El ministro de Hacienda, Benigno López, confirmó que a partir del lunes 10 de agosto comenzarán a pagar el subsidio económico denominado Pytyvõ de Frontera, el cual tendrá como prioridad a pobladores de la zona de Alto Paraná.
“La autorización legal que tenemos es hasta US$ 125 millones y vamos a realizar hasta 4 pagos dependiendo de las cuestiones financieras. Esto salió de la línea de Emergencia de los US$ 1.600 millones aprobado por el Congreso, de los cuales 100 corresponden al remanente de Pytyvõ y 25 más de los fondos de salud pública”, sostuvo.
Aseguró que la prioridad la tendrán los pobladores altoparaenses. “Los primeros pagos se realizarán a partir del lunes 10 de agosto. Estamos buscando la forma de validar el registro que tenemos que se usó en el primer pago para ahorrar, exclusivamente para Alto Paraná, el resto va a tener que inscribirse de nuevo”, dijo en el programa La Lupa.
Añadió que un poco más de 90.000 personas serán las beneficiadas que corresponden a las ciudades de frontera. “Apuntamos a 90.000, vamos a ver como se va desarrollando el programa. Se está viendo la forma de hacer legal la declaración que tenemos. Pensamos por lógica que los que estuvieron mal hace tres meses ahora están peor”, expreso.
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Aclaro que el monto de subsidio será utilizado a nivel país y no solo para Alto Paraná. “El primer Pytyvõ para todo el país nos salió US$ 200 millones, también hay cuestiones que van a ir mejorando ya que será mucho más focalizado”, manifestó.
Benigno señaló que los primeros pagos serán para los pobladores de Ciudad del Este, por la situación en que se encuentra; luego Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Encarnación. “No va a faltar quien nos diga Asunción también por la frontera con Clorinda”, agregó.
Mario Abdo Benítez, presidente de la República, oficializó la extensión del programa para trabajadores formales e informales de las ciudades fronterizas que se encuentran en situación crítica con el casi nulo flujo económico en estas zonas.
Las personas alcanzadas por el subsidio serán los trabajadores por cuenta propia, los que son dependientes de las micro, pequeñas y medianas empresas, trabajadores que habiendo sido cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) hayan sido despedidos durante la emergencia nacional.
También serán beneficiarios los trabajadores con 18 años o más de edad que no coticen al IPS, que no sean contratados por parte del Estado o las binacionales, que no sean jubilados o pensionados, o quienes reciban pensiones por parte del Estado, que no sean beneficiados por programas asistenciales.
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Paraguay y EE. UU. acuerdan cooperación para interceptar vuelos sospechosos
Los gobiernos, tanto de Paraguay como de los Estados Unidos de América, suscribieron este lunes dos instrumentos bilaterales para fortalecer la cooperación en seguridad aérea y fronteriza, así como la lucha contra el crimen organizado transnacional. El acuerdo fortalecerá la capacidad de Paraguay para vigilar y proteger su soberanía frente a vuelos sospechosos. Este acuerdo avanza nuestro objetivo compartido de un hemisferio más fuerte y seguro.
Los documentos fueron rubricados por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, durante una ceremonia realizada en la Cancillería Nacional.
El primero es el Acuerdo por Notas Reversales sobre cooperación en materia de interceptaciones aéreas para aeronaves civiles, cuyo objetivo es establecer un marco de cooperación entre ambos países para la implementación de procedimientos de interceptación aérea, conforme a las respectivas legislaciones y al derecho internacional.
Esta cooperación contribuirá al fortalecimiento de la vigilancia del espacio aéreo paraguayo mediante el intercambio de información, datos de radar, inteligencia y asistencia técnica, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Seguridad fronteriza
El segundo instrumento es el Memorándum de Intención sobre cooperación en seguridad fronteriza, que contempla el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades paraguayas que operan en los puntos de entrada al país.
En este marco, los Estados Unidos contribuirá con la provisión del Sistema Seguro de Comparación y Evaluación de Identificación Personal (Pisces, por sus siglas en inglés), una herramienta tecnológica destinada a optimizar los controles migratorios y monitorear el movimiento de pasajeros, complementada con capacitación y transferencia de conocimientos.
En la ocasión, el vicesecretario de Estado destacó la importancia de traducir las palabras en resultados concretos y señaló que los acuerdos suscritos tienen una vigencia legal duradera, reflejo del compromiso de ambos gobiernos.
Asimismo, agradeció el espíritu de cooperación y amistad del canciller nacional y del Gobierno paraguayo, y reconoció el trabajo conjunto de los equipos de ambos países, cuyo esfuerzo permitió concretar los instrumentos bilaterales.
Por su parte, el ministro Ramírez destacó el fortalecimiento y la madurez de las relaciones bilaterales, y señaló que la firma de ambos instrumentos reafirma el compromiso conjunto con la seguridad hemisférica y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Asimismo, subrayó que las firmas reflejan la confianza política y la cooperación estratégica entre ambos países. Finalmente, agradeció la visita del vicesecretario de Estado Christopher Landau y ratificó la voluntad de Paraguay de continuar fortaleciendo alianzas que promuevan la democracia, la libertad, la seguridad regional y el desarrollo de ambos pueblos.
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Subsidio al transporte está al día, pero siguen las evaluaciones tarifarias
El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, afirmó que el pago del subsidio al transporte público está al día, tras reunirse con representantes de las empresas agremiadas a Cetrapam. Durante el encuentro se analizaron los reclamos del sector y los procedimientos vinculados a la compensación económica y la actualización tarifaria.
Fernández explicó que las compensaciones responden a las diferencias entre los montos abonados y los valores establecidos mediante la tarifa técnica. Señaló que estos procesos requieren de evaluaciones técnicas y administrativas, que pueden incidir en el flujo de caja de las empresas transportistas.
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Entre los avances figura la resolución N.º 1542/2026, que establece las tarifas técnicas correspondientes al período de noviembre de 2025 a mayo de 2026 y fija la tarifa promedio en G. 4.910 para el servicio convencional y G. 6.140 para el diferencial.
La disposición también determina los montos del subsidio en G. 2.610 para el servicio convencional y G. 2.740 para el diferencial, mientras que el precio que abonan los pasajeros se mantiene en G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, sin cambios en la tarifa al usuario.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, continúa trabajando en la revisión de los mecanismos tarifarios y de compensación, con el objetivo de ordenar los procedimientos, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la sostenibilidad económica del sistema de transporte público.
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Ruta PY17 avanza en cuatro lotes y apunta a mejorar la conectividad fronteriza
La construcción de la ruta PY17 “Niños Mártires de Acosta Ñu” continúa en sus cuatro lotes, con una extensión aproximada de 221 kilómetros y el objetivo de mejorar la conectividad de unos 150.000 habitantes de la frontera con Brasil.
La obra busca facilitar el traslado de la producción y fortalecer las actividades económicas de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Los avances fueron verificados durante una misión de supervisión del Banco de Desarrollo FONPLATA, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La inspección abarcó los frentes de trabajo, las gestiones catastrales y ambientales, además de la disponibilidad de materiales para continuar con la ejecución.
El trazado comprende los distritos de Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã, Capitán Bado, Itanará e Ypejhú, siguiendo gran parte de la línea fronteriza con Brasil. La infraestructura forma parte de la ruta nacional PY17, que conecta Pedro Juan Caballero con Salto del Guairá, y apunta a mejorar las condiciones de circulación en una zona de importante actividad productiva.
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Durante el recorrido, la comitiva también inspeccionó las canteras que proveen los agregados para la obra y verificó el estado de los trámites catastrales correspondientes a los cuatro lotes.
En el componente ambiental, se constató la obtención de las licencias necesarias ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Asimismo, se evaluó la incorporación de equipos y tecnología para los laboratorios de control de calidad, con el fin de fortalecer los ensayos técnicos y verificar que los materiales y procesos constructivos cumplan con las exigencias establecidas.
Actualmente, los trabajos incluyen movimiento de suelos, desbroce, limpieza, conformación de terraplenes, instalación de alcantarillas y construcción de alambrados, entre otras intervenciones complementarias.
El proyecto se financia mediante el contrato de préstamo PAR-27/2019 de Fonplata, aprobado por la Ley N.º 7119/23, y busca fortalecer la infraestructura de transporte y la integración de las comunidades de la frontera paraguayo-brasileña.
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La decisión que transformó una frontera disputada en una zona de paz
- Embajador Carlos José Fleitas
- Fotos: Gentileza
A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.
Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.
DE LA TREGUA AL ARBITRAJE
El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.
Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.
Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).
ACUERDO RESERVADO
Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.
Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.
El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.
El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).
Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.
El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.
CONTROVERSIA
El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.
BASE JURÍDICA
El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.
A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.
El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.
Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).
EL FALLO
Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.
Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.
La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.
El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.
DELIMITAR VS. DEMARCAR
El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.
El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.
La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.
LEGADO
El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.
Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.
El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.
Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.
El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.