La presidenta Dina Boluarte será interrogada por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo. Foto: Gentileza
Perú: Fiscalía cita a presidenta Boluarte por represión en protestas que dejaron 50 muertos
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La Fiscalía peruana citó para el 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para interrogarla por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que dejaron poco más de 50 muertos.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido”, dijo el miércoles su abogado Joseph Campos a la prensa tras confirmar la citación. La mandataria acudirá a declarar en la investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en su contra y de funcionarios de su gobierno. En marzo fue interrogada por primera vez.
El caso se abrió en enero por “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023″. La Fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
No obstante, en caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión. El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pide a la justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.
Las víctimas recibieron “impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo”, recalcó la CIDH. Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado.
Maestro rural y líder gremial, Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en una minicárcel para exmandatarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima. Su caída desató las violentas movilizaciones que exigían la renuncia del gobierno, cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la Presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país en permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Un sismo de magnitud 6,1 que sacudió Lima y sus alrededores este domingo provocó una muerte y cinco heridos además de varios deslizamientos de tierra. Foto: AFP
Perú: sismo de 6,1 de magnitud provoca un muerto en Lima
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Un sismo de magnitud 6,1 que sacudió Lima y sus alrededores este domingo provocó una muerte y cinco heridos además de varios deslizamientos de tierra.
El evento empezó a las 11H35 locales (16H35 GMT) y su epicentro se situó a una treintena de kilómetros al suroeste de Callao, ciudad colindante con Lima, según el Centro Sismológico Nacional.
La Policía Nacional confirmó que un hombre de 36 años murió aplastado por la caída de un muro sobre el auto en el que se encontraba en el distrito de Independencia, en la capital.
Además, el Centro de Operaciones de Emergencia reportó cinco heridos en Lima.
“Pido tranquilidad a la población”, dijo la presidenta, Dina Boluarte, que recordó que no hay alerta de tsunami para la costa del país.
Un video transmitido en el canal Latina mostró deslizamientos de tierra en varios municipios de Lima.
El sismo provocó la suspensión momentánea del partido de fútbol entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso por el torneo Apertura.
Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.
En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, ocurren al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.
El último sismo de gran magnitud fue en la región Amazonas en noviembre de 2021, de 7,5. Dejó 12 heridos y destruyó más de 70 viviendas.
En 1970 Perú sufrió uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años, en el que murieron 67.000 personas en la región Áncash, al centro norte del país.
El diputado Rodrigo Gamarra arremetió contra el sector del abdismo y el exministro Arnaldo Giuzzio, tras la decisión de desestimar la causa de la Fiscalía. Foto: Néstor Soto
“Después de años de show”, caen las denuncias falsas del abdismo, afirma diputado
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El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.
Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.
MDS pide a Fiscalía investigación por cobro de pensión de adultos que ya fallecieron
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El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.
El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.
Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.
En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.
Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.
Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.