Este fin de semana, los controles implementados desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) abarcaron comercios del interior del país. Es así que los fiscalizadores verificaron el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno, en el marco de la prevención de una propagación masiva del COVID-19.
Funcionarios de la regional de Trabajo de Carapeguá recorrieron los locales comerciales y las empresas formales e informales en esta ciudad del departamento de Paraguarí, para controlar la aplicación del protocolo sanitario.
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Otro grupo de funcionarios de la citada institución estatal se trasladó hasta la ciudad de Itá, también para visitar los supermercados de la zona y controlar el cumplimiento de normas y protocolo de seguridad laboral para combatir el avance del nuevo coronavirus.
Créditos para pagos de salarios
Por otro lado, el MTESS dio a conocer oportunidades de créditos a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) para el pago de salarios. Las ofertas están dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Para ello, el ministerio habilitó un servicio de recepción de documentos y consultas para acceder al crédito. Los interesados pueden obtener más información en la página web, o bien llamando a estos dos números telefónicos: (0986) 112-012 o al (0982) 771-129.
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En la Junta, agredieron a contralores ciudadanos por revisión de sobrecosto de Prieto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Funcionarios de la Junta Municipal de Ciudad del Este (prietistas) agredieron a pedradas a dos activistas de la Contraloría Ciudadana, que estaban verificando el sanitario construido en la sede legislativa, ante la supuesta sobrefacturación en el costo. Los contralores ciudadanos agredidos fueron, Agustín Epifanio Soler y el arquitecto Hugo Vázquez.
Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la licenciada Magdalena Montiel, integrante de la mencionada asociación civil. La misma sostuvo que los funcionarios de la Junta se mostraron en todo momento molestos y hostiles con el trabajo de inspección de los contralores.
De acuerdo al reporte de los datos, la inspección se hizo en medio de la hostilidad del personal municipal y cuando se disponía a salir del sitio, fueron agredidos y expulsados del recinto de la Junta, siendo tirados con piedras por parte del grupo de agresores, agregó Montiel. Magdalena Montiel dijo que intentaron golpear a los contralores, pero al no poder, tiraron piedras contra ello
Identificaron como autores a Máximo Ramón Sosa Fernández, secretario privado de la concejal Valeria Romero; Lorenzo Galeano Salinas, auxiliar; Fabio Fernando Mercado, asistente y; Rosarina Acosta Brítez, secretaria del presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez.
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La misma mencionó que, “es absurdo el monto de 160 millones de guaraníes en la reparación del sanitario de la Junta Municipal” y es por eso que, los miembros de la Contraloría Ciudadana fueron hoy a verificar el sanitario, “con el derecho que tiene cualquier ciudadano de hacerlo, sin tener que pedir permiso para eso”.
Dijo que, debido a los incidentes y a la agresión de los contralores, todavía no tienen el análisis de los datos recabados en el sitio, sobre la supuesta sobrefacturación. Montiel indicó que, luego de la revisión en el hospital, los agredidos estuvieron por el Ministerio Público para reportar lo sucedido.
Cabe recordar que la Contraloría Ciudadana ya presentó ante el Ministerio Público 11 denuncias por supuestos hechos de corrupción en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, quien está apartado del cargo, por la intervención en curso.
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Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
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Congreso y Ministerio del Trabajo afinan estrategias para proteger ingresos de la clase media
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, recibió a la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, quien valoró que la Cámara Alta haya aprobado el proyecto de ley que establece límites a descuentos salariales a funcionarios públicos y adelantó que se presentará una propuesta similar a favor de trabajadores del sector privado.
“En ese sentido se ha hecho la media sanción de este proyecto que beneficia a funcionarios públicos, donde se van a establecer límites para los descuentos, no obstante, conversamos que eso sería muy apropiado también implementar para el sector privado”, expresó la ministra Recalde.
La secretaria de Estado dio a conocer que en esta conversación con el titular del Congreso, abordaron la problemática que viven los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que están sujetos a descuentos judiciales, de créditos o descuentos de asociaciones mutuales, lo cual genera que cobren un salario muy bajo, desencadenando en un problema social.
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La ministra manifestó que los elevados porcentajes de descuento, llevan a que las personas prefieran la informalidad antes que ser parte del sector formal, estando fuera del Instituto de Previsión Social (IPS), invisibilizados para casos de embargos y control, pero desprotegidos del sistema y excluidos de planes como el financiamiento para el acceso a viviendas.
“Hoy eso es una barrera que tienen los trabajadores porque no pueden comprobar sus ingresos, y en ese sentido, reducir también para el sector privado los porcentajes a los cuales sus salarios o ingresos puedan ser embargados es un tema que nos preocupa porque la clase media necesita ser protegida en sus ingresos”, aseveró la ministra.
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Trump retira a EE. UU. de las reformas de OMS para combatir pandemias
El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.
En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.
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“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.
Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.
Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.
En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.
- Fuente: AFP
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