En mayo de 2026, se registró el nivel más alto en cantidad de trabajadores asalariados del sector privado registrados en el régimen general del Instituto de Previsión Social (IPS), que llegó a 842.023. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, destacó el número que se está dando a casi tres años del inicio de este gobierno.

“Histórico. El empleo formal en nuestro país alcanza un récord con 842.023 cotizantes en IPS. Un logro que demuestra la solidez de nuestra economía y el gran esfuerzo del sector privado en alianza con el Gobierno del Paraguay”, expuso Alliana a través de sus redes sociales.

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El vicepresidente sostuvo que el crecimiento económico también viene de la mano con la generación de empleo en el país, con inversiones e instalaciones de industrias, un atractivo que Paraguay está experimentando en la actualidad.

“Cuando nuestra macroeconomía crece con pronósticos aún más auspiciosos, las empresas tienen la previsibilidad necesaria para proyectar contrataciones a largo plazo en lugar de recurrir al empleo informal o temporal. Confianza”, manifestó el segundo del Ejecutivo.

De acuerdo con los datos publicados, son 842.023 trabajadores cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS) a mayo del 2026. En lo que respecta al crecimiento acumulado, más de 134.385 nuevos empleados formales acumulados entre junio del 2023 y mayo del 2026, y se registra una variación interanual más de 48.809 incorporaciones entre mayo del 2025 y mayo del 2026, más del 6,2 % de crecimiento interanual, por encima de la meta del 6 % de la Estrategia de Formalización del Empleo.

Esta semana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó con estos resultados que el empleo formal en Paraguay continúa mostrando señales de crecimiento sostenido. Según un informe elaborado por el Observatorio Laboral del MTESS, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Social y con datos del IPS, entre julio de 2023 y mayo de 2026 la cantidad de cotizantes del régimen general pasó de 707.638 a 842.023 trabajadores.

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Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.

Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.

Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.

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Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.

Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó en Bruselas los resultados alcanzados a través del proyecto “Transición de empresas paraguayas hacia una producción sostenible y baja en carbono”, una iniciativa que permitió impulsar herramientas de gestión ambiental, medición de huella de carbono y planes de mitigación en el sector productivo nacional.

Los avances fueron expuestos durante el encuentro internacional de partenariados del programa AL-INVEST Verde, que reunió a representantes de 66 proyectos implementados en distintas regiones del mundo para intercambiar experiencias sobre sostenibilidad y competitividad empresarial.

Entre los principales resultados alcanzados en Paraguay se destaca la medición de la huella de carbono en 150 organizaciones, la implementación de 75 planes de mitigación ambiental y la formación de 127 gestores ambientales especializados.

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Además, unas 150 empresas recibieron el Sello Verde Paraguay por incorporar prácticas responsables en su gestión productiva.

La iniciativa fue desarrollada por la UIP junto con la Cámara de Comercio de Valencia, con el objetivo de acompañar a las empresas paraguayas en la transición hacia modelos de producción más sostenibles y alineados con las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

Otro de los logros destacados fue la sensibilización de más de 850 empresas sobre la importancia de la sostenibilidad y la creación de la Unidad de Gestión Ambiental de la UIP, una estructura que continuará brindando asistencia y herramientas a las compañías interesadas en mejorar su desempeño ambiental.

“La sostenibilidad se ha convertido en un factor cada vez más relevante para la competitividad empresarial, especialmente en mercados como la Unión Europea, donde las exigencias vinculadas a trazabilidad, emisiones y gestión ambiental adquieren mayor peso en las decisiones comerciales y de inversión”, dice la UIP.

Durante la misión en Bélgica, representantes de la UIP y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) compartieron la experiencia paraguaya con organizaciones empresariales y organismos de cooperación de diferentes continentes, además de explorar oportunidades para futuras alianzas e intercambios de conocimiento.

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