En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó el “Protocolo de Actuación para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Puestos de Control Migratorio de la República del Paraguay”.

Es un mecanismo que permitirá actualizar y servirá para detectar casos de trata de personas en controles fronterizos de nuestro país.

Con esta herramienta, Paraguay busca fortalecer su capacidad institucional y la coordinación con los organismos especializados, contribuyendo desde la gestión migratoria a la prevención, detección temprana y protección de posibles víctimas de trata de personas en los puntos de ingreso, salida y tránsito del país.

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Este documento, actualizado mediante la Resolución DNM n.° 599/2026, establece los procedimientos que deben seguir los funcionarios migratorios ante la identificación de indicios de posibles casos de trata de personas.

Asimismo, define las primeras medidas de intervención para garantizar la protección y asistencia inicial de las presuntas víctimas.

Así también, el protocolo es vinculante con todos los puestos de control migratorio habilitados en el país, pasos fronterizos terrestres y puertos fluviales, orientado donde los funcionarios deberán actuar con “respeto a los derechos humanos, la dignidad, la confidencialidad, la no discriminación y la protección de niños, niñas y adolescentes, evitando la revictimización”.

Durante el control migratorio, los inspectores deberán prestar especial atención a comportamientos o situaciones que puedan representar un riesgo y ante indicios de trata de personas, deberán realizar una valoración inicial y activar los mecanismos correspondientes para una intervención especializada.

El funcionario deberá dejar constancia de los hechos mediante el Acta de Actuación Migratoria ante Posible Situación de Trata de Personas, un documento oficial y confidencial que registra lo ocurrido, las medidas adoptadas y las comunicaciones realizadas a las autoridades competentes.

Asimismo, tendría que ser comunicado al Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional y a la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público.

En los casos que involucren a personas menores de dieciocho años, la comunicación será a través del Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de la Defensa Pública.

La resolución encarga a la Dirección General de Movimiento Migratorio y a la Dirección General de Asuntos Internacionales implementar el protocolo y gestionar los antecedentes de los casos detectados.

Cabe señalar que, la aprobación del protocolo se ajusta a la normativa nacional vigente, como la Ley n.° 4788/2012 Integral contra la Trata de Personas, la Ley n.° 2396/2004, la Ley n.° 6984/2022 de Migraciones y el Decreto n.° 4483/2015 de Política Migratoria Nacional, así como a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay, entre ellos la Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del Mercosur y Estados Asociados.

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Sigue la campaña de vacunación contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial.

• HOY.COM.PY

El Ministerio de Salud informó que ya fue­ron administradas 1.219.204 dosis dentro de la Campaña Invierno 2026, que busca reforzar la protección de la población contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial. Las vacu­nas están disponibles de forma gratuita en vacunatorios habi­litados de todo el país.

A través del Programa Ampliado de Inmunizacio­nes (PAI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recuerda que la campaña continúa vigente e insta a la ciudadanía a com­pletar los esquemas de vacuna­ción, especialmente los grupos con mayor riesgo de desarro­llar complicaciones por enfer­medades respiratorias.

Del total de dosis aplicadas, la mayor cantidad corres­ponde a la vacuna contra la influenza, con 1.138.305 apli­caciones registradas.

En el marco de la campaña también se aplicaron 50.564 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que brinda protección inmediata contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal cau­sante de bronquiolitis y neu­monía en lactantes. Aunque no es una vacuna, representa una estrategia para proteger a los bebés durante su primer invierno.

Asimismo, se administra­ron 26.272 dosis contra el neumococo, una vacuna que previene enfermedades como neumonía bacteriana, menin­gitis e infecciones invasivas graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades de base.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, fueron aplicadas 4.063 dosis de Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna monovalente de ARN mensajero actualizada, orientada principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar formas gra­ves de la enfermedad, como adultos mayores, embara­zadas, personal de salud y pacientes con enfermeda­des crónicas.

Las personas interesadas pueden consultar los vacu­natorios habilitados en todo el país a través de www.vacunate.gov.py. Las vacu­nas incluidas en la Campaña Invierno 2026 son gratuitas.

La comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador Patrick Kemper, recibió al director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez, a fin de analizar las acciones impulsadas para fortalecer la seguridad informática en las instituciones públicas.

Durante el encuentro, los miembros del ente asesor abordaron la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan Nacional de Ciberseguridad, implementados por el Mitic tras los recientes ciberataques registrados en organismos del Estado. En ese contexto, el director general expuso las principales medidas adoptadas para reforzar la protección de la información y de la infraestructura tecnológica del sector público.

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Al término de la reunión, el presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, señaló que el encuentro permitió conocer el alcance de los incidentes de ciberseguridad que afectaron a organismos estatales. Indicó que, de acuerdo con lo informado por el director Pedro Martínez, alrededor de cinco instituciones públicas fueron alcanzadas por ataques informáticos presuntamente perpetrados por grupos vinculados a “Chiquinap”.

Asimismo, explicó que el Mitic viene implementando diversas acciones para prevenir nuevos incidentes, entre ellas programas de capacitación, el fortalecimiento de los mecanismos de protección informática y la cooperación internacional con la República de China (Taiwán) y el Gobierno de los Estados Unidos.

El legislador agregó que la comisión solicitó al Mitic un informe detallado sobre los incidentes registrados, con el propósito de conocer el alcance de la vulneración, identificar la información comprometida y contar con datos precisos que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

Kemper informó que la comisión volverá a convocar a representantes del Mitic en el mes de diciembre para evaluar los avances en la implementación de las medidas anunciadas.

Finalmente, señaló que, según lo expuesto por las autoridades del ministerio, muchos de los incidentes de ciberseguridad se originan por errores humanos, como el acceso de funcionarios a enlaces maliciosos, o por la falta de actualización de sistemas y servidores institucionales. Destacó la importancia de fortalecer las capacitaciones y promover una cultura de prevención en materia de seguridad informática.

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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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