Más de 1.000 empresas se han formalizado durante la pandemia del COVID-19 con la inscripción en la Dirección de Registro Obrero Patronal, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Todas estas firmas realizaron el procedimiento vía online, debido a la emergencia sanitaria.
Un informe de la cartera de Trabajo menciona que del 11 de marzo al 11 de junio se registraron 1.036 nuevas empresas en la citada dependencia ministerial.
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Detalla que 324 empresas se inscribieron en marzo, otras 330 lo hicieron en abril, mientras en mayo se formalizaron 321 y en lo que va de junio se han anotado 61.
Entre las firmas registradas se encuentran micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que de esta manera dieron cumplimiento a la obligación legal de inscribirse en el Ministerio de Trabajo, con lo que ingresan en la nómina de empresas formalizadas.
El Ministerio de Trabajo recuerda que el decreto N° 8304 en su artículo 3, establece que todos los empleadores deben inscribirse en la Dirección de Registro Obrero Patronal del MTESS en un plazo máximo de 60 días desde el inicio de la relación laboral. En el caso de que los empleadores habiliten sucursales, igualmente se deberá inscribir a cada una de ellas.
De este modo superan 1.600 las empresas formalizadas en lo que va del año. Esto, teniendo en cuenta que según datos proveídos por el Ministerio de Trabajo entre el 1 de enero y el 14 de febrero se inscribieron 610 nuevas patronales en la Dirección de Registro Obrero Patronal.
La inscripción de Obrero Patronal podrá realizarse a través de la página web del Ministerio de Trabajo en www.mtess.gov.py.
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Ministerio de Trabajo y Defensa Pública asistirán a trabajadores de ueno bank y del Grupo Vázquez
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.
El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.
La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.
A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.
Asistencia jurídica gratuita
Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.
Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.
El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.
Mesa de trabajo
Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.
Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.
La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.
La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.
El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.
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Ministerio de Trabajo pide a empleados de ueno bank no renunciar y garantiza acompañamiento laboral
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, aseguró que los trabajadores de ueno bank tendrán prioridad en el proceso de liquidación y pidió a los funcionarios de las empresas vinculadas al grupo que no presenten renuncias ni acepten presiones para abandonar sus puestos. La autoridad afirmó que el Gobierno acompañará a los afectados y que existen herramientas legales para garantizar el cobro de sus haberes e indemnizaciones.
Durante un encuentro con los trabajadores afectados por la situación del grupo, Recalde anunció que el Ministerio emitirá resoluciones nominales para que los empleados también cuenten con créditos privilegiados en los eventuales procesos de disolución y quiebra, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo. Esto permitirá que, en caso de cierre y liquidación de las empresas, puedan reclamar los salarios pendientes y demás beneficios sociales que les correspondan.
“No sean sometidos, no acepten ninguna coacción para renunciar en estos momentos”, enfatizó la ministra, al señalar que mantener la relación laboral es un aspecto importante para determinar las acciones posteriores de la cartera estatal. Asimismo, anunció que ordenará a los inspectores del trabajo constituirse en las distintas empresas para verificar si efectivamente se produjo el cierre de las operaciones.
En cuanto a las solicitudes de suspensión de contratos por 90 días, Recalde informó que hasta el momento solamente una empresa del sector de medios notificó su intención, aunque todavía no presentó toda la documentación requerida, como balances y estados financieros. Aclaró que la decisión de aceptar o rechazar la suspensión corresponde exclusivamente al Ministerio y que, si no se autoriza, las empresas deberán proceder al pago de las liquidaciones correspondientes.
La ministra también estimó que aproximadamente 6.000 trabajadores podrían estar afectados por los cierres de las empresas vinculadas al grupo, aunque precisó que todavía deben identificar a quienes figuran en las nóminas y a aquellos que no están registrados. En ese sentido, pidió a los empleados proporcionar sus datos para facilitar el relevamiento y determinar con mayor precisión el alcance del impacto laboral.
Respecto a la cobertura de salud, explicó que los trabajadores cuyos contratos sean suspendidos continuarán contando con el seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque recordó que Paraguay no dispone de un seguro de desempleo. Por otra parte, indicó que los trabajadores que aportan a la Caja Bancaria formarían parte del grupo vinculado al banco, cuyos procesos de liquidación comenzarían la próxima semana, aunque señaló que se debe verificar la situación de las corresponsalías no bancarias.
Finalmente, Recalde aclaró que el pago de los depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos es independiente de los derechos laborales. Por lo tanto, los funcionarios que tenían cuentas en ueno bank podrán recuperar sus ahorros y salarios depositados, al igual que los demás ahorristas, sin que su condición de trabajadores represente una exclusión.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Formalización de las pymes deberá continuar
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
Los consejos que habitualmente se dan en las pymes no tienen un carácter formal, y en muchos casos las decisiones podrían incluso ser tomadas durante un almuerzo dominical familiar.
El problema se suscita cuando estos emprendimientos, aunque se manejen informalmente tienen éxito, resultando difícil concienciar a sus propietarios de asumir planteamientos diferentes, empezando por planes estratégicos formalizados que se adecuen a la realidad y necesidades actuales de nuestro mercado doméstico.
Muchas veces el argumento que esgrimen es: ¿Para qué vamos a cambiar nuestra forma de trabajar si siempre nos fue bien así?
En muchas pymes, dado el elevado nivel de competencia que se da dentro de nuestro mercado en diferentes segmentos de negocios, empezamos a ver empresas familiares competitivas que se han concienciado que en la medida en que se vayan formalizando, podrían apuntar a una mejor estructura organizacional e incluso la posibilidad potencial de mayores chances de poder acceder a facilidades crediticias, dentro del sistema financiero formal a tasas de interés activas accesibles y plazos que se adecuen a su capacidad de repago.
No confundamos formalización con burocracia. Lo primero ayuda, lo segundo se constituye en un obstáculo muchas veces de difícil justificación, salvo un afán desmedido de control que lo caracteriza.
Uno de los principales obstáculos con los que siguen tropezando muchas pymes familiares es que el concepto de confianza está aún poco desarrollado.
Los conceptos empresariales han venido cambiando, no obstante tenemos aún entre nosotros pymes tradicionales familiares que evitan en lo posible recurrir a financiación externa, pues conviven con la máxima del endeudamiento cero, lo cual de por sí denota un ejemplo de confusión entre valores personales y empresariales.
Definitivamente, en función al comportamiento de nuestros mercados, si una empresa por más pequeña que fuera como es el caso de estas pymes pretende ir creciendo y fortaleciendo su estructura económica-financiera-patrimonial, en algún momento deberían acudir a tomar una financiación para la cobertura de sus necesidades de capital de trabajo, lo cual de no hacerlo estaría limitando las posibilidades potenciales de un mayor crecimiento, al pretender seguir operando solo en función a su propia generación neta operativa de fondos.
Hoy día con la globalización de nuestros mercados, las posibilidades de crecer y diversificarse en base a una cartera de productos que muestren aceptación de su clientela; no es fácil, pues se necesita “remar día a día” poniendo inteligencia y talento, además teniendo presente que la capacidad de innovación y creatividad y el reinventarnos permanentemente forma parte de nuestro “pan de cada día”. Si pretendemos mantenernos rentables y competitivos.
Si los que están al frente de las pymes no abren sus mentes, difícilmente podrían llegar a objetivos y metas que resulten de beneficio para sus emprendimientos.
Toman decisiones que siguen formando parte de culturas empresariales prudentes y conservadoras, y que no hacen clic con las economías globalizadas con las que operamos hoy día.
La gestión del capital humano por lo general es manejada de forma deficiente, no dándose cuenta de que constituye un engranaje primario para el buen desarrollo de sus actividades.
Si las pymes llegaran a trabajar de manera formal, pagando a sus funcionarios el salario mínimo legal además de otros beneficios conexos (derecho jubilatorio y asistencia a la salud publica en IPS), podrán tener mucho más posibilidades de crecer y solidificar sus estructuras, al tener acceso a facilidades de crédito a tasas más competitivas que si no lo estuvieran, obligándolas a tener que seguir recurriendo a otras entidades pero a costos financieros más onerosos, dentro de un mercado estrecho como el nuestro y cada vez “más peleado”, en donde muchas de pymes incluso deciden hacer mayor volumen de venta, sacrificando márgenes de rentabilidad, pues el impacto de la estructura de costos y gastos operativos dentro del cuadro de resultados juega un rol primario para su buena gestión económica.