La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Ministerio de Hacienda, informa que en este mes de abril un total de 423 nuevos jubilados serán incluidos en la Planilla Fiscal de Pago.
Asimismo, informa que estas personas cobrarán a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) con las mismas tarjetas de débito que utilizaban cuando estaban activos como funcionarios, salvo el caso que ya hayan vencido, para lo cual deberán pasar a retirar sus nuevas tarjetas de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa).
Los pagos de haberes atrasados se realizarán con posterioridad de la inclusión en planilla, luego de que sus jubilaciones sean ajustadas de oficio por la DGJP, para considerar el tiempo efectivo de su desvinculación. Este ajuste puede hacer variar el monto de su jubilación, ya que puede afectar a la base jubilatoria y a la tasa que se aplica para su determinación.
La DGJP recuerda que los ajustes de las jubilaciones son realizados de oficio, sin que sea necesario ningún trámite por parte de jubilados ni la intervención de gestores para el efecto.
La lista de las modificaciones y de pagos de haberes atrasados también son publicadas mensualmente en la página web del Ministerio de Hacienda, en la sección Jubilaciones, opción Avisos Importantes, o en la cuenta de Facebook Jubilaciones-Ministerio de Hacienda. Cualquier consulta también se puede hacer llamando al (021) 419-8010.
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Banco Central priorizará pago de haberes a jubilados y proceso de recuperación de fondos del IPS
En una conferencia de prensa realizada este martes, el presidente y los directores del Banco Central del Paraguay (BCP) anunciaron que a través del Fondo de Garantía de Depósito (FGD) se pagará a los ahorristas que tengan guardados en ueno bank hasta G. 228.300.000. Además, se aseguró el desembolso a los jubilados que cobran sus haberes a través de la entidad. Acerca del dinero del Instituto de Previsión Social (IPS), afirmaron que se verá el mecanismo para restituir los activos.
Liana Caballero, miembro del directorio del regulador, explicó que el equipo interventor de la institución ya está destinado a las sucursales (ya inhabilitadas) de la entidad en proceso de resolución, según indicaron son alrededor de 120 funcionarios de la banca matriz quienes harán el trabajo.
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“Nosotros tenemos 15 días para poder uno, pagar a los 75 salarios mínimos que está garantizado (G. 228.300.000). Luego ir con el balance de exclusión que son activos y pasivos”, según dijo.
Ese balance de exclusión al que aludió Caballero, permitirá honrar otros compromisos, por ejemplo, la devolución del dinero de la previsional. “Primero entra IPS y luego los otros grandes ahorristas. El objetivo nuestro es tratar de calzar todo eso, pero tenemos que esperar esos 15 días para poder hacer la valoración de los activos”, dijo. Se estima que los fondos del seguro social superan USD 300 millones.
Haberes en fecha
En cuanto al pago a los jubilados que cobran a través de ueno, el titular del regulador afirmó que se cumplirá en forma. “Queremos transmitir tranquilidad a quienes perciben sus haberes jubilatorios a través de esta entidad. El Banco Central garantiza en que los pagos se realizarán en las fechas habituales, para lo cual se informará oportunamente sobre los procedimientos establecidos para asegurar su cumplimiento”, expresó Carlos Carvallo, presidente de la banca matriz.
“Los jubilados van a cobrar en tiempo y forma. Vamos a anunciar seguramente en qué institución”, agregó en otro momento. Por su parte, Caballero dijo que antes del 17 (fecha de cobro) se tendrá un catastro de manera a determinar en qué entidad podrá percibir sus haberes.
La resolución
El BCP dio inicio a la resolución de la entidad bancaria en las primeras horas de este martes, luego de constatar que su solvencia llegó a niveles no aptos para seguir operando en el mercado local. El proceso de análisis de los números de ueno arrancó el 5 de junio, con las primeras notificaciones, se siguió “la ruta del dinero” y fueron confirmadas las irregularidades, entre ellas los créditos vinculados, la activación de servicios informáticos sin respaldo, entre otras cuestiones.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Cámara de Apelación revoca y rechaza amparo promovido por jubilados navieros del IPS
La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.
Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.
Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.
El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.
Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.
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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.
En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.
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MEF desembolsa hoy G. 112.275 millones para el pago a empresas proveedoras
La dirección nacional del tesoro público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció hoy el pago de un total de G. 112.275 millones para el pago a empresas proveedoras del Estado, honrando a el cumplimiento a las empresas proveedoras del estado.
Además, informaron la ejecución total de unos G 548 millones en Fuente 10, en concepto de Caja Chica, Gastos Reservados y Gratuidad en la Educación Superior para el cumplimiento correspondiente a STRs ingresadas a la DGTP el martes 27 y miércoles 28 de octubre de 2026.
A esto se suma un total de 72.148 millones en Fuente 20, en concepto de Pago a Proveedores y Acreedores del Estado, y G. 39.579 millones en Fuente 30, en concepto de Gastos Reservados y Pago a Proveedores y Acreedores del Estado, totalizando un monto aproximado a desembolsar de G. 112.275 millones.
Los pagos se realizan a partir de las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) presentadas por las instituciones públicas ante la Tesorería General. El procesamiento de estos pedidos se efectúa conforme a las fechas de ingreso y al calendario establecido por el MEF, que mantiene un esquema de transferencias para atender las obligaciones asumidas con empresas proveedoras y acreedores del Estado.
El calendario detallado de pagos puede consultarse en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, en el apartado Consulta Ciudadana, sección Pago a Proveedores. También está disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro del apartado de Compras Públicas, así como en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE). Estas herramientas permiten verificar los desembolsos procesados y acceder a la información correspondiente a las transferencias.
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