La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.

Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.

El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.

En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.

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Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.

Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.

Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.

Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.

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En conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, acompañado del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, y el ministro del Mades, Rolando de Barros Barreto, dieron los detalles de lo que fue la reunión del presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el municipio de Campo Grande, Mato Grosso, ayer domingo.

“Hubo una reunión privada de ambos jefes de Estado para avanzar en una coincidencia plena en que los resultados de la evaluación del Anexo C de la Itaipú Binacional tienen que ser mutuamente beneficiosos para ambos países, y en ese contexto instruyeron a los equipos técnicos y a los cancilleres avanzar en el menor tiempo posible”, expuso el jefe diplomático.

Señaló que se realizó una evaluación del Anexo C de la Itaipú con todos los elementos que tienen que ver con la binacional. Anunció que ambos mandatarios acordaron realizar visitas recíprocas y pidieron a los equipos de ambos gobiernos cerrar esta negociación en la brevedad posible.

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“Se ha acordado visitas recíprocas atendiendo la invitación del presidente Santiago Peña al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar nuestro país, y al mismo tiempo, el presidente Santiago Peña visitará oficialmente la República Federativa de Brasil a invitación del presidente Lula”, informó en la conferencia de prensa.

Ramírez Lezcano también destacó las buenas relaciones diplomáticas y de amistad entre ambas naciones, lo que se refleja en un momento muy importante y muy positivo, de mutuo reconocimiento de los desafíos compartidos y una agenda sumamente amplia, constructiva y auspiciosa.

“En ese contexto puedo señalar que, durante este primer semestre, que además en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur vamos a tener la cumbre de jefes de Estado, las visitas recíprocas se van a desarrollar durante este primer semestre para alcanzar los acuerdos que pretendemos y que estamos trabajando en ello para que podamos concluir las negociaciones del Anexo C de Itaipú”, detalló el canciller.

Por su parte, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, resaltó que estas negociaciones están avanzando y durante la reunión que se dio entre ambos mandatarios se discutieron los aspectos técnicos, “no con mucha profundidad” teniendo en cuenta que se dio en un contexto de una COP 15, y el abordaje de otros temas de las relaciones bilaterales.

“Hay una convergencia de ideas, hay una visión compartida entre los presidentes, tenemos que hacer el esfuerzo los equipos técnicos de bajar al decimal, muchas veces preguntan por qué se demoran tanto, porque a veces cuesta bajar esa visión compartida al decimal, a la letra fina”, explicó.

Agregó que el Gobierno está trabajando “con estrategia, con previsibilidad, con armonía con nuestros socios brasileños en esto que tiene que ser el objetivo de la Itaipú que es motor de desarrollo para los países”.

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El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.

En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.

Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.

Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.

En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.

“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.

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Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.

En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.

“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.

Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.

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La Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.

Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.

La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.

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También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.

Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.

En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.

El informe también refiere acerca de irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.

En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.

Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

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