El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El mercado laboral no solo registra un crecimiento en la cantidad de ocupados, sino también un avance en la formalización, con 100.000 trabajadores formalizados en dos años, según destacó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. También señaló como impulsor al empleo asalariado.

La titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) explicó al programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que, según la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del Instituto Nacional de Estadística (INE), se logró 124.000 nuevos ocupados en un año y la tasa de desocupación cayó al 4,9 %.

Igualmente, sobre esta cifra, Recalde resaltó la transición hacia la formalidad, con 40.000 de los nuevos empleos ya registrados en el sector formal. En suma, se logró que en los últimos dos años unos 100.000 trabajadores pasaran a la formalidad, con sus beneficios y mejores condiciones.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) en la madrugada de este domingo puso en servicio un nuevo transformador de potencia de 50 MVA 66/23 kV en la Subestación Horqueta, en reemplazo de uno de 30 MVA, lo que representa el aumento de la capacidad de la subestación en 20 MVA.

Esta mejora obedece en gran medida al crecimiento de la demanda energética en las ciudades de Horqueta, Tacuatí, Paso Barreto y comunidades aledañas, logrando así un servicio estable y de calidad, aminorando la posibilidad de cortes o sobrecargas que afecten la provisión de este servicio a la ciudadanía.

El nuevo equipo opera en conjunto con un banco de transformadores de 120 MVA 220/66 kV, alcanzando de esta manera una potencia instalada total de 170 MVA en la subestación. Como parte del procedimiento, los funcionarios de la Gerencia Técnica, con el apoyo de la Dirección de Gestión Regional y la Dirección de Distribución, procedieron al montaje del transformador de 50 MVA y al retiro del equipo de 30 MVA.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).

Este incremento, según precisó el titular del MEF, está distribuido entre la administración central y entes descentralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Administración Nacional de Electricidad (Ande), gobernaciones y otros organismos.

Honor Colorado se inscribió este lunes ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, con miras a las Elecciones Municipales de 2026. Los apoderados generales Eduardo González, Magnolia Mendoza, Julio Mallorquín y Wildo Almirón realizaron la inscripción en representación del movimiento oficialista.

“Venimos a acompañar este proceso preelectoral, esas fueron las instrucciones que recibimos del líder del movimiento, Horacio Cartes, y también del presidente de la República, Santiago Peña. En ese sentido, venimos a presentarnos, tal como lo establece el cronograma electoral a acompañar todo este proceso preelectoral, confiando plenamente en la gestión de este Tribunal”, refirió el abogado Eduardo González.

El jefe de Gabinete de la ANR destacó el trabajo que realizó el tribunal partidario en otras elecciones, y expresó la confianza de que estas municipales tengan el mismo éxito. “Sabemos que hacen un gran trabajo en el Tribunal Electoral Partidario. Esperemos que esto nuevamente sea error cero, tanto para el movimiento Honor Colorado como para la gestión de este tribunal electoral”, refirió.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que efectivamente existen privilegios en la penitenciaría Padre de la Vega, conocida actualmente como Emboscada Antigua, donde se comprobó que hay celdas VIP.

Los beneficiarios de estos tratos preferenciales serían los presos vinculados al caso A Ultranza, y el servicio cinco estrellas tendría un costo de 15 mil dólares cada celda VIP. Se descubrió tras una visita al reclusorio por parte de jueces de ejecución.

“Se dispusieron las medidas a partir del día de hoy: verificación, inspección, etc. No leí el informe, pero lo que nos señalan es la existencia de celdas con una serie de privilegios que estarían de manera irregular”, señaló Maciel a la 1020 AM.

El sábado 23 de agosto, la bancada de Yo Creo presentó a la edil liberal María Portillo para ocupar la intendencia interina, en una conferencia de prensa que contó con la presencia de Prieto. El presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Sebastián Martínez, acusó al economista e interventor Ramón Ramírez de haber dejado supuestamente una “calamidad en las finanzas de la municipalidad”, antes de anunciar el nuevo endeudamiento.

“El equipo financiero va a trabajar, ya estamos en contacto. Nosotros le dimos el compromiso a nuestra colega María Portillo, desde el lunes las gestiones para un préstamo que nos obliga esta situación en la que nos metieron a endeudarle a las arcas municipales en el corto plazo, porque esto se va a saldar en el corto plazo”, comentó Martínez. Seguido, Portillo se alineó: “Va a ser justo y necesario un préstamo”.

La hermana del exdiputado Carlos Portillo estará interinando la administración municipal desde este lunes 25 de agosto hasta que asuma el candidato electo para completar el mandato, en los comicios previstos el domingo 9 de noviembre, cuyas internas serán el domingo 5 de octubre. En tanto, las elecciones municipales ordinarias están confirmadas para el domingo 4 de octubre de 2026, con internas programas el domingo 7 de junio de 2026.

El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.

“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media. Señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor Carlos Pereira cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.

“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.

Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.

Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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