El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), tuvo la primera reunión oficial con sectores productivos quienes presentaron los principales desafíos que enfrentan las actividades comerciales, abordando temas vinculados a registros, normativas y procesos de fiscalización.

La reunión se realizó entre el nuevo presidente del Senave, Ramiro Samaniego, representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas (Asicofru) con sus asociados, quienes tuvieron el objetivo de establecer una agenda de trabajo clara y consensuada, que permita avanzar en soluciones técnicas, prácticas y sostenibles para fortalecer la competitividad del rubro.

Asimismo, se habló sobre la situación de la producción y comercialización de productos vegetales, así como la importancia de coordinar mecanismos de trabajo que brinden transparencia a los procesos.

“Desde la UIP, seguiremos acompañando estos espacios de diálogo que impulsan el desarrollo agroindustrial del país, apostando a una producción más eficiente, formal y orientada a la calidad”, mencionaron.

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Recientemente el titular del Senave también recibió recientemente a Nektarios Tsirbas, consejero agrícola de la Embajada de Australia para América del Sur, y a Eduardo Sánchez Ferreyra, asesor senior en asuntos agrícolas y representante del departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura del gobierno de Australia en América del Sur.

En la reunión se abordaron temas del ámbito de bioseguridad agrícola y sobre los trabajos que el Senave vienen realizando en cuanto al control de plagas, entre otros aspectos, coincidiendo en la importancia de estrechar vínculos y trabajar sobre temas de interés y explorar oportunidades de cooperación.

Por parte de nuestro país también estuvieron la directora general técnica, Carmen Berni; la directora de protección de vegetal, Cristina Galeano; el director de bioseguridad agrícola, Hugo Bruning; y Pablo Cardozo, jefe del departamento de cuarentena vegetal.

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Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, informó este viernes que tomó la decisión de reprogramar los recursos económicos destinados para la construcción de monumentos históricos a la renovación total del sistema de ascensores del Legislativo.

Entre las obras históricas que se deseaban impulsar con un fondo total de G. 4.280 millones figuraban la construcción de un obelisco y estatuas conmemorativas de la Guerra del Chaco en las inmediaciones del puente Héroes del Chaco, que conecta Asunción con Nueva Asunción, sobre el río Paraguay.

La propuesta para la construcción del obelisco fue presentada por la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay del Senado, que preside el senador Colym Soroka, con el objetivo de rendir homenaje a los fallecidos en la contienda chaqueña. El monumento, cuya construcción finalmente no prosperará, iba a tener una altura de 40 metros y estatuas de figuras como el soldado desconocido o las enfermeras que asistieron a los combatientes.

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La decisión anunciada por Núñez en sus redes sociales fue dada a conocer tras el incidente registrado ayer jueves en la Cámara de Diputados, donde cuatro funcionarios quedaron atrapados en el elevador en el segundo piso del edificio parlamentario, por aproximadamente una hora. El personal de enfermería y policial logró rescatar a tres mujeres mayores de edad, que padecen de hipertensión, y a un hombre.

El pasado 28 de julio, el Poder Ejecutivo vía Decreto n.º 4309 había oficializado la amplia­ción presupuestaria para el Congreso Nacional por un monto total de G. 4.280 millo­nes. En este paquete se incluía un fondo de G. 1.880.000.000 para el Centro Cultural de la República El Cabildo, que se destinaría a una obra ubicada en el terreno colindante a la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, en la calle Cerro Corá entre Tacuary y Estados Unidos, actualmente utilizado como estacionamiento, que se planteaba para la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta del Congreso de la Nación - OSIC.

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