El mercado laboral no solo registra un creci­miento en la cantidad de ocupados, sino también un avance en la formalización, con 100.000 trabajadores formalizados en dos años, según destacó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. También señaló como impul­sor al empleo asalariado.

La titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (Mtess) explicó al programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que, según la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del Ins­tituto Nacional de Estadís­tica (INE), se logró 124.000 nuevos ocupados en un año y la tasa de desocupación cayó al 4,9 %.

Igualmente, sobre esta cifra, Recalde resaltó la transi­ción hacia la formalidad, con 40.000 de los nuevos empleos ya registrados en el sector formal. En suma, se logró que en los últimos dos años unos 100.000 trabajado­res pasaran a la formalidad, con sus beneficios y mejores condiciones.

“En esta oportunidad, 40.000 personas pasaron a la formalidad de acuerdo a la encuesta. Pero, así como nosotros veníamos publicando en dos años de gobierno, nosotros ya hemos formalizado 100.000 perso­nas de acuerdo a los regis­tros administrativos del IPS”, destacó.

La ministra de Trabajo hizo énfasis en el empleo asala­riado, al que consideró como el principal impulsor del cre­cimiento de la ocupación, con más de 104.000 nuevos tra­bajadores con respecto al mismo periodo del año 2024.

“Un trabajador que entra a trabajar en una empresa no es que está haciendo una changa, sino que existe un patrón que creó una nueva vacancia y que absorbió a ese trabajador dentro de su empresa. Por eso, para noso­tros es muy importante el índice o la tasa de asalariza­ción que estamos teniendo”, destacó. Asimismo, detalló que sectores como comercio, restaurantes y hoteles lide­raron la creación de puestos de trabajo, seguidos por la industria manufacturera y los servicios financieros.

No obstante, reconoció que la construcción mostró una leve retracción, que se espera revertir en los próximos meses con la puesta en mar­cha de nuevas obras públi­cas.

“Eso no significa que no haya empleo en el sector de la construcción, sino que ha cre­cido menos en términos inte­ranuales. Si comparamos con el periodo anterior, considera­mos que con todas las reacti­vaciones que va a haber a nivel nacional, con los programas y las construcciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas, esto va a poder repuntar en el próximo trimestre”, dijo.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

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A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.

Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), destacó que el empleo formal sigue siendo un desafío en el país. Refiriéndose a los datos que se enmarcan dentro de estos dos años de gobierno se puede señalar que en puridad hay 2.911.000 personas que están realizando algún tipo de actividad económica.

Durante una entrevista en los estudios de canal GEN/970AM Nación/Media, durante el programa “Así son las Cosas”, señaló que el INE lo que mide es el mercado laboral siguiendo las metodologías del Consejo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mencionó que la informalidad ronda un poco más del 62 %, cerca de 1.540.000 personas las que son informales no agropecuarios y los formales son 892.000. “Dimos un crecimiento interesante en la formalización de los trabajos, obviamente hay brechas desafiantes todavía, pero se está trabajando al respecto”, enfatizó.

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Otros datos relevantes que señaló Ojeda es que actualmente en el Paraguay existen 2.911.000 personas que están con alguna ocupación, en al menos los últimos 7 días anteriores a la fecha que se realizó la encuesta.

“Podemos hablar de los que son asalariados, podemos hablar del camino que está recorriendo el Paraguay hacia el trabajo decente también, el camino que está haciendo para la reducción de la informalidad; la cual esta última, tiene rostros muy mayores o muy menor”, precisó.

Explicando, que los muy jóvenes que son pasantes, aprendices que muchas veces están en el trabajo precario, mientras que los adultos mayores que buscan seguir activos mencionando que el 5% son personas que tienen 80 y más años de edad.

Igualmente, señaló que existe un grupo de subocupados de 96.000 personas aproximadamente, que al menos trabajaron menos de 30 horas de su actividad principal y tienen tiempo para seguir buscando trabajo. Indicó que, de este grupo, la mayoría son mujeres, cerca de 61.000 personas encuestadas fueron mujeres.

La tasa de desocupación en el primer trimestre del 2025 estuvo en torno al 5,6 %, lo que implica que 171.000 personas están desocupadas, en la que resaltó que la mayoría son mujeres. Lo que respecta a los varones está en torno a 79.000 desocupados.

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En los sectores económicos resaltó que la mayoría de la población tiene alguna ocupación se mueve en el sector terciario, es decir, todo lo que tenga que ver con comercio, sectores gastronómicos, servicios, en este grupo está 1.930.000 personas aproximadamente.

En el sector secundario todo lo que sea manufacturas, construcción están en torno a las 521.000 personas, y un poco más abajo, el sector primario que son agricultura, ganadería, caza y pesca, cerca de 458.000 personas.

En la categoría ocupacional, que son los asalariados, independientes y trabajadores domésticos, que están en este año 2025 cerca de 1.533.000 personas asalariadas la mayoría del sector privado que está empleando de este grupo 1.240.000 trabajadores y el sector público está en el orden de 290.000 que está en tendencia a la baja.

Indicó que el sector independiente registró 1.167.000 personas y el trabajo doméstico está cerca de 209.000. Explicó que al hablar de informalidad, estas son las personas dependientes que no pagan seguro social, o la persona independiente que no cuenta con RUC.

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