El Ministerio de Hacienda a través de la Resolución General N° 65, estableció los procedimientos para la emisión del certificado de Residencia Fiscal para fines tributarios y su solicitud a residentes de los Estados contratantes para la aplicación de convenios para evitar la doble imposición.
Entre otras cosas, la mencionada resolución establece que la persona física o jurídica o estructura jurídica, podrá solicitar la expedición de un documento que certifique su condición de residente en Paraguay para fines tributarios. Además, menciona que este certificado acreditará que la persona se encuentra sujeta a las normas tributarias de nuestro país, por el periodo o ejercicio fiscal indicado en el documento.
Indica también que la solicitud deberá ser presentada en las mesas de entrada habilitadas en la Secretaría de Estado de Tributación (SET) completando el formulario “Solicitud de Certificado de Residencia Fiscal” disponible en la página web www.set.gov.py.
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Requisitos
Los requisitos establecidos para la solicitud en caso de ser contribuyentes son: tener Ruc; estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; presentar una copia de la Cédula de Identidad vigente del contribuyente o representante legal. En caso de que no sea contribuyente el solicitante deberá presentar una copia de su Cédula de Identidad Civil vigente.
En caso de que el certificado lo solicite una persona física, se requiere de la presentación de una Constancia de Movimiento Migratorio emitida por la Dirección General de Migraciones.
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Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
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Vecinos de Reducto celebran clausura de planta asfáltica que contaminaba
Vecinos del barrio Reducto-Lérida de San Lorenzo celebran la clausura de la planta asfáltica dispuesta por la comuna local ante denuncias de que el ingenio industrial operaba de manera irregular, contaminando el medio ambiente y generando efectos nocivos para la población.
“Pero seguimos en la lucha, hasta que el consorcio Victoria desmonte su campamento y se reubique en un lugar apto para este tipo de actividades. No estamos en contra del trabajo, pero sí del atropello a nuestros derechos de salud y tranquilidad”, aclaró Catalina Insfrán en declaraciones al diario La Nación/ Nación Media.
La Resolución Municipal No 1590/2026 rechazó la solicitud de permiso de la firma Consorcio Victoria para la instalación y funcionamiento de una planta asfáltica en el vecindario, amparado en el artículo constitucional que consagra el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente saludable.
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Asimismo, las autoridades municipales avalaron la decisión en base a ordenanzas municipales que restringen el asentamiento de industria pesadas, nocivas, molestas o peligrosas dentro dentro del tejido urbano residencial y prohíben la instalación de macroindustrias generadoras de polvillo hidrocarburos suspendidos en cercanías de núcleos habitacionales.
En ese sentido, los vecinos habían denunciado a dicha firma por la emisión de partículas contaminantes que afectaban la salud de lugareños además degenerar ruidos molestos y otros inconvenientes, sumadas a otras irregularidades como el hecho de estar operando sin licencia.
Por lo tanto, la intendencia ordenó la paralización inmediata de todas sus actividades dentro del predio utilizado.
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Gobierno prepara kits de víveres para mantener Hambre Cero ante El Niño
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que el Gobierno está comenzando a dispersar la alerta y organizar la prevención ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño. Ante esta situación anunció que se prepara un mecanismo para garantizar la continuidad de programa Hambre Cero ante una eventual emergencia.
A fin de ir coordinando los trabajos, el ministro Rojas señaló que junto a sus colegas ministros de Defensa Nacional, Óscar González; el de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja y el viceministro de Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, acudieron por invitación del Consejo de Gobernadores para una mesa de trabajo para coordinar todas las acciones que se podrían dar ante una eventual emergencia.
En conversación con La Nación/Nación, señaló que si las inundaciones obligan a suspender las clases, ya existe una resolución del Consejo Nacional de Alimentación Escolar para garantizar que, si se declara una emergencia y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispone la suspensión de clases, la alimentación escolar debe de continuar sin interrupción.
Para ello, señaló que se prevé entregar kits de víveres a los padres para evitar que los niños queden sin alimentación escolar. Destacó además el compromiso que asumieron los gobernadores de cooperar en el esfuerzo de prevenir, pero también de asistir rápidamente a las familias, en donde se den algunas situaciones de riesgo.
Resaltó el gran avance que están teniendo en materia de planificación de la provisión de kits de víveres, para ello, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición está previendo los requisitos técnicos.
“Si se da la emergencia nacional y suspensión oficial de clases por parte del Ministerio de Educación, que la alimentación escolar no sea interrumpida y que sean proveídos a los padres de los kits de víveres para los niños y puedan estos ser alimentados por sus padres”, explicó.
Agregó que en la medida en que el MEC determine que las clases se impartirán a distancia o en la modalidad que decidan; lo concreto es que no se permitirá la suspensión de la alimentación escolar a los niños en caso de que haya algún tipo de impedimento por el fenómeno natural.
Preparación conjunta
Asimismo, el ministro Rojas señaló que el objetivo de este tipo de reuniones que se están llevando adelante es para que estén todas las autoridades departamentales y locales, preparadas para cuando se venga este fenómeno climatológico, de tal modo se pueda prevenir los posibles escenarios teniendo todas las herramientas necesarias.
“Las gobernaciones siempre tienen recursos de gasto sociales cuando se declara emergencia, eso a ellos les facilita indudablemente ejecución de algunos recursos que se les asignan. Es un tema que se viene hablando permanentemente a nivel de Gabinete del presidente Peña y estamos empezando ahora a dispersar un poco más las alertas y la prevención que tenemos que organizar con tiempo”, comentó.
El ministro Rojas explicó que si bien no maneja con precisión el periodo en que se desarrollará este fenómeno climático, hoy escuchó decir al ministro de Defensa, quien sí está manejando estos datos, que en principio se prevén unas lluvias intensas para fin de septiembre, pero que como se viene hablando, la etapa más crítica podría ser en el mes de diciembre, más o menos.
Finalmente resaltó que existe un buen ambiente en el diálogo con los gobernadores de los 17 departamentos del país, resaltando que hoy ratificaron el compromiso para colaborar muy de cerca con las acciones del Gobierno central, obviamente como parte del Poder Ejecutivo en cuanto se dé la necesidad, por lo que pueda ser este fenómeno climático.
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Tras mortal ataque en Canindeyú, Diputados pide radiografía de la infraestructura policial
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.
La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.
El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.
El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.
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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.
Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.
La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.
Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.