Dos miembros de la pandilla Barrio Azteca han sido condenados a cadena perpetua por los asesinatos de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y otras dos personas hace 12 años, informó este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.
José Guadalupe Díaz Díaz, alias Zorro, de 43 años, y Martín Artín Pérez Marrufo, alias Popeye, de 54, ambos de Chihuahua (norte), fueron declarados culpables en febrero pasado. Un jurado federal de Texas los declaró culpables de múltiples cargos, entre ellos conspiración para el chantaje, tráfico de narcóticos, importación de narcóticos, lavado de dinero y asesinato.
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El 13 de marzo del 2010 Díaz y Marrufo formaron parte de los sicarios que asesinaron a la empleada del consulado de Estados Unidos Leslie Enríquez, su esposo Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra trabajadora. El ataque se produjo después de que las víctimas salieran de la fiesta de cumpleaños de un niño en Ciudad Juárez al confundirlos con pandilleros rivales.
Los hombres que los mataron “ahora pasarán merecidamente el resto de sus vidas en prisión”, afirmó el fiscal general auxiliar Kenneth A. Polite Jr, citado en el comunicado del Departamento de Justicia, en el que agradece al gobierno mexicano que los haya extraditado a Estados Unidos.
En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Barrio Azteca es una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero, el crimen organizado y actividades relacionadas con las drogas en El Paso, Texas.
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La pandilla se alió con otras bandas de narcotraficantes para luchar contra el cártel de Sinaloa, en aquel entonces liderado por el Chapo Guzmán, y sus socios por el control de las rutas del narcotráfico a través de Juárez, en Chihuahua.
Las rutas de la droga a través de Juárez, conocidas como Plaza Juárez, son importantes para las organizaciones narcotraficantes porque constituyen una vía hacia Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Bukele respondió a ministro de Honduras que cuestionó su modelo de seguridad
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este domingo al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, por “defender los derechos humanos” de “criminales” y advirtió que, con esa postura, “miles de hondureños morirán”.
Bukele declaró la “guerra” a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política criticada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch porque permite arrestos masivos sin orden judicial.
El mandatario salvadoreño compartió en el red social X un video en el que Velásquez asegura que el modelo de seguridad de Bukele es objeto de “mucho estudio” y “no es una receta para replicar exactamente en todos los países”.
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“Tiene (Bukele) un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos”, explicó el ministro.
Seguridad
“Escuchar al nuevo ministro de Seguridad (de Honduras) defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, señaló Bukele. El gobernante dijo que los hondureños esperan que el nuevo gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero para un mandato de cuatro años, “haga algo por la seguridad”.
Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump, que también tienen presencia en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.
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El Salvador tras arrinconar a las pandillas cerró 2025 con una tasa de homicidios 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que lleva registros. Asfura tiene entre sus principales objetivos frenar las extorsiones en el país, que tiene una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Fuente: AFP
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A cadena perpetua condenan al hombre que intentó asesinar a Trump en 2024
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
Ryan Routh, de 59 años, compareció por la mañana en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida, para escuchar su sentencia.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
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La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
Una carta
Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía: “Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.
El acusado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informa, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.
Se trató del segundo intento de asesinato contra el candidato republicano, que finalmente ganó las elecciones presidenciales de 2024.
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Trump había escapado por poco a un ataque el 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania (noreste). En aquella ocasión, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró disparar varias veces antes de ser abatido por el servicio secreto.
Trump fue alcanzado en la oreja. Sus imágenes con sangre en el rostro y el puño en alto dieron la vuelta al mundo y lo ocurrido fue considerado un momento clave de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.
Fuente: AFP
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Guatemala: vinculan escalada pandillera con nexos políticos y deficiencias carcelarias
La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra.
Hay “cero control” sobre el sistema penitenciario, asegura el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, quien cuestiona que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques. La ofensiva criminal “no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales”, sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de solapar la corrupción. Mencionada asiduamente por el gobierno y oenegés como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.
Punto de quiebre
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.
Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.
Lo del fin de semana “ya estaba programado como parte del plan” para “deslegitimar” al gobierno, sostiene el exfiscal Solórzano.
El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias “El Lobo”, quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.
Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, entonces se desataron los atentados.
“Sacar” al presidente
Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción. Es un “mensaje” contra Arévalo por parte de “opositores políticos”, afirma el exfiscal Sandoval.
“Barrio 18 se siente protegido hoy por Consuelo Porras (...). Quieren sacar a Bernardo del poder”, opina a su vez Solórzano, quien no obstante crítica la política de seguridad de Arévalo, un diplomático e intelectual de 67 años. Después de dos años de gobierno, “ya no valen excusas”, dice.
Condenado por varios homicidios, alias “El Lobo” tiene una relación sentimental con una sobrina de la dirigente opositora Sandra Torres, una exprimera dama quien ha perdido las últimas tres elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Barrio 18 y sus enemigos de la Mara Salvatrucha son dos poderosas mafias que operan además en Estados Unidos, Honduras y El Salvador, donde han sido sometidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele con una estrategia de mano dura señalada de violación de derechos humanos y supuestos pactos con un sector de la criminalidad, lo que el mandatario niega.
La fiscal Porras, que rechaza tener tratos con criminales, aprovechó sin embargo los episodios de violencia para atacar a Arévalo. “Sea serio, presidente, asuma su responsabilidad y póngase a trabajar”, dijo el miércoles a la prensa.
Riesgo de nuevos ataques
Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anticipó el miércoles que los ataques no van a cesar, pues es una reacción de las “élites políticas criminales” que temen perder el control de un sistema donde trafican corrupción, impunidad y “negocios turbios”.
“Nos están preparando para legitimar la mano dura” de cara a las elecciones generales de 2027, estima el fiscal Solórzano. Con un agravante, pues según dijo a la AFP el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el poder económico de las pandillas les permite financiar “campañas o impulsar a sus propios candidatos”.
Fuente: AFP.
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Guatemala despliega militares en barrios controlados por pandillas
Militares guatemaltecos comenzaron a patrullar el martes barrios de la capital controlados por pandillas, tras los ataques que dejaron diez policías muertos y llevaron al gobierno a decretar el estado de sitio, según fuentes oficiales y un periodista de la AFP. Pandilleros desataron el fin de semana una ola de atentados contra instalaciones policiales y patrullas en Ciudad de Guatemala y localidades vecinas en represalia por la retoma de tres cárceles donde presos mantenían como rehenes a 46 personas.
Ocho agentes murieron el domingo y dos el lunes debido a las heridas de arma de fuego que sufrieron en los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, considerada terrorista por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. En los operativos destinados a capturar a miembros de esa y otras bandas también participa la Policía Nacional Civil, dijo a la AFP la portavoz del Ejército, Pamela Figueroa.
Los soldados, portando fusiles de asalto, chalecos y cascos blindados, recorrieron estrechas calles, algunas empedradas, de barrios populares de la periferia norte de la capital controlados por pandilleros, observó un fotógrafo de la AFP. Montaron también puestos de control para verificar la identidad de conductores de vehículos y motociclistas.
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Previo al recorrido por calles de la Zona 18, los soldados y policías se reunieron en un campo de fútbol donde recibieron instrucciones. Un oficial de la policía les pidió a sus subalternos estar “en alerta” debido a que han recibido advertencias de posibles atentados en su contra.
“Ahora estamos trabajando en conjunto con el Ejército de Guatemala y la policía con la finalidad de ubicar a personas que tengan órdenes de aprehensión y vínculos con estas estructuras criminales”, señaló el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.
La vocera del Ejército evitó proporcionar el número de efectivos desplegados a raíz del estado de sitio que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó por 30 días para enfrentar a los criminales que, según él, son apoyados por políticos que intentan desestabilizar a su gobierno. El estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
Fuente: AFP.