El presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte, se refirió al comunicado emitido por gremios empresariales, en el cual exigen al presidente de la República, Pedro Alliana, para tomar medidas urgentes para dar soluciones a la situación financiera generada con la resolución de Ueno Bank. El empresario indicó que existen altas expectativas para dar respuestas por parte del Ejecutivo, y que ya no existe margen de error.

“Nosotros realmente tenemos altas expectativas porque la situación amerita un tratamiento urgente, tratar esta situación no como una cuestión normal; acá estamos en una situación realmente de crisis, y Paraguay hoy, con toda la situación creada, con todo lo que se generó en el mercado, ya no tiene margen de error”, refirió al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Duarte detalló que se reunieron con parte del gabinete del presidente Alliana, que expusieron un interés para buscar una salida a esta situación. “Ahí nosotros y en función de conversaciones que hemos tenido con el ministro de Economía, con el ministro de Obras Públicas, nosotros entendemos que hay un interés respecto a buscar corregir el rumbo, buscar la forma de poder salir de esta situación”, mencionó.

Sin embargo, Duarte señaló que una de las acciones inmediatas es sincerar de una vez por todas los gastos públicos y la estructura del Estado. “Hay que ser realistas y el primer paso, la solución más simple es que vamos a alzar impuestos; la cosa no tiene que ir por ahí, la cuestión tiene que venir y una vez por todas con sincerar el gasto público, buscar la eficiencia de la estructura y la burocracia estatal, para tratar temas tan sensibles como es el tema de la caja fiscal, que otra vez va a impactar este año y el año que viene de forma considerable sobre el presupuesto”, apuntó.

“Sobre todo, de una vez por todas, que las instituciones funcionen, si bien la salida de esta crisis mostró un nivel de institucionalidad importante a nivel país, sin embargo, todo esto ocurrió por la fragilidad de los controles, fragilidad o complicidad de los controles; eso ya no podemos permitir”, sentenció.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Este miércoles comenzó la obra para el remozamiento y ampliación del pabellón oncológico “Bilal Esgaib” del Hospital Regional de Ciudad del Este, con la inclusión de una sala de espera, muy reclamada por los pacientes desde hace unos años. Será una inversión de más de 1.100 millones de guaraníes (G. 1.191.373.716) de la Gobernación de Alto Paraná.

Las obras contemplan una sala de quimioterapia con puestos de atención y un área de enfermería y control, seis consultorios médicos, una sala de procedimientos y recuperación, además de una sala de espera que hoy no existe.

El proyecto también prevé una sala de reuniones, áreas de preparación y almacenamiento de medicamentos e insumos oncológicos, vestuarios para el personal y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida.

La ampliación permitirá disponer de espacios más adecuados para los tratamientos, las consultas y el acompañamiento a los pacientes, según lo explicado hoy en el acto de palada inicial.

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Los trabajos comprenden una superficie de replanteo de 373,25 m², la instalación de 271,50 m² de cubierta termoacústica con estructura metálica y el mejoramiento de 316 m² de cubiertas existentes. Además, se adecuarán las instalaciones eléctricas y sanitarias, la iluminación, la climatización, los accesos y los desagües pluviales.

“Con esta inversión, se fortalece la infraestructura del Hospital Regional de Ciudad del Este y acompaña a las familias que dependen de este servicio, mediante una obra orientada a brindar una atención en espacios más dignos, accesibles y adecuados a sus necesidades”, divulga la Gobernación.

Asistieron al acto el gobernador César Torres; el director regional de salud, doctor Federico Schrodel; la jefa de la unidad oncológica, doctora Sandra Cardozo, y un grupo de la Asociación de Pacientes Oncológicos encabezados por Valencio Velázquez.

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Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.

Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.

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El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.

Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.

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