La Fiscalía de Bolivia solicitó el domingo seis meses de cárcel preventiva para la ex presi­denta Jeanine Áñez, por un caso de supuesto golpe de Estado contra el ex mandata­rio Evo Morales. Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capi­tal del departamento amazó­nico de Beni (noreste), des­pués de sus dos ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedi­ción, terrorismo y conspira­ción. Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares con­sistente en la detención pre­ventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento divul­gado este domingo.

Áñez, abogada, política y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Tri­nidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía. En este operativo policial que diri­gió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Cas­tillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos ex ministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madru­gada. El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviem­bre, figura en una denun­cia que hizo en diciembre la ex diputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, goberna­dor electo del departamento en las recientes elecciones locales.

La imputación formal de la Fiscalía, de 17 páginas, pre­cisa que Áñez y sus dos minis­tros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en este caso. El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octu­bre del 2019, tres días des­pués de las elecciones pre­sidenciales calificadas de fraudulentas en favor del ex presidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con­sideró que es importante que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” del caso contra los ex integrantes del gobierno boliviano.

Recordó los “importantes pasos toma­dos por todas las partes en Bolivia de cara a la consoli­dación de la paz” y reiteró el compromiso de la ONU con ese país. Por su parte, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, expresó a su vez en Twitter que “las acusaciones por los hechos del 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

La embajada de EEUU en La Paz pidió que se respeten los procesos judicia­les y las libertades. También la Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comuni­cado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”.