Desde la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), emitieron un comunicado en el que piden la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, señalado directamente por la crisis de ueno bank. Solicitan además que el mandatario se someta a la Justicia. Desde el ente sostienen que la crisis actual compromete la confianza en las instituciones y la estabilidad económica y financiera del Paraguay.
El gremio empresarial sostiene que ante la gravedad de los hechos, es responsabilidad de Peña dimitir sin demoras para evitar que el país siga expuesto a mayores traumas e incertidumbres. “Es su responsabilidad renunciar sin demoras, para evitar que el país siga expuesto a mayores traumas, incertidumbres y consecuencias económicas e institucionales”, señala el documento.
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La ADEC enumeró los señalamientos que motivan el pedido: “Los señalamientos sobre presuntos conflictos de intereses, manipulación regulatoria, utilización de fondos jubilatorios del IPS, operaciones crediticias y posibles beneficios patrimoniales indebidos comprometen la confianza en las instituciones y generan una profunda preocupación por la estabilidad económica y financiera del Paraguay.”
En el segundo punto del pronunciamiento, la asociación empresarial no solo pide la salida del cargo, sino que el presidente se ponga a disposición de la Justicia. “Debe ponerse a disposición de la Justicia para que se investiguen a fondo los hechos y se determinen todas las responsabilidades, sin excepciones ni privilegios”, indica el texto.
Para la ADEC, la investigación no debe limitarse a las personas o entidades directamente vinculadas al caso ueno bank. Exigen que alcance a “todos los actores y organismos públicos que pudieran haber intervenido, facilitado o encubierto las operaciones cuestionadas, incluyendo eventuales modificaciones normativas y decisiones regulatorias que hayan favorecido intereses particulares”.
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“Sabemos que no es un pedido sencillo ni una decisión menor. Pero tenemos que tener la valentía de plantearlo con claridad. Lo que está en juego va mucho más allá que el futuro de un Gobierno, sino la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra economía y la confianza en el Paraguay. Ninguna autoridad está por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el bien común”, finaliza el documento.

