La mayor ejecución en la inversión social realizada de enero a agosto de este año fue en educación, con un 31% del total de la administración central, que alcanzó unos US$ 2.393 millones, es decir US$ 741 millones, según un boletín del Ministerio de Hacienda.

En tanto que la Inversión Social realizada desde la Administración Central, que en guaraníes totalizó 16,8 billones durante los ocho meses del 2020, registró un aumento del 12% con relación al mismo periodo anterior, según lo señala el Informe Mensual de Gasto Social elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda.

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Desglosando el presente informe, se encuentra que en segundo lugar en el ranking de ejecución se encuentra la Promoción y Acción Social con un 30%, que correspondería a unos G. 5 billones, de los cuales el 60%, unos G. 3 billones, fue designado a recursos como los Programas Ñangareko, Asistencia a Albergues para Repatriados, Pytyvõ, Adultos Mayores y Tekoporã. Mientras que el 57% de dichos recursos fueron financiados con Fondos de Emergencia.

Siguiendo con el recuento de la ejecución total al cierre del primer cuatrimestre, otro 22% fue destinado para Salud con G. 3,6 billones y el 14% para Seguridad Social con G. 2,3 billones ejecutados.

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En similar contexto, el informe resalta que los desembolsos de la inversión social de los tres últimos años llevan un aumento acumulado del 26%. En cuanto a la prioridad fiscal de la inversión social, al cierre de agosto de este año fue 53% respecto al total ejecutado por la administración central. Y así también, en los últimos cinco años la inversión social mantuvo una participación promedio del 55%, superior al resto del gasto, compuesto por servicios de administración gubernamental, servicios de seguridad, servicios económicos, deuda pública y servicios de regulación y control.

Hay que mencionar que la participación del resto del gasto en el 2020 se incrementa también en comparación a los tres últimos años, debido a las transferencias realizadas al Instituto de Previsión Social (IPS), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), en el marco de la Ley Nº 6524/2020 de Fondos de Emergencia.