Dos miembros de la pandilla Barrio Azteca han sido condenados a cadena perpetua por los asesinatos de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y otras dos personas hace 12 años, informó este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.
José Guadalupe Díaz Díaz, alias Zorro, de 43 años, y Martín Artín Pérez Marrufo, alias Popeye, de 54, ambos de Chihuahua (norte), fueron declarados culpables en febrero pasado. Un jurado federal de Texas los declaró culpables de múltiples cargos, entre ellos conspiración para el chantaje, tráfico de narcóticos, importación de narcóticos, lavado de dinero y asesinato.
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El 13 de marzo del 2010 Díaz y Marrufo formaron parte de los sicarios que asesinaron a la empleada del consulado de Estados Unidos Leslie Enríquez, su esposo Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra trabajadora. El ataque se produjo después de que las víctimas salieran de la fiesta de cumpleaños de un niño en Ciudad Juárez al confundirlos con pandilleros rivales.
Los hombres que los mataron “ahora pasarán merecidamente el resto de sus vidas en prisión”, afirmó el fiscal general auxiliar Kenneth A. Polite Jr, citado en el comunicado del Departamento de Justicia, en el que agradece al gobierno mexicano que los haya extraditado a Estados Unidos.
En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Barrio Azteca es una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero, el crimen organizado y actividades relacionadas con las drogas en El Paso, Texas.
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La pandilla se alió con otras bandas de narcotraficantes para luchar contra el cártel de Sinaloa, en aquel entonces liderado por el Chapo Guzmán, y sus socios por el control de las rutas del narcotráfico a través de Juárez, en Chihuahua.
Las rutas de la droga a través de Juárez, conocidas como Plaza Juárez, son importantes para las organizaciones narcotraficantes porque constituyen una vía hacia Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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El Salvador: movilizan a 6.000 efectivos para capturar pandilleros
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer domingo que desplegó 6.000 militares y policías para cercar remanentes de pandillas en el norte del país tras la muerte de dos personas.
“En este momento 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo”, escribió el gobernante en X. Argumentó que hace unos días “hubo dos homicidios” en esa zona, unos 90 km al norte de San Salvador, donde se capturaron a “dos culpables”, miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños.
“No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, advirtió en la red social, en la cual publicó un video del impresionante despliegue de uniformados organizados en escuadras y dos detenidos hincados con las manos esposadas.
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“Limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas”, publicó también en X el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, al describir el despliegue al sur del departamento de Chalatenango.
El Salvador vive desde hace dos años bajo un estado de excepción ordenado por Bukele, que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes.
A las pandillas, nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18 con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.
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Fuente: AFP
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Ratifican condena para rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa
Este viernes, la Cámara de Casación Bonaerense, confirmó las condenas que ya fueron impuestas a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa, hijo de paraguayos que residen en Argentina. El joven fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020, frente a una discoteca en Villa Gesell.
Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño, consideraron que los asesinos no actuaron con alevosía y corrigieron la calificación, pero de igual forma ratificaron que 5 de los acusados deberán cumplir prisión perpetua, en tanto que, los tres imputados restantes fueron condenados a 15 años de prisión.
Por lo tanto, fueron condenados a prisión perpetua como coautores penalmente responsables del crimen Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Recibieron pena de 15 años de prisión Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi considerados como partícipes secundarios durante el fatal ataque.
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Antecedentes
Según el informe Fernando Báez Sosa encontró la muerte a la salida de la discoteca en Villa Gesell, la noche del 18 de enero del 2020, luego de que estuviera compartiendo con unos amigos, pero en el interior del recinto se rozó con uno de los rugbiers, e inició una discusión, y todos fueron sacados del sitio. Fernando salió por la puerta principal acompañado de unos amigos fue a tomar un helado.
Los rugbiers fueron sacados por una entrada lateral y muy molestos esperaron a que la policía se retirase de la zona para atacar a Báez Sosa por la espalda. Cuando sus amigos trataron de defenderlo fueron repelidos a golpes, Fernando quedó tendido en el suelo sin posibilidad de defenderse, mientras seguía siendo golpeado hasta que los atacantes huyeron y cuando fue auxiliado ya fue demasiado tarde.
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Pandillas de criminales superan a la Policía de Haití
La violencia de los grupos armados no es nueva en Haití, pero las pandillas que hoy asolan el país se han profesionalizado y tienen mayor poder de fuego que la policía para llevar a cabo tráficos de todo tipo o secuestros extorsivos.
El viernes por la noche se produjeron disparos esporádicos en la capital, Puerto Príncipe, según constató un corresponsal de la AFP, mientras los habitantes de la ciudad buscaban desesperadamente refugio para escapar de la actual ola de violencia.
“Las pandillas son un fenómeno de larga data en Haití. Están vinculadas a una tradición de grupos armados no estatales que se remonta a los años 50, con el desarrollo de los ‘tonton macoutes’ del presidente François (Papá Doc) Duvalier”, explica la ONG Global Initiative against transnational organized crime en un informe publicado en febrero. Entre 1957 y 1986, el dictador “Papá Doc” y luego su hijo Jean-Claude Duvalier sometieron a la población al control total de esta milicia personal.
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A principios de la década de 2000, las “Quimeras”, partidarios armados del entonces presidente Jean Bertrand Aristide, sembraron el terror. Y hoy, “la influencia de los políticos y de los actores financieros en las actividades de las bandas es de carácter sistémico”, estiman los expertos de Naciones Unidas responsables del seguimiento de las sanciones contra los líderes de las bandas en su último informe de septiembre de 2023.
Unas 200 bandas profesionales
El documento de la ONU estima que en Haití operan 200 pandillas, grupos organizados que usan “armas de fuego sofisticadas” y se dedican al “tráfico de armas o drogas, extorsión, secuestro, asesinato, violencia sexual y desvío de camiones”. Unas 23 bandas operan en la capital y controlan el 80% del territorio.
Están agrupadas en dos coaliciones principales involucradas en guerras territoriales: la “Familia G9″, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, y el G-Pèp.
Pero varios de sus líderes se han aliado para los ataques de los últimos días contra lugares estratégicos del país, exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. “Unirse es la única manera de que las bandas tengan una influencia a gran escala en lo que ocurre ahora en el país y en el desarrollo del próximo gobierno”, explica a la AFP Robert Fatton, de la Universidad de Virginia, aunque duda de que esta alianza “oportunista” pueda mantenerse en el tiempo.
Potencia de fuego
La misión de paz de la ONU (Minustah), desplegada entre 2004 y 2017, logró algunos éxitos contra las pandillas, pero luego éstas consolidaron su poder, en número de armas y calibre. “Disponen de arsenales cada vez más sofisticados y su poder de fuego supera al de la policía”, señalan los expertos de la ONU.
Si bien las pistolas y los rifles semiautomáticos siguen siendo las armas más utilizadas, también cuentan con ametralladoras ligeras y balas de punta hueca.
Algunos han aumentado sus capacidades tácticas, reclutando a exsoldados o policías, y otros utilizan drones para identificar potenciales víctimas de secuestros o controlar el territorio.
Extorsión
Según Global Initiative, la extorsión es la principal fuente de ingresos de estas pandillas, que exigen dinero a las empresas a cambio de su protección y cobran “peajes” a los vehículos que circulan por las carreteras que controlan.
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Para salir o entrar en Puerto Príncipe, “uno debe estar dispuesto a pagar un impuesto criminal oficial o arriesga su vida”, dijo Ulrika Richardson, coordinadora humanitaria de la ONU en Haití.
El secuestro “se ha convertido en una industria que genera millones de dólares al año”, destaca Global Initiative.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2021 el país también ha experimentado un aumento en el tráfico de armas, provenientes principalmente de Estados Unidos.
Haití sigue siendo a su vez un territorio “de tránsito de drogas, fundamentalmente cocaína y cannabis”.
Fuente: AFP
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Acusan a 492 pandilleros de Mara Salvatrucha en primera audiencia
Un tribunal de El Salvador celebró ayer jueves una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 homicidios. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en la red social X que los líderes de la MS-13 están “vinculados a 37.402 delitos, cometidos entre 2012 y 2022″.
“A este corporativo se les está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas”, dijo el subdirector fiscal contra la criminalidad, Max Muñoz, en un video difundido por la fiscalía. Muñoz aseguró que también se les acusa del “delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador” por “haberse alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio” salvadoreño, el 80 % según el gobierno.
Los pandilleros están señalados también de “cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines”, agregó el fiscal. La audiencia se celebró cuatro días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, autoproclamara su reelección con un 85 % de los votos, gracias a su “guerra” contra las pandillas que redujo a su mínima expresión los homicidios.
“Mañana (viernes) conoceremos la resolución del juez”, dijo tras finalizar la jornada de este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la red social X. Los cabecillas “sembraron el terror” por décadas y “pagarán por cada vida” segada, aseguró.
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“En un mismo saco”
El país vive desde hace dos años bajo un estado de excepción que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.
Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, “los juicios colectivos dejan muchas dudas”, cuando lo pertinente sería “individualizar” responsabilidades. “Si se comprueba que son líderes y que han cometido delitos graves contra la población, me parece a mí que deben sufrir un juicio justo y que realmente los puedan condenar”, subrayó. Montenegro recordó que el problema de los juicios colectivos es que, en el marco del régimen de excepción, se detiene a personas inocentes sin orden judicial y “se mete en un mismo saco a todos”, sin derecho a tener un defensor.
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Los “ranfleros”
Para realizar la audiencia, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador estableció “conexión” por internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros, entre ellos la megacárcel que inauguró Bukele hace un año. El fiscal precisó que entre los procesados figuran 24 cabecillas de la “ranfla histórica” (máxima estructura), 215 ranfleros y 253 “corredores de programas” (responsables de varías células en una región). Muñoz explicó que de los 215 “ranfleros”, 166 se encuentran en presidios y 49 “en la libre”.
“Consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas”, aseguró la Fiscalía. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a las pandillas el gobierno les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18 con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros. El submundo de las pandillas opera jerárquicamente y en “clicas” o “canchas” (células) que controlaban barrios donde imponían un implacable código para someter a los habitantes y extorsionar hasta a las vendedoras de tortillas.
Las pandillas tienen su propio lenguaje y en un inicio su distintivo eran los tatuajes en muchos casos de pies a cabeza, y los grafitis o “placazos” que colocaban en paredes o muros para marcar territorio. El gobierno borró la mayoría de esos símbolos.
Fuente: AFP.