“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.

El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?

Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.

Lea también: “Gracias por traerme de vuelta a la plaza”: el agradecimiento del papa a su enfermero

Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.

De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.

Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.

En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.

La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.

Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.

Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.

El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.

Le puede interesar: Féretro del papa ya se encuentra en la basílica de San Pedro para el último adiós

El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.

Fuente: AFP

El secretario general y jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno, Eduardo González, se refirió a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales que fueron presentadas esta semana ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado y que se decidió acompañar su estudio en el ámbito del Congreso Nacional.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, con el equipo de apoderados de la Asociación Nacional Republicana, constantemente están dando seguimiento a todas las propuestas de leyes que afecten al proceso electoral.

Le puede interesar: Las injustas sanciones desalentaron importantes inversiones extranjeras, sostiene Maidana

Indicó que por la experiencia pasada es necesario ir corrigiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, señaló que acompañan el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.

“Lo que nosotros pretendemos es que se inscriban los movimientos para la obtención del RUC, porque el movimiento es el que tiene el RUC no los candidatos. Entonces inscribir las candidaturas una semana después de eso. Simplificando el trabajo”, explicó.

Señaló que también analizaron la cuestión de los bancos no solo autoricen a los movimientos internos, sino a los movimientos en general en las internas y en las generales. Además, que no solamente puedan habilitar de la cuenta, sino que también puedan operar, ayudando de ese modo, a que no sean inconvenientes para la participación.

Por otra parte, también analizan la propuesta que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP); que actualmente se hace cada 31 de diciembre.

Explicó como las internas de la ANR, posiblemente sean en junio del 2026, y para esas elecciones se usará el corte del 31 de diciembre del 2024 y no se podrán incluir las afiliaciones de este año. Mientras que las elecciones municipales que serán en octubre del año que viene, ya se usarán el padrón con corte 2025.

“Hay un desfasaje importante ahí, que crea inconveniente, inclusive con las candidaturas. A nivel municipal, una persona pudo haberse mudado de distrito y eso puede crear un tipo de inconveniente. Por lo cual, solicitamos que eso sea modificado, para que los años antes de las elecciones, se permita que el corte administrativo del RCP sea próximamente entre junio y julio”, explicó.

El apoderado de la ANR también se refirió a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, que el Código Electoral establece horario diferenciado para el invierno y el verano. Por lo que ahora proponen que se rija al horario vigente en Paraguay y que sean las elecciones de 7 a 16 horas.

“Esto va a permitir también que, en el momento más álgido de las elecciones, que suele ser el escrutinio, se pueda realizar en lo posible, habiendo todavía luz solar. Por cuestión de seguridad”, explicó.

Finalmente, señaló que también están planteando excluir como sujeto obligado de la ley de financiamiento a las autoridades partidarias.

“Porque directamente el presidente, los miembros seccionales no reciben salario del Estado, no manejan fondos públicos, entonces no tiene sentido que sean sujetos obligados. Esto hace que mucha gente no quiera participar como candidato. Por tanto, eso está afectando también a la política, y lo que queremos es que eso también sea corregido de esta manera”, concluyó.

Siga informado con: Pacto Abdo - Ostfield: capítulo oscuro de la historia de Paraguay que debe ser investigado

El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.

La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

Te puede interesar: Johana Ortega traspasó la línea de la ética y la honorabilidad, cuestiona exdiputado

Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.

También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.

Lea también: Peña expone manipulación mediática: “Detrás hay un interés económico clarísimo”

El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Este mes de abril el Ministerio de Salud arrancó con los trabajos de encuesta Rápida de Ceguera Prevenible (RAAB), que se hará en una primera etapa en localidades del interior del país y la primera jornada arrancó en comunidades del departamento de Itapúa. Las evaluaciones oftalmológicas son hechas por un equipo técnico y son gratuitas; se realizan en personas mayores de 50 años.

Con esta encuesta se busca estimar la prevalencia de ceguera y discapacidad visual evitable en personas de 50 años o más. Los resultados permitirán identificar las principales causas de ceguera y deficiencia visual que pueden ser detectadas a tiempo. De esta forma el ministerio podrá diseñar e implementar políticas más eficaces en salud ocular, orientadas a la prevención y tratamiento oportuno.

Los equipos que recorren las viviendas están plenamente identificados con batas y chalecos del Ministerio de Salud que durante su paso por las casas realizan exámenes oftalmológicos básicos y rápidos (tamizaje). Además, dan orientación sobre los cuidados que deben tener para la vista y también realizarán derivación a servicios de salud especializados en caso de ser necesario.

Te puede interesar: El día que la ciudad de Ayolas fue sitiada por los escarabajos

Desde la cartera sanitaria explicaron que los equipos no entregarán lentes ni medicamentos durante las visitas domiciliarias, pero sí podrán recomendar a quienes necesitan de asistencia urgente. Tras la visita, se conocerá la situación actual de causas de ceguera dentro de cada comunidad por lo que instan a la ciudadanía, que es seleccionada aleatoriamente, a recibir a los técnicos.

La RAAB es impulsada por el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Nacional de Salud Ocular bajo asesoría de la OMS/OPS y en coordinación con el Comité Nacional de Visión (Conavip), equipos técnicos de trabajo debidamente capacitados e identificados estarán visitando las comunidades seleccionadas a partir de este mes de abril del presente año, iniciando en localidades del Departamento de Itapúa.

Lea también: Se anuncia un domingo cálido y sin lluvias