A un millón de personas llegó el fin de semana el segundo pago del programa Pytyvõ. Se prevé abonar en el transcurso de la semana a los beneficiarios que aún no pudieron acceder al subsidio estatal. Así lo informó este lunes el Ministerio de Hacienda.
Aclara que los desembolsos se irán realizando de manera gradual. Así también, menciona que luego se anunciaría otro listado, con lo que se pretende alcanzar aproximadamente a 1.190.000 beneficiarios, ya que se prevé la inclusión gradual al listado de las personas que cobraron la transferencia del programa Ñangareko.
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El ministerio reitera además que está pendiente el desembolso a los beneficiarios del listado oficial que aún no pudieron percibir la ayuda monetaria por contar con la cédula de identidad vencida, lo que los obligó a gestionar un nuevo documento.
Recordemos que el subsidio otorgado por la emergencia sanitaria para trabajadores informales y cuentapropistas contempla dos desembolsos de 548.210 guaraníes. El primer monto que ya fue desembolsado entre abril y mayo, y la segunda tanda de acreditaciones se inició este junio y se tiene previsto concluir este mes.
Para el mencionado programa de subsidios fue destinado un total de US$ 300 millones, de los cuales entre el primer pago y lo que va del segundo ya fueron utilizados aproximadamente US$ 170 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
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Caso Tajy: fijan prohibición a Prieto de salir del país y fianza de G. 500 millones
En el marco de la causa conocida como Tajy, el juez penal de garantías Osmar Legal otorgó al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, libertad ambulatoria e impuso medidas, la prohibición de salir del país y una fianza de G. 500.000.000. El líder del partido YoCreo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían desviados de los fondos municipales.
La audiencia se realizó tras dos años de sistemáticos incidentes o chicanas para impedir la imposición de medidas la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal, acusación presentada por fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
Miguel Prieto y su entorno habrían realizado una compra simulada de alimentos a una firma unipersonal, denominada Tajy, propiedad de un constructor de pozo artesiano, al que el exintendente hizo pasar como proveedor de 50.000 kilos de harina, entre otros productos, en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid-19.
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El caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia que llevaron adelante Prieto y funcionarios cercanos, ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este, por un lado y, por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido, Vanessa Florentín (Vanemi). El supuesto propietario se dedicaba en realidad a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso.
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Caso Atome: la inversión no puede construirse sobre un subsidio
- Jorge Torres Romero
Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.
Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?
El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.
Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.
Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.
Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.
Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.
Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.
Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.
Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.
Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.
Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.
Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores
La discusión sobre el horario oficial del país volvió a instalarse en el Congreso, esta vez con un fuerte componente social. En la Cámara de Diputados se planteó tratar en un plazo de 15 días un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el horario único vigente y restablecer el sistema de dos cambios anuales, con horario de verano e invierno.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores ante una realidad que se hace especialmente visible durante los meses más fríos del año: miles de estudiantes y trabajadores deben iniciar sus actividades antes del amanecer.
Actualmente, durante el invierno el sol aparece cerca de las 7:40. Esto obliga a numerosos niños, adolescentes y trabajadores a trasladarse en plena oscuridad y bajo temperaturas bajas, una situación que, según los impulsores del proyecto, afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o periféricas.
En estos sectores, donde el alumbrado público suele ser escaso y las opciones de transporte son limitadas, el trayecto hacia escuelas, colegios y lugares de trabajo representa un desafío adicional. La preocupación no se limita a la comodidad, sino también a la seguridad de quienes deben recorrer largas distancias a pie o esperar medios de transporte antes de la salida del sol.
La iniciativa propone fijar el horario de verano en UTC-3, adelantando los relojes el primer domingo de octubre, y retornar al horario de invierno UTC-4 el cuarto domingo de marzo.
El debate también llegó al Senado, donde se presentó un proyecto de características similares. Entre los argumentos expuestos se menciona que, independientemente del huso horario adoptado, durante el invierno la duración de la luz solar es inferior a 11 horas, por lo que la discusión se centra en cómo distribuir mejor esas horas de claridad dentro de la rutina diaria de la población.
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También se cuestionan algunas de las medidas alternativas planteadas para enfrentar el problema, como retrasar el ingreso a clases hasta las 8:00. Según sostienen, esa posibilidad resultaría difícil de aplicar en instituciones educativas con doble o triple turno, ya que obligaría a extender las actividades hasta altas horas de la noche.
A ello se suma el impacto que tendría sobre miles de familias cuyos horarios laborales comienzan a las 7:00. Para muchos padres, modificar el horario escolar implicaría reorganizar completamente la logística cotidiana de traslado y cuidado de los hijos.
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Conasam definirá este miércoles propuesta de aumento del salario mínimo
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se prepara para una reunión clave este miércoles, para remitir al Poder Ejecutivo la recomendación oficial sobre el reajuste del salario mínimo que regirá desde el 1 de julio.
“Tenemos previsto ya emitir una recomendación”, señaló a la 1080 AM el presidente de Conasam y director del Trabajo, Jorge Rivas, y destacó que las discusiones continúan entre representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno para alcanzar una posición consensuada.
“Cada uno viene a defender una posición. Estamos dialogando para llegar a una recomendación justa para todos”, afirmó.
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Como ocurre cada año, el reajuste salarial debe definirse durante junio para su entrada en vigencia a partir del primer día de julio. El principal punto de debate gira en torno al mecanismo de cálculo que será considerado para la actualización.
Si se aplica exclusivamente la fórmula vigente basada en la inflación acumulada de los últimos doce meses, estimada en 2,4 %, el salario mínimo tendría un incremento de G. 69.577. De esta manera, pasaría de los actuales G. 2.899.048 a G. 2.968.625.
Sin embargo, las centrales obreras sostienen que ese ajuste resulta insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida y plantean un aumento mucho más significativo. La propuesta sindical apunta a una suba del 20 %, equivalente a G. 647.021 adicionales sobre el salario vigente.
La diferencia entre ambas posiciones marca el principal desafío para la Conasam en las horas previas a la definición. Mientras los trabajadores insisten en una recomposición más amplia del ingreso, el sector empresarial advierte sobre los efectos que un incremento elevado podría tener sobre los costos laborales y la generación de empleo.
Una vez emitida la recomendación, la decisión final quedará en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá analizar la propuesta y oficializar el nuevo monto mediante decreto.