El senador Antonio Barrios confirmó que el gobierno de Santiago Peña trabaja en la elaboración de un plan de trabajo para empezar a honrar las deudas a los acreedores.

Afirmó que habló con el mismo jefe de Estado y adelantó que a corto plazo se prevé pagar a las farmacéuticas y vialeras, dependiendo de las recaudaciones.

El parlamentario manifestó que “hay tensión y malestar” por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales debido al problema económico que genera la falta de pago a los proveedores.

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“Hoy con mucha alegría ya el presidente anunció que se está ocupando en trabajar. Y yo puedo decir que conversé con él y desde la próxima semana ya va a haber una propuesta con respecto al inicio de cobros sobre las deudas y un plan que se le va presentar a los acreedores del Estado. Ya se presenta un plan de trabajo para empezar a honrar las deudas”, señaló a La Tribu 650AM.

El congresista aseguró que los pagos se concretarán “lo antes posible”, a través de un proceso de plan de pago previa conversación con los proveedores.

“Se va a empezar a pagar a corto plazo, eso depende de las recaudaciones. Se van a ocupar exclusivamente de pagar a los proveedores del Estado: vialeros y farmacéuticos. Y el resto de los servicios van a tener otro plan y también va a ir siendo honradas todas esas deudas”, remarcó.

Explicó que se está analizando el método y una de las posibilidades es apelar a la herramienta financiera del “factoraje”, aunque también existen otros planes, conforme expresó.

“Hay un inicio, hay una preocupación clara. Y la próxima semana ellos anuncian el inicio del proceso”, subrayó.

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Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, manifestó que la meta del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con relación a la pensión universal para adultos mayores es la inclusión de 45.000 nuevos beneficiarios este año. Detalló que de enero a marzo ya se logró la incorporación de otras 24.000 personas dentro del programa.

“Estamos avanzando bastante rápido. Nosotros tenemos una planificación bien estructura y la estamos aplicando efectivamente como establece la ley 7322/24 de mayor a menor edad, según la disponibilidad presupuestaria. En este 2026 la meta es llegar a 45.000 nuevos adjudicados como mínimo y a esta altura desde enero a marzo ya hemos incluido a prácticamente 24.000 adultos“, dijo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

El programa ya alcanzó 360.283 adjudicados, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años. Con la vigencia de la ley de pensión universal impulsada desde octubre del 2024, el gobierno de Peña ya incorporó a 58.000 nuevos beneficiarios.

“Al bajar el rango de 70 años para abajo hay más cantidad de adultos que ya están con edad para ingresar dentro del sistema, desde los 68 años hasta los 65 años. Tenemos corroborado con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística aproximadamente 97.000 personas fuera del sistema que deben ingresar”, remarcó.

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Ramírez ratificó que el gobierno apunta a llegar al 100 % de la cobertura en el primer semestre del 2028. “La ley establece la inclusión como mínimo de 30.000 por año. Lastimosamente muchos adultos mayores fallecen, entonces y eso genera algunas vacancias por mes entre 1.000 a 1.200, que en el año se tiene prácticamente entre 15.000 a 16.000 vacancias", mencionó.

Desde el ministerio detallaron que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales. La ley elimina el censo previo y garantiza una pensión mensual a mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad.

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Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.

El 8 de setiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el fallo favorable a Argentina de este viernes como algo “histórico e impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, en un discurso este viernes en Buenos Aires.

También criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner”, lanzó el mandatario.

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El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18.000 millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.

En 2012, Argentina expropió el 51 % de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.

Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF.

En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38 % del monto de la sentencia de Preska.

Argentina había presentado distintos recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas del país sudamericano de unos 43.536 millones de dólares.

El panorama se volvió aún más sombrío cuando en junio de 2025 la jueza Preska ordenó a Argentina entregar el 51 % de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago indemnizatorio. La decisión fue apelada y en agosto un tribunal determinó que no debían entregarse las acciones.

YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993. En 2012 la expresidenta Kirchner decidió renacionalizarla porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.

• Fuente: AFP

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