La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) recientemente concluyó una investigación sobre el paisaje lingüístico en las ciudades fronterizas con el Brasil: Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá. El estudio arrojó la presencia de una treintena de idiomas y el uso hegemónico del inglés, portugués y el español tanto en la cartelería como en los avisos publicitarios de los centros comerciales de las ciudades mencionadas.

• Por Biera Yboty Cubilla Zadovsky
• Secretaría de Políticas Lingüísticas
• Fotos: Gentileza

Desde la Secretaría de Políticas Lingüís­ticas (SPL), en su década y media de existencia oficial en el país, nos hemos preocupado y ocupado siem­pre por las distintas lenguas existentes en el país, sus usos, sus limitaciones, los derechos de sus hablantes, así como por el estudio, la documentación, promoción y conservación de nuestro rico acervo lingüísti­co-cultural.

En ese sentido, y atendiendo a que uno de sus ejes misiona­les consiste en la producción de estudios científicos sobre los distintos aspectos de nuestra diversidad lingüística, desde la Dirección General de Inves­tigación Lingüística de la SPL hemos propuesto llevar a cabo la investigación “Impacto de la frontera en el paisaje lingüís­tico entre Paraguay y Brasil en 2024: un enfoque sociolin­güístico”.

Con este estudio buscamos identificar específicamente qué idiomas están presentes en el espacio público, cómo se dis­tribuyen según el rubro comer­cial, y examinar las similitudes y diferencias entre las ciudades estudiadas, considerando las dinámicas derivadas de la inte­racción en la frontera.

Tras una revisión bibliográ­fica extensa y una planifica­ción que cualquier estudio científico exige, el siguiente paso fue organizar la logística de los viajes para las muestras fotográficas. En este trabajo en particular no se consideró incluir entrevistas a involu­crados en las nominaciones de las cartelerías comerciales para entender mejor el por­qué, sino más bien el qué y el para qué, usando como fuente una bibliografía consolidada en las políticas lingüísticas y en investigaciones sociolin­güísticas.

Habiendo dicho esto, el calen­dario consistió en cuatro via­jes durante el segundo semes­tre de 2024: dos a Ciudad del Este (Alto Paraná); uno a Sal­tos del Guairá (Canindeyú) y uno a Pedro Juan Caballero (Amambay).

Posterior a los registros foto­gráficos in situ, la siguiente tarea consistió en la depura­ción de la totalidad de las tomas hasta quedarnos con las 1.200 muestras incluidas en el análi­sis –distribuidas en 22 rubros comerciales– en las cuales nos hemos topado con un total de 27 idiomas distintos; entre los que se encuentran el inglés, español, portugués, guaraní, francés, italiano, árabe, chino, latín, japonés, griego, catalán, coreano, hebreo, etc.

Contrario a lo que uno pen­saría, el portugués no es la lengua dominante en las ciu­dades estudiadas, el inglés se impone con su supremacía de prestigio en todas, por lo general en el ámbito de la elec­trónica y la tecnología, mien­tras que el portugués com­parte asiento con el español en los rubros de comercios, moda y gastronomía.

El idioma guaraní aparece en ínfimos grados en cada una de las ciudades estudia­das; sin embargo, en Pedro Juan Caballero se ve alta­mente superada la cifra con respecto a las demás ciuda­des con casi el doble de apariciones. El aparente motivo es una ordenanza municipal de hace treinta años, pero vigente, que pasó a estable­cer límites del uso de len­guas exógenas en la cartele­ría comercial fronteriza en lugar de las lenguas oficiales, so pena de multas, suspen­siones y hasta cierres de los negocios. Suena algo drástico, pero a su manera aparente­mente generó el efecto.

Los resultados del presente estudio sobre el paisaje lin­güístico en las ciudades fron­terizas con el Brasil ya fueron publicados en una primera instancia en la página web de la SPL (www.spl.gov.py). Se prevé, asimismo, la impre­sión en formato libro y, mien­tras tanto, hace unos días se presentaron además en dos espacios académicos: en el Instituto Superior de Len­guas de la Facultad de Filoso­fía de la Universidad Nacional de Asunción y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Un trabajo de semejante alcance no puede ser archi­vado en un polvoriento arma­rio, por lo que se prevé como próximos pasos más ponen­cias en diversas ciudades del Paraguay, principalmente en las ciudades protagonistas del estudio, como ya se realizó en Ciudad del Este. Al mismo tiempo, se proyecta llevar los resultados del estudio a con­gresos académicos nacionales e internacionales y la publica­ción como artículos científicos en revistas indexadas.

Al mismo tiempo, los resulta­dos de esta investigación ser­virán a la Secretaría de Políti­cas Lingüísticas como bases referenciales para la toma de decisiones en la planificación lingüística, apuntando siem­pre a la protección y promo­ción de nuestra rica diversi­dad lingüística y cultural.

El equipo investigador estuvo integrado por Arnaldo Casco Villalba, dirección general; Biera Yboty Cubilla Zado­vsky, elaboración técnica; Abelardo Ayala Rodríguez y Christian R. Ojeda, apoyos técnicos, todos de la Direc­ción General de Investiga­ción Lingüística de la SPL, y Martin Johansen, como cola­borador externo.

• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

La Asociación de Transportistas de Líneas Internas del Paraguay emitió un comunicado anunciando que ajustarán el precio del pasaje en todas sus empresas asociadas del departamento Central y del país ante la suba de precio del combustible.

La tarifa actual del pasaje es de G. 2.800 y el aumento será de G. 700, fijando el nuevo valor en G. 3.500. La medida responde a la suba del combustible y argumentan que trabajan a pérdida y que la situación se ha vuelto insostenible.

Los transportistas afirman que la suba del combustible hace imposible mantener el precio actual y amenazan que dejarán de operar si es que los respectivos municipios no aprueban el aumento solicitado.

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Señalan que recurrirían a un paro de actividades debido a que no reciben apoyo estatal y a la competencia supuestamente desleal atendiendo que ellos no reciben el subsidio como los demás sectores del transporte público.

“La suba repentina del precio del gasoil impacta en nuestra operativa, y el Gobierno tan siquiera nos ha concedido un precio diferenciado en el gasoil”, manifestó en conferencia de prensa el asesor jurídico de la nucleación, César Martínez Téllez.

Por lo tanto, se ven obligados a aplicar el reajuste, indicó. “No imponemos, pero nos vemos forzados a comunicar a la ciudadanía de este reajuste porque ha subido el costo del pasaje en Dinatran, los fletes han subido, incluso las plataformas de transporte han aumentado en más del 30 % su tarifa”, subrayó.

Por su parte, Pastor Cristaldo, representante de los choferes, mencionó que cuando recurren a las autoridades municipales, los concejales e intendentes están más preocupados por su campaña proselitista. Ante esta situación, piden el apoyo de los pasajeros.

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César Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAM, afirmó este viernes que el servicio del transporte público podría suspenderse desde mañana debido a la falta de pago del subsidio correspondiente a febrero.

Argumentó que solo cuentan con combustible hasta hoy. Si no se realiza la transferencia pendiente, no podrán seguir operando, expresó en entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y radio Universo 970 AM/Nación Media.

“Nuestro combustible se acaba hoy, el stock que tenemos en los tanques se acaba hoy”, aseveró.

El transportista mencionó que el Gobierno ofreció pagar 3,6 millones de dólares como compensación, pero que esta cifra no corresponde y fue rechazada previamente tanto por el Consejo Asesor de Tarifas como por el Ministerio de Economía.

“No vamos a aceptar un pago que no fue aprobado; la salida es pagar el subsidio de febrero, que ya tiene un proceso aprobado”, precisó.

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El monto total del subsidio pendiente oscila entre 3,9 y 4 millones de dólares. Además, cuestionó la demora en el pago. “La ministra dijo que los subsidios se pagarán en abril; si eso no es atraso, ya no sé qué lo es”, acotó.

Sobre la compensación que propone el Gobierno, dijo que debe aplicarse sobre el análisis completo de las tarifas de todo 2025, y que limitarlo de enero a octubre constituye una irregularidad.

No obstante, están abiertos al diálogo, aclaró. En ese sentido, anunció que cualquier discusión sobre compensaciones se retomará después de Semana Santa, cuando se reúnan para establecer criterios claros de pago.

Por otro lado, manifestó que la medida de no operar mañana no se trata de un paro ni de huelga, sino de por falta de recursos. “No tenemos el dinero para pagar el combustible y sin combustible es imposible sacar los buses”, remarcó.

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