Los principales gremios industriales, supermercadistas, importadores, anunciantes, comerciantes, entre otros, emitieron un comunicado en conjunto en el cual manifiestan su rechazo total al proyecto de ley de régimen de turismo de reexportación, que se busca implementar en las zonas fronterizas del país.

El comunicado sostiene que la aplicación de esta ley tendría consecuencias significativamente negativas en la recaudación de los tributos, impactando en la SET como Aduanas con pérdidas que superarían los US$ 120.000.000, lo cual representa un monto importante para cumplir con las metas y programas que se establecen en su presupuesto general del Estado. Significaría una baja del 90% de aportes de este régimen al Estado. Además, menciona que dicha ley resultaría en una menor contribución tributaria significativa en un momento donde se precisa mejorar o mantener la capacidad de recaudación.

“Paraguay cerró el primer semestre del año con una deuda pública de US$ 10.871,4 millones; 22,7% mayor a la registrada al cierre del 2019, y que representa el 30,7% del Producto Interno Bruto (PIB), superando así el límite de prudencia adecuado dada la capacidad productiva y de recaudación del país”, advierten los gremios.

Alegan que a pesar de que Tributación fundamenta poder tener la capacidad de controlar el régimen actual a través de nuevas tecnologías más eficientes implementadas, el nuevo régimen propicia menor cantidad de control de evasión. “Adicionalmente que el problema se encuentra en que el Sistema Tributario debe ser único, no pueden coexistir dos regímenes diferentes en un solo país (uno con tributos y controles, y otros sin ninguno). De ser así, se crearían nuevos problemas de recaudación y competitividad dentro del territorio nacional”.

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La distribución geográfica de nuestro país no facilita el control del comercio y movimiento entre ciudades o departamentos. A diferencia de ejemplos regionales donde hay limitada cantidad de tiendas, esta ley crearía 1.000 tiendas/depósitos de mercaderías sin impuestos en tiendas a lo largo de 4 ciudades del país, descansado en la confianza de un sector de alta informalidad y en una capacidad de control limitada. ¿Cómo se controlaría permanentemente que mil depósitos vendan mercaderías exclusivamente a brasileños? Se preguntan en el documento.

Sostienen que eso implica que, a pesar de que los productos serían solo para la venta en frontera, no existiría mecanismo para evitar que estos sean comercializados en el resto del país. En caso de poner algún tipo de barreras, probablemente sería costoso y altamente permeable.

“Hoy los controles son efectivos, ya que estos son centralizados en la aduana donde la mayoría de los tributos ya son pagados por los importadores, minimizando el riesgo de evasión. El sistema propuesto no anticipa ni garantiza tributos significativos al Estado, sino que anticipa solo un 4% de IRE que será confirmado efectivo a fin de año en caso que la empresa haya sido rentable en su ejercicio, lo cual implica descansar los tributos en la confianza de que declaran sus ventas de manera correcta en una zona de alta informalidad”, dicen.

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Los propulsores de este proyecto de ley proponen una carga tributaria total única del 4% sobre costo de importación, no sobre precio de venta, que se convierte en crédito de IRE en caso de tener utilidades contra la producción nacional que localmente paga un IVA del 10% sobre el precio de venta, aranceles sobre la importación de insumos, además de los otros impuestos aplicables como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Debido a la asimetría tributaria, se generaría una competencia desleal en nuestro propio territorio.

Así también, sería una competencia desleal con el comercio de todo el país, supermercados, shoppings, importadores y distribuidores, quienes no tendrían competitividad de precios; lo que significará pérdida de ventas y, por ende, pérdida de empleos formales en un mercado ya resentido por el cierre de fronteras (baja de turistas), las bajas de ventas actuales y por el contrabando de los países vecinos.

Cabe recordar que Asunción también es una ciudad fronteriza que se encuentra a 15 kilómetros de Clorinda (Argentina), al igual que todo el casco urbano de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Pilar, Ayolas, Alberdi, Itá Enramada, Mariano Roque Alonso, San Antonio, Villa Elisa, Nanawa y otras ciudades limítrofes que deberían tener el mismo derecho. En Paraguay, a 500 kilómetros de distancia, se encuentra casi toda la población urbana, con lo cual es muy rápido el traslado del microcontrabando que incluso existe ya en la actualidad y empeoraría aún más.

Los gremios que apoyan el comunicado son la Unión Industrial Paraguaya, Feprinco, CAP, Capasu, CNCSP, Capaba, Cappro, Cámara Paraguaya de Confeccionistas del Paraguay, Caimpeco, Cabe, AICP, entre otros.