El Consejo de Administración del ente previsional sugirió aumentar de 50% a 75% el equivalente al salario mínimo legal, es decir a G. 1.700.000, el monto de la compensación económica. Foto: Archivo.
Tercer pago de subsidio de IPS pende de la firma de decreto presidencial
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Desde hace varias semanas obran en poder del Ejecutivo todas las documentaciones remitidas por las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en las que se informa sobre el importante remanente existente de los US$ 100 millones destinados al pago de la compensación económica a trabajadores con cesación laboral en el marco de la Ley de Emergencia. Asimismo, se sugiere que el monto del subsidio sea elevado al equivalente al 75% del salario mínimo vigente, es decir G. 1.700.000.
Sin embargo, el desembolso del dinero está sujeto a la firma de un decreto, que debe autorizar si el monto se mantendrá en G. 1.096.000 o se otorgará el aumento. A casi diez días del mes de julio, los trabajadores cesados siguen sin poder acceder a este beneficio que representa un sustituto temporal del salario.
“El trabajador con contrato suspendido es el que puede acceder al subsidio. Hasta la fecha ya cobraron un primer y segundo pago, equivalentes al 50% de un salario mínimo o G. 1.096.000. En total fueron beneficiadas 150.000 personas aproximadamente”, recordó el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, a medios estatales.
El Consejo de Administración propuso elevar el monto de la ayuda económica, e inclusive que el pago sea con efecto retroactivo, para que los trabajadores que siguen afectados por la cesación contractual por causa de la pandemia del COVID-19 puedan recibir esta compensación económica. Se incluye a los que perciben más de dos salarios mínimos.
Según datos suministrados por las autoridades de la entidad previsional, la ejecución de los US$ 100 millones alcanzó 25% hasta el momento y tras el tercer pago se llegaría a gastar US$ 47 millones, por lo que seguiría sobrando una importante suma de dinero.
Con la aprobación del pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará adelante el trabajo de fiscalización que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exministro y doctor en ciencias contables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la libertad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una respuesta de si acepta. El expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empresas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que analizará previamente para dar una respuesta.
“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisiones me tomó muy de sorpresa. Siempre que sea técnico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insinuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.
El nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, prometió regularizar la provisión de insumos y medicamentos a los pacientes. Foto: Archivo
Al asumir el cargo, el nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Derlis León, anunció que priorizará la provisión oportuna de medicamentos a los asegurados, apelando también al apoyo del Ministerio de Salud Pública, en el caso de los fármacos de uso oncológico.
“Entiendo que esta experiencia en el Ministerio de Salud nos va a ayudar a complementar nuestros servicios. Y sí, el acceso oportuno a los medicamentos e insumos va a ser el eje de nuestra gestión”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El médico dijo que se trabajará de manera conjunta con la Gerencia Logística, a fin de asegurar un manejo eficiente de los recursos disponibles en el ente previsional.
El desabastecimiento de medicamentos oncológicos es una constante en el IPS, aunque desde la nueva administración se buscará rever la situación.
“Es una situación de patologías oncológicas, catastróficas que requiere gran parte de nuestro presupuesto. Y ahí hablamos de complementación y de un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. De hecho que nuestra gestión aquí va a ser de comunicación permanente con todos”, garantizó.
El doctor León comentó que ya ocupó el cargo de director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud.
“Los últimos doce años en la gestión pública me tocó pasar por varios estamentos en el Ministerio de Salud. Desde la Dirección de Hospitales, también la Dirección de Insumos Estratégicos y de Redes de Servicios. Soy funcionario de IPS desde hace 21 años, pero trabajando en el área de gerencia comisionado al Ministerio de Salud y conocemos la institución”, sostuvo.
El nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, prometió regularizar la provisión de insumos y medicamentos a los pacientes. Foto: Archivo
Prometen priorizar suministro de fármacos a asegurados del IPS
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Al asumir el cargo, el nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Derlis León, anunció que priorizará la provisión oportuna de medicamentos a los asegurados, apelando también al apoyo del Ministerio de Salud Pública, en el caso de los fármacos de uso oncológico.
“Entiendo que esta experiencia en el Ministerio de Salud nos va a ayudar a complementar nuestros servicios. Y sí, el acceso oportuno a los medicamentos e insumos va a ser el eje de nuestra gestión”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El médico dijo que se trabajará de manera conjunta con la Gerencia Logística, a fin de asegurar un manejo eficiente de los recursos disponibles en el ente previsional.
El desabastecimiento de medicamentos oncológicos es una constante en el IPS, aunque desde la nueva administración se buscará rever la situación. “Es una situación de patologías oncológicas, catastróficas que requiere gran parte de nuestro presupuesto. Y ahí hablamos de complementación y de un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. De hecho que nuestra gestión aquí va a ser de comunicación permanente con todos”, garantizó.
El doctor León comentó que ya ocupó el cargo de Director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. “Los últimos doce años en la gestión pública me tocó pasar por varios estamentos en el Ministerio de Salud. Desde la Dirección de Hospitales, también la Dirección de Insumos Estratégicos y de Redes de Servicios. Soy funcionario de IPS desde hace 21 años, pero trabajando en el área de gerencia comisionado al Ministerio de Salud y conocemos la institución”, sostuvo.
Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.