Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato. El sábado pasado, poco después de las 18:00 (22:00 GMT), un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca “sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar”. “La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento”, dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud. Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido. “Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país”, escribió Trump en su red social Truth Social horas después.

Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según los reportes, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington. “Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, y captó el ruido de los disparos mientras se tiraba al suelo. “Sonaron como decenas de disparos”, dijo en X.

El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas. El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento. En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida. “Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo”, dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.

Trump ha citado preocupaciones de seguridad como uno de sus motivos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, para lo cual ordenó demoler el ala este del histórico edificio tras asumir nuevamente el cargo el año pasado. El proyecto, de 400 millones de dólares y que se está construyendo, contará, según el mandatario, con seis pisos bajo el salón de baile altamente seguro y “a prueba de drones”, incluyendo un hospital militar subterráneo.

Fuente: AFP.

El Ministerio de Justicia informó este jueves que un grupo de hombres intentó atentar contra Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” en la penitenciaría de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Se presume que estas personas formarían parte del Primer Comando Capital (PCC) y tuvieron colaboración de agentes penitenciarios.

Según Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, un grupo integrado por siete internos, que fueron identificados y formarían parte del PCC, llegaron hasta la celda Tío Rico. En ese momento, el recluso no se encontraba en el sitio porque estaba en una audiencia telemática.

“El 11 de mayo se detectaron movimientos por parte de un grupo de PPL, lo cual nos generó alerta. En ese momento, no se puso en riesgo la vida del interno que era el objetivo, pero se hicieron sumarios disciplinarios, traslados y otros trabajos”, expresó Maciel, en entrevista con “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Refirió que se trató de algún intento de vulnerar su integridad física de alias Tío Rico y que actualmente se están investigando el caso.

“Toda la información recolectada ya fue comunicada al Tribunal de Sentencia, estuvieron vinculadas unas siete personas que asumimos, querían atentar contra la vida de Insfrán, es lo que podemos inferir”, señaló.

Agregó que también se tendrían información de que habrían participado en el hecho tres funcionarios penitenciarios. “Estos que se encargaban de vigilar el sector donde está la celda de Insfrán. Estos ya fueron apartados de su cargo”, puntualizó.

Miguel Insfrán está siendo investigado por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su estructura fue desmantelada en el operativo A Ultranza PY, considerado el mayor procedimiento contra el narcotráfico. Se lo sindica como uno de los socios del uruguayo Sebastián Marset.

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Este miércoles, una joven que fue baleada durante un asalto en la ciudad de Lambaré y que reconoció al presunto autor tras su detención, teme a que este sea liberado. La Fiscalía hasta el momento no tiene elementos que comprueben su participación en el hecho, solo el testimonio de la víctima.

Según Fiorela Figueredo, joven que fue herida de bala, la Policía Nacional logró detener al presunto autor del disparo, pero hasta el momento sigue detenido solo ante su insistencia. Denunció que la fiscal, Laura Cubilla, el mismo día de la detención ordenó la liberación de esta persona.

El detenido y acusado como presunto autor de los disparos es Ariel Huerta, de 30 años, quien fue reconocido por Figueredo como la persona que la siguió y disparó durante un asalto en la vía pública. El atraco quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad y piden que sean cotejadas.

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“Nos enteramos que la fiscal de turno Laura Cubilla ordenó la no retención del sujeto por falta de pruebas. Que más pruebas necesita que las heridas que tengo en la pierna. El tipo nos disparó como si fuese que nos quería matar, escuchamos tres disparos”, detalló Figueredo, en entrevista con canal Trece.

Explicó que todo ocurrió la noche del 16 de mayo en el barrio Mbachio mientras circulaban con su pareja en una motocicleta y fueron interceptados por otros motociclistas. Uno de ellos sin mediar palabras realizó disparos que dieron en la mujer y luego detuvieron la marcha, en ese momento el delincuente les apuntó y se llevó la moto.

“Ayer martes nos avisan que lograron capturar a esta persona que habría realizado los disparos, acudimos para reconocerle, pero la fiscal dijo que estaba de reposo y que no se le podía retener por falta de pruebas. Esto no puede quedar así”, puntualizó.

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