Las Comisiones de Cuentas y Control, y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, realizaron una sesión conjunta para abordar el proyecto de ley “que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social, ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta de realización de acciones administrativas y financieras necesarias”, que tiene la finalidad de adoptar medidas administrativas y presupuestarias para dar soluciones a la problemática que enfrenta la previsional.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y su equipo, fueron convocados para esta sesión. Durante la sesión, el titular de la previsional fue consultado sobre las medidas administrativas y presupuestarias que se van a adoptar con la declaración de emergencia, a lo que respondió que esta ley no será suficiente.

“Es urgente y es necesaria. Nosotros tenemos que salvar esta institución, la institución está pasando por un momento histórico deplorable, y aparece un salvavidas de este tipo (ley de emergencia), pero esto es una solución administrativa, nos va a dar una herramienta, nos van a dar a nosotros las paletas para abogar bien, nosotros queremos agregar a esto la solución financiera”, expresó ante el pleno de las comisiones asesoras.

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Argumentó que “en este contexto, que nos de solamente una solución administrativa no nos basta, nos dan ustedes la canoa, pero sin la paleta, necesitamos trabajar con el equipo técnico de ustedes en un plazo no mayor de 8 días, agregarles lo que a nosotros nos va a ayudar para una solución financiera, es una reingeniería financiera, de ahí nosotros vamos a quitar los medios para poder utilizar bien esta hermosa iniciativa”.

Fretes señaló que se requiere de una reingeniería financiera para que la institución pueda reponerse. “Necesitamos el respaldo de ustedes. El IPS está pagando una deuda de administraciones pasadas con unos intereses altísimos que nos está acogotando, en nuestra reigeniería financiera vamos a hacer que ese plazo se extienda mucho, se pueda refinanciar todo eso y ahí vamos a tener un oxígeno para poder quitar adelante la institución, y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible porque opama ohovo la plata (se está terminando el dinero)”, apuntó.

En este sentido, explicó que la idea es unificar todas las deudas y extenderlas a largo plazo, con esta alternativa se podrá dar un oxígeno a las finanzas del IPS. “Calculamos nosotros que si para fines de agosto no le damos una solución, no quiero ni pensar lo que va a pasar con la institución. La propuesta concreta es que nuestros técnicos trabajen con ustedes y de aquí a ocho días a más tardar, estar otra vez con ustedes con todo el esquema formado. El IPS en esas condiciones, va a tener las condiciones, valga la redundancia, de pagar sus deudas y estar muy oxigenado, y vamos a poder revertir gracias a esta ley de emergencia inmediatamente esta situación”, sentenció.

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El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, que cumple dos meses en el cargo, considera que el proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia no resolverá la crisis en el ente previsional.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado postergó por un mes el estudio en plenaria.

“Nos va a ayudar mucho a nosotros para acortar los procesos, pero no nos va a solucionar el problema. Voy a dar un ejemplo: te dan una ametralladora como para fulminar todo, pero no te dan la bala”, señaló este sábado a la 650 AM. El médico ratificó que el problema del IPS no es solo administrativo, sino también financiero, al detallar seguidamente los compromisos pendientes de pago por la adquisición de medicamentos en administraciones anteriores.

“Disponemos de 44.000 millones de guaraníes para comprar medicamentos por mes. Pero se necesitan 150.000 millones. Sin embargo, se está pagando 176.000 millones de guaraníes en deudas de administraciones anteriores”, refirió. El doctor Isaías también habló de otro inconveniente que afronta el instituto en cuanto a sus recursos humanos.

Afirmó que tanto los médicos como las enfermeras reciben una paga que no está acorde con su formación académica, aunque también reconoció que el IPS no está en condiciones económicas de “honrar el sacrificio” de su personal.

“Este es el ejemplo de la desidia institucional, de lo mal que está la institución. No puede una enfermera estar ganando 2.800.000 guaraníes. No puede un médico hemodinamista que tiene 16 años de estudios ganar 4.500.000 guaraníes”, lamentó Fretes, y manifestó que los profesionales de la salud “están pasando una situación calamitosa e indigna”, pero “el IPS no está en condiciones de honrar el sacrificio de ellos”.

• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

La propuesta podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo, dijo el mandatario.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, sostuvo que no consi­dera que una declaración de emergencia para el Instituto de Previsión Social (IPS) vaya a traer una solución a los pro­blemas que está atravesando. Explicó que los recursos no se crean por ley, sino se autorizan por ley. No obstante, señaló que el IPS está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), para acelerar todos los proce­sos de contrataciones.

Luego de la actividad que mantuvo en la ciudad de Itau­guá, el mandatario brindó unas breves declaraciones a la prensa, que le consultó su parecer respecto al debate en el ámbito parlamentario, donde se están analizando propuestas legislativas para declarar en emergencia al IPS y así brindar soluciones al sistema de salud, otorgar recursos para la inversión de infraestructura, entre otros aspectos.

El jefe de Estado considera que esta propuesta viene como una solución paliativa, pero remarcó que no hay solu­ciones mágicas ni atajos que no sean el trabajo puro y duro que se tiene que hacer en el IPS. Esto, teniendo en cuenta los problemas estructurales y vienen de décadas. A su pare­cer, la propuesta de emergen­cia podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo.

“Nosotros no creemos que eso vaya a resolver el problema, el Instituto de Previsión Social está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas, se están acele­rando, como ustedes saben, de repente nosotros nos que­damos atrapados en lo que son las protestas, muchas veces las disputas comer­ciales entre los proveedores terminan perjudicando a lo asegurado y bueno, estamos tratando de que esos proce­sos legales se agilicen lo más rápido posible”, remarcó.

Peña aseguró que, obvia­mente, no se debe tener la menor duda de que si llegan a observar la necesidad de dotarles de nuevas herramien­tas legales al IPS, recurrirán al Parlamento para plantearles la propuesta. “Pero yo me ima­gino que ese planteamiento venía simplemente como una demostración de tratar de dar alguna solución mágica de vuelta. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, es trabajo puro y duro que tenemos que llevar adelante”, enfatizó.