Presos dispararon contra policías este sábado en la misma cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil en la que el martes hubo un motín que dejó al menos 118 muertos, incluidos seis decapitados, informó la institución policial.
“Durante la intervención de la Policía de Ecuador, en el #CPLGuayas No. 1, fueron recibidos con disparos por las PPL (personas privadas de la libertad)”, reportó a través de su cuenta en Twitter, sin precisar si se registraron nuevas víctimas.
La Policía añadió que “de inmediato NEUTRALIZAMOS esta acción” y que “AL MOMENTO se mantiene el control y el orden en el centro carcelario”.
El hecho se produjo en la misma penitenciaría de Guayaquil en la que el martes se desataron enfrentamientos a bala entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional, que se disputan el poder, con saldo de al menos 118 muertos y 86 heridos, en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina.
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El jueves, la comandante de la Policía, Tanny Varela, dijo que las autoridades habían asumido el control del reclusorio, parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste ecuatoriano).
Fuente: AFP.
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Guarambaré: investigan tiroteo entre policías e hinchas que terminó con un fallecido
El Ministerio Público investiga el caso donde un hombre resultó muerto en la tarde de ayer domingo en medio de disparos efectuados entre presuntos hinchas y efectivos policiales tras incidentes registrados en el marco de un encuentro deportivo que se disputaba en el estadio 25 de Septiembre de la ciudad de Guarambaré. En el hecho resultaron heridos dos policías.
El fiscal Eduardo Román indicó que se constituyó en la comisaría donde se encuentran los policías que intervinieron en el hecho para tomar muestras y determinar si alguno de ellos realizó los disparos. Señaló que cuentan con videos del momento de los incidentes que serán analizados y que ya fueron puestos a disposición de agentes del Departamentos de Homicidios y de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
“Tenemos imágenes de dos de ellos (presuntos hinchas) que tienen y portan armas de fuego, y en especial la persona de 33 años que resultó abatida. Hay imágenes en las que se nota claramente que incluso está efectuando disparos. Es más, tenemos nosotros dos policiales heridos, uno con herida de bala”, expresó.
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En comunicación con la 1080 AM, el agente del Ministerio Público detalló que esta mañana se llevará a cabo la autopsia en la Morgue Judicial para la extracción del proyectil que acusó la víctima, identificada como Néstor Pintos (33).
En cuanto al actuar del personal policial, que habría respondido con disparos en medio de los incidentes, el fiscal dijo: “Estamos haciendo el trámite de verificación completo como para tener una mejor expectativa de todas esas situaciones. Entonces, basado en todo el resultado tengamos, es que queremos tomar la decisión que corresponde”.
Consultado si el fallecido tenía con antecedentes policiales, sostuvo no tiene una confirmación, pero añadió que recibió reportes de que contaba con medidas alternativas a la prisión.
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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El Canal de la Muerte: el macabro vertedero que refleja la violencia en Ecuador
Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.
El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.
A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.
“La muerte nos visita”
“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.
“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Abusos
Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.
Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.
Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
“Matan por otras partes”
La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.
Fuente: AFP.
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Piden 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino por contrabando
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, por contrabando al quedar probado que cometieron el hecho punible de tentativa de contrabando, al intentar ingresar al país con más de USD 200.000, además de dinero en guaraníes y pesos argentinos, sin declararlo ante la autoridad paraguaya competente.
La representante de Ministerio Público Ysarel Villalba sostuvo que durante el juicio se demostró que ambos extranjeros intentaron introducir al Paraguay dinero en efectivo oculto en un maletín que se encontraba dentro del vehículo en el que viajaban.
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La fiscalía explicó que, conforme a las declaraciones de los agentes policiales y funcionarios de la DNIT que participaron del procedimiento, se acreditó que los acusados guardaron silencio cuando fueron consultados sobre si tenían bienes o valores que declarar, omitiendo informar sobre las divisas transportadas.
Asimismo, Villalba hizo referencia al resultado del procedimiento administrativo llevado adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, que concluyó que ambos incurrieron en una infracción aduanera de contrabando. En esa causa administrativa se dispuso el comiso del vehículo y de gran parte del dinero incautado.
Por su parte, la defensa de ambos acusados sostiene que no se pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados. El juicio seguirá el 13 de julio.