anteriores.
Según los datos de la estatal, la cantidad de caña molida supera en 19,4 % el promedio de los últimos ocho años, mientras que la producción de alcohol registra un aumento del 62 % frente a campañas anteriores.
Durante este periodo, la planta contabilizó además 11.671 camiones descargados, un 12 % más que en los últimos años. El movimiento refleja la actividad logística vinculada al traslado de la materia prima desde las zonas de producción hasta la industria.
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El presidente de Petropar, William Wilka, atribuyó los resultados al aporte de los cañicultores, quienes constituyen un eslabón fundamental en la cadena productiva. La actividad también involucra a transportistas y otros sectores relacionados con el procesamiento y la logística de la caña de azúcar.
La planta de Mauricio José Troche representa una fuente de actividad económica para la región, al generar ingresos y empleo directo e indirecto para miles de familias vinculadas al rubro. En ese contexto, el desempeño de la zafra constituye un indicador de la evolución de la producción de caña y alcohol en el país.
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Ypyta: con chicana buscan frenar constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, la abogada Ivonne Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta—, pretende con chicanas frenar la constitución judicial del juez de Paz de Pedro Juan Caballero al inmueble donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS).
La referida profesional del derecho solicitó al juzgado que se deje sin efecto la determinación adoptada por el juez Edgar Rivas, quien autorizó realizar la constitución judicial, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad en la Corte. No obstante, la presentación hecha por la representante legal de Braga Diniz —quien sería testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani— ya se realizó fuera de plazo, por lo que el juzgado podría rechazarla y ratificar que se lleve a cabo la diligencia judicial.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Municipales 2026: prohibiciones en locales de votación y en el cuarto oscuro
Las Elecciones Municipales 2026 contarán con un marco regulatorio estricto durante la jornada de votación para garantizar la transparencia, el orden y la libertad del sufragio. El Código Electoral establece que, en un radio de 200 metros alrededor de los locales de votación, quedan prohibidas la portación de armas de cualquier tipo y la aglomeración de personas. Asimismo, en este mismo perímetro se prohíbe la instalación de mesas de consulta de las agrupaciones políticas, la realización de actos proselitistas y el porte de banderas o símbolos partidarios.
Para resguardar el secreto del voto y garantizar el normal desarrollo del acto comicial, la normativa dispone reglas estrictas dentro del recinto. Se prohíbe el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras u otros dispositivos aptos para captar o transmitir imágenes. Del mismo modo, no se permite ingresar con alimentos, bebidas, líquidos, aerosoles, sustancias inflamables ni objetos contundentes, así como tampoco está permitida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 19:00 del sábado y durante la jornada del domingo.
En materia de difusión, el marco legal regula los plazos de emisión de información y la realización de eventos públicos. Queda estrictamente prohibido difundir propaganda electoral, publicaciones de encuestas o los resultados de boca de urna hasta una hora después del cierre oficial de las mesas de votación. Adicionalmente, la realización de espectáculos públicos se encuentra restringida hasta dos horas después de concluidos los comicios.
Finalmente, las autoridades recuerdan la gravedad de atentar contra el equipamiento del proceso democrático. Cualquier conducta que implique dañar, destruir, inutilizar, sustraer o alterar las máquinas de votación o los materiales electorales constituye una infracción grave que será sancionada conforme a la ley. El cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para asegurar el desarrollo pacífico de los comicios.
Textualmente
La Ley n.° 834, que establece el Código Electoral Paraguayo, manifiesta en el artículo 195 que en el día de los comicios queda prohibido:
a) la aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar;
b) la portación de armas, aun mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior;
c) la celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios;
d) el expendio de bebidas alcohólicas;
e) la instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en el radio mencionado en el inciso a) de este artículo; y,
f) el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro aparato capaz de captar o trasmitir imágenes que hagan posible vulnerar el secreto del voto.
El que transgreda el inciso f) de este artículo, será sancionado con una multa conforme a lo establecido en el artículo 332 de este Código (una multa de quince a treinta jornales mínimos, entre G. 1.614.405 y G. 3.228.810), sin perjuicio de lo establecido en los artículos 278 y 280 del Código Penal para los autores y partícipes de los hechos punibles tipificados en los mismos.
Multas y sanciones
Art. 333.- El contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 292 (sobre discriminación, calumnia, instigación a la desobediencia o violencia) de este Código hará pasible a sus autores o al partido, movimiento político o alianza que lo propicie de sufrir una multa de cien jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
Art. 334.- Quienes perturbaren el orden que debe reinar en el desarrollo de actos electorales, penetrando al recinto en estado de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes o portando armas provocando tumultos que entorpezcan o interrumpan el normal desarrollo de las actividades electorales serán pasibles de una multa de diez a veinte jornales mínimos.
Art. 335.- Los comerciantes que vendieren bebidas alcohólicas desde doce horas antes del inicio del acto eleccionario y en el día de las elecciones abonarán la multa de cincuenta a doscientos jornales mínimos (entre G. 5.381.350 y G. 21.525.400).
Art. 336.- El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los artículos 68 y 282 de este Código (sobre contribuciones monetarias o no monetarias), realizare donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado.
El partido, movimiento político o alianza que se haya beneficiado con tal contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento (50 %) de todo aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años.
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Policía Federal detiene a empleada de universidad paraguaya con millonaria suma en la frontera
Una empleada de la Universidad Interamericana —institución educativa con sede en Pedro Juan Caballero, Paraguay— fue detenida en flagrancia el pasado miércoles en la zona de Ponta Porã (frontera con Pedro Juan Caballero) tras ser interceptada con 800.000 reales en efectivo (unos 902 millones de guaraníes).
De acuerdo con los datos de las autoridades, la universidad pertenece al empresario y candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo (União Brasil).
La semana pasada, una de sus haciendas ubicada en Porto Murtinho, en el estado de Mato Grosso do Sul, fue objeto de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil.
Durante el procedimiento, las autoridades rescataron a 23 trabajadores paraguayos que se encontraban en situación irregular, víctimas de presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Según informó el medio G1, los compatriotas no estaban registrados formalmente, sufrían la retención de sus salarios y tenían prohibido abandonar las instalaciones.
Asimismo, las autoridades brasileñas sospechan que la universidad de Carlos Bernardo —quien es investigado por supuestos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC)— habría sido utilizada como fachada por miembros de este grupo criminal para justificar su estadía en la frontera y coordinar sus operaciones.
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El nombre de Aparecido Carlos Bernardo cobró relevancia pública tras el operativo del 23 de marzo de 2021, cuando se capturó a 14 integrantes del PCC durante una “asamblea” en Pedro Juan Caballero.
Entre los detenidos se encontraba Weslley Neres dos Santos, alias “Bebeção”, líder regional de la banda criminal en la frontera, quien en ese momento portaba una credencial que lo identificaba falsamente como estudiante de Medicina de la universidad privada del candidato.
Caso Ypyta
Igualmente, Eusebio Niz Valiente, supuesto testaferro de Aparecido Carlos Bernardo duelo de la Universidad Interamericana y ex CEO de la Universidad Central pretende quedarse con una propiedad perteneciente a la firma Ypyta en un juicio plagado de irregularidades.
Actualmente, el caso está en la cámara de apelación de Asunción a los efectos de su estudio correspondiente. Este hecho demostraría que testaferros de personas presuntamente ligadas al crimen organizado estarían tratando de torcer la justicia.
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