AFP
Ecuador perdió al menos 1.000 millones de dólares a causa de las recientes protestas indígenas, informó el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, tras 18 días de manifestaciones antigubernamentales que afectaron a distintos sectores, incluido el petrolero.
“Las pérdidas totalizan un monto de 1.000 millones de dólares; 775 millones corresponden al sector privado y 225 millones corresponden a pérdidas en el sector estatal, específicamente por el sector petrolero”, detalló el funcionario al canal Teleamazonas.
Ecuador produjo 520.000 barriles por día (bd) de crudo al 12 de junio, un día antes del inicio de las protestas con bloqueo de carreteras que llevaron a la paralización de más de 1.000 pozos en la Amazonia, según el gobierno. La producción de petróleo, principal rubro de exportación del país, cayó a menos de la mitad durante las manifestaciones.
El jueves, el gobierno y los indígenas suscribieron la denominada “acta de paz” para poner fin a las protestas, a raíz de lo cual la extracción de crudo se recuperó a 461.600 bd hasta el domingo, de acuerdo con el Ministerio de Energía. Avellán expresó que antes de las protestas, lideradas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el Banco Central incluso “tenía previsto revisar al alza su previsión económica, que actualmente es de 2,8%”.
“Las ventas locales venían incrementándose de manera muy importante y ese es el ritmo que deberíamos tener en el segundo semestre para que el impacto de las manifestaciones se pueda minimizar” en la mejora económica, agregó. El crecimiento interanual del producto interno bruto (PIB) de Ecuador fue de 3,8% en el primer trimestre del 2022 en relación al mismo período del 2021. De enero a marzo fue de 0,4% frente al lapso de octubre a diciembre del año pasado.
Las manifestaciones, que dejaron seis muertos y más de 600 heridos, cesaron luego de que el Ejecutivo disminuyó hasta en 8% los combustibles.
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Israel pasa a la final de Eurovisión en medio de protestas
Israel se clasificó ayer jueves para la final de Eurovisión del fin de semana después de que miles de manifestantes con banderas propalestinas protestaran en la ciudad sueca de Malmö contra su participación en el concurso en medio de la guerra de Gaza.
Esta tensión no repercutió en la gala de la segunda semifinal, en la que la cantante Eden Golan pudo interpretar sin incidentes su tema “Hurricane” ante los 9.000 espectadores del Malmö Arena. La joven israelí, que había recibido amenazas en redes, obtuvo el pase a la final del sábado, en las que Croacia, Suiza y Ucrania parten como favoritas con originales propuestas artísticas.
Antes de su actuación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le deseó suerte y afirmó que ya “había ganado” tras soportar las protestas, que calificó de “horrible ola de antisemitismo”. La protesta contra su actuación había reunido horas antes a entre 10.000 y 12.000 personas, según la policía.
Sus participantes enarbolaron banderas palestinas y pancartas que criticaban a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el certamen. “La UER legitima el genocidio”, “No se puede lavar de rosa el colonialismo”, proclamaban algunas de ellas, en una jornada que puso tensión a esta gran fiesta del kitsch y de la música pop en la que compiten artistas de 26 países.
“Soy una fanática de Eurovisión, pero lo boicoteo, aunque me parta el corazón”, explica a AFP Hilda, una sueca de 30 años con los cabellos teñidos de rosa. “No puedo divertirme sabiendo que Israel participa, cuando tantos niños mueren [en Gaza]. Pienso que es algo injusto”, agregó.
“No es justo. En mi opinión, si pueden sacar a Rusia fuera, ¿por qué no pueden hacerlo con Israel?”, se preguntó Marwo Mustafa, una joven manifestante veinteañera. En 2022, la UER le cerró las puertas a Rusia, debido a la invasión de Ucrania. Un centenar de personas se congregó en otro barrio de la ciudad para celebrar la participación israelí, bajo fuerte protección policial.
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Una difícil “neutralidad”
En el recinto Malmö Arena, las luces de neón, los trajes brillantes y los ritmos animados contrastaban con el ir y venir de policías armados que patrullan entre los decorados multicolores. Por toda la ciudad, pompones y banderines de colores llamativos coexisten con las banderas palestinas colgadas de ventanas y balcones.
Dentro del Malmö Arena, la organización prohibió, como de costumbre, cualquier bandera que no sea de los países participantes y los carteles con mensajes políticos. La UER había prohibido el año pasado, para respetar la neutralidad del concurso, que tomase la palabra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo país enfrenta una invasión rusa.
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Esta neutralidad fue desafiada en la primera semifinal del martes por el cantante sueco Éric Saade, que lució en el brazo una kefia, un pañuelo habitualmente usado en apoyo de la causa palestina. La UER y la radiotelevisión pública sueca SVT lamentaron el gesto e insistieron en que este popular evento, más asociado a actuaciones burlescas o llamativas, es apolítico.
Para los fans del concurso -que se estima atraerá a hasta 100.000 habitantes a Malmö- “lo importante es lo que hay en el escenario, (...), no la política”, asegura el profesor de historia de las ideas Andreas Önnerfors, especialista de Eurovisión. Con casi 70 años, Eurovisión es “una muestra de tolerancia europea que no se encuentra bajo otras formas ni en otros lugares”, señala.
Medidas de seguridad
Este año, la guerra en Gaza eclipsó el conflicto en Ucrania, que se prolonga desde febrero de 2022. “Tiene que haber manifestaciones, la gente debe expresar sus opiniones, debe boicotear”, asegura a AFP Magnus Børmark, candidato de Noruega con su grupo Gåte que, al igual que otros ocho participantes, pidió un alto el fuego duradero en Gaza. En la comunidad judía, algunos prevén abandonar la ciudad el fin de semana.
“Con Eurovisión, hay una especie de intensificación. La sensación de inseguridad aumentó después del 7 de octubre”, cuando un letal ataque de milicianos de Hamás en Israel desencadenó la guerra, “y muchos judíos están preocupados”, explica uno de sus portavoces, Fredrik Sieradzki. Según él, las manifestaciones propalestinas no han dado lugar a llamamientos dirigidos directamente contra los judíos de la ciudad. No obstante, se reforzó la seguridad en torno a la sinagoga.
Fuente: AFP.
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Semana de protestas contra reforma laboral del presidente Milei
- Buenos Aires, Argentina. AFP
Sindicatos del transporte público terrestre, aéreo y marítimo de Argentina protestaron en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, en el inicio de una semana que tendrá una huelga general el jueves convocada por la principal central obrera. En Buenos Aires, la capital argentina, el metro, el servicio de trenes, los autobuses y los vuelos de la estatal Aerolíneas Argentinas resultaron afectados por asambleas de trabajadores que causaron demoras y cancelaciones de servicios.
Hoy organizaciones sociales volverán a marchar en la capital argentina en reclamo de incrementos en las ayudas a los comedores populares y el jueves los principales sindicatos anticiparon su adhesión a la huelga general, la segunda contra las políticas de Milei desde que asumió en diciembre.
El Gobierno aplicó un plan de fuerte ajuste fiscal con eliminación de subsidios, liberación de precios y alza de tarifas de servicios, medidas con las que obtuvo un equilibrio de las cuentas públicas, pero a costa de una creciente conflictividad social con miles de despidos y el desplome de la actividad económica y el consumo.
En este contexto, Milei impulsa una reforma laboral en el marco de la llamada Ley de Bases que obtuvo la sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada y debe aún ser debatida por el Senado, donde el oficialismo cuenta con 7 de 72 senadores.
El proyecto de ley contiene, en sus más de 230 artículos, una flexibilización para el registro de empleados y un amplio blanqueo para las empresas que incurrieron en fraude laboral por evasión fiscal.
El proyecto, que declara la emergencia económica y energética por un año y delega facultades del Parlamento en el Ejecutivo, incluye un polémico régimen de incentivo a las grandes inversiones por 30 años y cambios en la ley jubilatoria, además de fijar una decena de empresas públicas sujetas a privatización.
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Ecuador aprueba la extradición en referendo
La extradición en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa como medida de lucha contra el crimen organizado fue aprobada el domingo por un 72% de la votación en una jornada violenta, según un sondeo a boca de urna divulgado en vivo por el canal Teleamazonas.
El Sí a favor de la extradición, una de las once preguntas propuestas por Noboa, recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% de la votación total, incluidos blancos y nulos, según la encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno, de acuerdo con la televisora.
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Principales puntos
Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán “Sí” o “No”, serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Referendo
- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
- Permitir la extradición.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Consulta popular
- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.
Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.
- Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.
- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.
- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).
De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial. En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
Fuente: AFP.
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Ecuador: asesinan a director de cárcel en medio de referendo
El director de una cárcel de la costera provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue asesinado a tiros este domingo, cuando se celebra un referendo para endurecer la guerra contra el crimen organizado, informó el servicio penitenciario (SNAI).
Damián Parrales, director de Centro de Privación de Libertad Manabí número 4, conocido como El Rodero, “fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, señaló el organismo en un comunicado. En Ecuador las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
Los ecuatorianos votan este domingo para decidir en referendo si dan luz verde a la extradición y se endurecen las penas contra narcotraficantes, bajo un clima de terror por el asesinato de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una crisis eléctrica.
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Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, para quien la consulta popular será un termómetro de cara a una eventual reelección en febrero próximo.
Con camisa blanca y pantalón oscuro, el gobernante sufragó en el balneario costero de Olón (suroeste), bajo un fuerte resguardo militar. Noboa, quien se retiró sin dar declaraciones, recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del CNE previsto para esta noche.
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El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17:00 locales (22:00 GMT) tras diez horas de votación.
La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio. La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.
Fuente: AFP.