La costarricense Rebeca Grynspan encabezó por tercera vez el martes una votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en lo que parece un despunte de su candidatura por la secretaría general de la organización, según una fuente diplomática. Varios integrantes del órgano más poderoso de la ONU han manifestado su deseo de que, por primera vez, Naciones Unidas elija una mujer para ocupar la secretaría general y suceda así al portugués Antonio Guterres, cuyo mandato expira a finales de diciembre.

Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, ha quedado en primer lugar en tres de las cuatro votaciones exploratorias a puerta cerrada. Sin embargo, un veto de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, podría frenar su impulso.

El martes recibió 10 votos favorables y tres votos negativos de “desaliento”, además de dos indicaciones de “sin opinión”, según el diplomático que pidió no ser identificado, en confirmación de lo difundido por medios especializados en la ONU. La excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, que encabezó por un estrecho margen la segunda ronda del proceso, quedó segunda el martes, con ocho respaldos.

Cuatro mujeres y tres hombres compiten por la secretaría general de la ONU. Entre ellos, el argentino Rafael Grossi, actual director del organismo de supervisión nuclear de la ONU, en tercer lugar; seguido por el senegalés Macky Sall, las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa y el ugandés Olara Otunnu.

Se especula con la posibilidad de que aparezca en el proceso un candidato de compromiso, a petición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos.

Incluso si un candidato consigue los nueve votos necesarios de los 15 disponibles en el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de alguna de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez que un candidato supera esos obstáculos, su nombre se envía a la Asamblea General, integrada por todos los miembros de la ONU, para su confirmación.

Fuente: AFP.

Tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión en Irak, donde ayudó a liberar al país del grupo Estado Islámico, al tiempo que causó constantes fricciones. El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, celebró este miércoles el fin de la misión y habló de un nuevo capítulo en la historia del país.

“Ha comenzado una nueva etapa, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y unas alianzas equilibradas con sus amigos”, dijo durante una ceremonia. El Departamento norteamericano de Defensa anunció minutos antes en un comunicado el fin oficial de la operación ‘Inherent Resolve’ en Irak.

Las fuerzas de esa alianza llegaron a Irak y Siria para combatir al grupo Estado Islámico (EI), que en 2014 tomó grandes extensiones de ambos países, donde cometió numerosas masacres, decimó a la minoría yazidí y esclavizó a mujeres y niños.

Con la indispensable ayuda de los combatientes kurdos y de milicias iraquíes afines a Irán, el movimiento fue derrotado en 2017 en Irak y en 2019 en Siria.

Pero las fuerzas de la coalición permanecieron para enfrentar a sus remanentes.

Bagdad y Washington acordaron en 2024 poner fin a la misión, y sus soldados comenzaron a retirarse gradualmente de las bases en Irak, limitándose finalmente a la norteña región autónoma del Kurdistán.

Para el gobierno iraquí, la salida de la coalición significa que las milicias proiraníes ya no tienen excusas para mantener sus arsenales.

Al Zaidi declaró el 1 de octubre, la primera jornada tras el retiro de la coalición, como Día de la Soberanía.

El lunes, los líderes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial elogiaron la ocasión como un hito que “consolida la presencia del Estado y sus instituciones”.

Pero advirtieron que ahora “se debe abordar la presencia de armas fuera de la autoridad estatal (...) en línea con los plazos establecidos por el gobierno”.

Zaidi, quien llegó al poder este año con apoyo estadounidense, prometió reforzar el control estatal sobre las armas y asegurar que las facciones proiraníes entreguen su armamento al Estado.

Inicialmente, su gobierno fijó este 30 de septiembre como fecha límite para que esas facciones se desarmaran, pero luego retiró dicho tope para dejar espacio a las conversaciones políticas sobre la “regulación” de las armas, un asunto que llevará tiempo resolver.

Varios grupos se niegan a desarmarse, y plantearon como condición no sólo el retiro de las tropas extranjeras, sino también el fin de la interferencia política y económica estadounidense.

El grupo Kataeb Hezbolá dijo el lunes en un comunicado que la salida de “las fuerzas de ocupación (...) es un primer paso para alcanzar la plena soberanía”.

De paso amenazó también al gobierno de Zaidi.

“Un gobierno que no trabaja por el bien de su pueblo será depuesto por todos los medios posibles”, aseguró el grupo.

Durante la batalla contra el EI, la coalición internacional y las facciones proiraníes enfrentaron a los yihadistas, su enemigo común.

Pero tras la derrota del Estado Islámico, un grupo sunita ultrarradical, la presencia de la coalición se convirtió en un foco de disputa entre las autoridades iraquíes y las facciones afines a Irán, la gran potencia chiita de Oriente Medio.

Durante la guerra de Oriente Medio, Irán y sus milicias aliadas intensificaron los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región del Kurdistán.

Esos grupos exigieron el retiro de tropas estadounidenses y las atacaron con drones y misiles, lo que provocó bombardeos de represalia.

Los kurdos de Erbil, la capital de la región de Kurdistán, dijeron a la AFP que les preocupa saber quién los protegerá de los drones que suelen atacar su zona cuando se retiren los interceptores de la coalición.

Fuente: AFP.

La presidenta de Venezuela participará en la Asamblea General de la ONU, informó el domingo el Ministerio de Comunicación, en un viaje marcado por la expectativa de un posible encuentro con el mandatario Donald Trump. Delcy Rodríguez asumió el gobierno en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. Desde entonces gobierna bajo la tutela de Washington.

“La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial”, dijo el Ministerio de Comunicación en un video publicado en redes sociales. Será la primera participación de un mandatario venezolano desde el discurso de Maduro en 2018. “Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, agregó.

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo este viaje. No han hecho pública su agenda ni las reuniones previstas. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Rodríguez ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria. Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, también ha afirmado las últimas semanas que tiene previsto un encuentro con Rodríguez en la ONU. La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, logró una “tregua” tras años de represión, pero el país requiere de reformas institucionales urgentes, consideró el viernes la oenegé HRW, que estuvo ausente por casi dos décadas de esta nación. “Hay una pausa en la represión”, dijo a la prensa internacional, Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con la mandataria en Caracas.

Pero añadió que “en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos”. Una delegación de la oenegé, basada en Washington, regresó esta semana a Venezuela luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsara en 2008 al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, y limitara el ingreso de misiones internacionales independientes.

Para Borello, “nada es irreversible hasta que haya una completa transición institucional” y “garantía un estado de derecho”. Eso solo sucederá cuando el legislativo derogue normas “muy problemáticas, como la ley contra el terrorismo, la ley contra el odio, fiscalización y otras” como la ley Bolívar, que castiga de manera severa a quienes promuevan sanciones contra Venezuela y prohíbe participar en política.

Venezuela vivió una ola de represión recrudecida tras la polémica reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024. Miles de personas acabaron en la cárcel o en el exilio. El regreso de esta organización ocurre ocho meses después de la captura de Maduro en un sangriento operativo militar estadounidense. Presionado por Washington, el gobierno de Rodríguez impulsó desde febrero una amnistía que permitió excarcelar a 1.046 presos políticos, según sus propias cifras. Aunque, la oenegé Foro Penal dice que aún hay más de 340 tras las rejas.

Borello precisó que tiene conocimiento de 900 liberados y de los cientos que siguen presos, además de que muchos excarcelados siguen con procesos en su contra que “restringen su libertad” plena. Se comprometió a entregar a la brevedad al gobierno una lista de presos políticos.

La oenegé pidió el cierre de El Rodeo, “definida por muchos de los familiares de los presos y de las organizaciones de la sociedad civil como un centro de tortura”, indicó el subdirector ejecutivo de HRW, que dijo haberse reunido con familias de los presos políticos, con opositores y representantes de la prensa en Venezuela. También habló de la necesidad de una transición democrática.

“Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Eso requiere permitir urgentemente que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”, añadió. “Sabemos que el aparato legislativo e institucional de los últimos 27 años sigue intacto”, agregó.

Borello cree que la pausa empezó con la captura de Maduro y que “seguramente hay una presión que viene de afuera”, pero también existe “una presión que viene de adentro”. Estimó que Washington “debería usar su influencia para desempeñar un papel protagónico en la promoción de cambios significativos en materia de derechos humanos en Venezuela”.

La inesperada reunión de Delcy Rodríguez con HRW el jueves estuvo precedida del anuncio del desbloqueo de decenas de sitios de noticias que llevaban años censurados en Venezuela y la reanudación del diálogo político con la oposición. Las delegaciones acordaron crear una mesa técnica que abrirá un proceso de consultas para implementar mejoras en el ámbito de la libertad de expresión, informaron en un comunicado conjunto.

Las negociaciones, auspiciadas por Estados Unidos, iniciaron en agosto y apuntan a una transición política. Esta segunda ronda de conversaciones culminará el 23 de septiembre. La jornada se vio ensombrecida por la aparatosa detención temporal el jueves de un exalcalde opositor que había retornado al país del exilio tan solo 48 horas antes.

Fuente: AFP.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, retiró el sábado su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, semanas después de conocerse un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos. Bachelet ironizó el 3 de septiembre sobre las pocas posibilidades que tenía de ser secretaria general de la ONU en un evento universitario.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas”, indicó la exmandataria mediante un video difundido en sus redes sociales. “Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, señaló.

Bachelet destacó que su postulación ayudó a instalar el debate sobre la necesidad de que la próxima secretaria general sea una mujer latinoamericana e independiente. El gobierno chileno en un comunicado recordó “que en marzo retiró su apoyo a la candidatura de Bachelet y señaló que desde entonces no respaldó a ninguno de los candidatos en competencia”.

El gobierno “reafirmó además su compromiso con el multilateralismo y la reforma de Naciones Unidas”.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables.

La exmandataria socialista fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil.

Sin embargo, su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

“Agradezco muy especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción”, agregó.

En 80 años de historia ninguna mujer ha ocupado la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

Fuente: AFP.