La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Guatemala a “asegurar el principio de separación de poderes” y evitar “injerencias” en el proceso electoral, en un comunicado difundido este viernes. Tras la primera vuelta electoral el 25 de junio, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche comenzó a tomar acciones contra Semilla, el partido del candidato socialdemócrata, Bernardo Arévalo, que dio la sorpresa al pasar al balotaje junto a la ex primera dama Sandra Torres, también socialdemócrata.

Desde entonces un juez inhabilitó a Semilla y este viernes la fiscalía allanó la sede del partido. Un contexto, que, según la CIDH, refleja “falta de independencia del ministerio público y de su fiscal general”.

Ante esta situación la CIDH, un órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), “expresa su preocupación” y urge a Guatemala a “asegurar el principio de separación de poderes y garantizar el derecho a la participación política de conformidad con la normativa nacional y los estándares interamericanos, evitando injerencias indebidas”.

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El gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei se defiende. Según el texto, ha hecho saber a la CIDH que “rechaza enfáticamente” el comunicado porque la investigación sobre el partido Semilla obedece al deber de “determinar la posible comisión de un delito y sus responsables” y “es completamente independiente al desarrollo de la segunda vuelta” de las presidenciales.

La CIDH discrepa por estimar que la orden de suspensión de Semilla contraviene la legislación nacional en virtud de la cual “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”. Tanto las misiones de observación electoral de la OEA como de la Unión Europea ven con preocupación una “intensa judicialización” del proceso electoral, recuerda el comunicado.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) pidió este viernes a la máxima instancia de justicia del país conceder garantías para la realización del balotaje presidencial del 20 de agosto, mientras la Fiscalía allanó el partido de uno de los dos aspirantes, Bernardo Arévalo.

Un recurso presentado por el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicita que esta ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deben enfrentar Arévalo y Sandra Torres, ambos socialdemócratas, lo que pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país.

El allanamiento del partido de Arévalo, Semilla, fue solicitado por el fiscal Rafael Curruchiche y ordenado por el juez Fredy Orellana. La medida se suma a una serie de maniobras legales que han aumentado la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones.

El TSE argumentó que existe “la amenaza” de que esas maniobras “vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su “preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general” Consuelo Porras. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la intervención de la sede del partido y llamó a “detener de inmediato estos ataques con fines políticos y respetar el proceso electoral, así como al sistema democrático”.

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei dijo en un comunicado que la acción de amparo del TSE es “sorpresiva y lamentable” porque considera que el Ejecutivo “ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto durante el proceso electoral”.

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En medio del laberinto judicial en que se ha convertido la elección presidencial, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanó la sede central de Semilla “para obtener indicios que fortalezcan la investigación” por presuntas irregularidades en su creación en 2017, según argumentó el organismo. Arévalo, que se hallaba en un acto de campaña en el departamento sureño de Retalhuleu, denunció el allanamiento como “parte de la persecución política de la minoría corrupta que sabe que está perdiendo el poder día a día”.

Tras la primera vuelta presidencial del 25 de junio, diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron y una polémica inhabilitación de Semilla (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje. También dos allanamientos a oficinas del TSE y una orden de arresto a una aliada de Arévalo.

Las acciones de Curruchiche contra Arévalo y su partido son vistas en Guatemala y en el exterior como un intento de sacar de la contienda al hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951). El jueves, la FECI realizó un segundo allanamiento a la sede del TSE en seguimiento a la polémica investigación contra Semilla.

Además, el juez ordenó el arresto de la subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) del TSE, Eleonora Castillo, por no acatar su cuestionada orden de inhabilitar al partido la semana pasada. Castillo goza de inmunidad, según el TSE.

Manfredo Marroquín, de la ONG Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, dijo a la AFP que “la población frustró” en la primera vuelta los “planes de continuidad” del actual sistema político que ahora “tiene terror a perder el poder”. “Están en modo pánico y a toda costa están buscando hasta el último recurso en sus manos para frustrar el triunfo de Arévalo”, alertó.

Curruchiche fue incluido en 2022 por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en “actos corruptos y antidemocráticos”, a quienes se les prohíbe ingresar a esa nación. El miércoles fue añadido a la lista el juez Orellana. La misma sanción tiene la fiscal general Porras desde 2021, que el año pasado fue ratificada en el cargo por Giammattei, quien debe entregar la banda presidencial el próximo 14 de enero.

“Los intentos de revocar el resultado de las elecciones según lo certificado por las más altas autoridades electorales del país o socavar una elección democrática inevitablemente tendrían un impacto en las relaciones internacionales de Guatemala, incluso con la Unión Europea”, señaló este viernes uno de los portavoces del bloque, Peter Stano. La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a los opositores.

Fuente: AFP.