Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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• Lima, Perú. AFP.

Dina Boluarte es quizás la presidenta más impopular del mundo, con apenas un 2 % de aprobación. Pero se aferra al poder y analistas dan por descartado que terminará su mandato en 2026, pese al rechazo de los peruanos y múltiples escándalos. “¿Hasta cuándo vamos a vivir con miedo? ¡Lárgate Dina!”, leía una pancarta en una reciente marcha en Lima por el auge del crimen organizado.

Sin bancada propia, la presidenta conservadora de 62 años gobierna Perú desde hace dos años y medio en tácita alianza con el Congreso controlado por la derecha y ultraderecha, una economía blindada frente a la crisis política y una campaña electoral donde no puede participar. Quizás su principal carta es la ausencia de líderes alternativos que amenacen su precaria estabilidad de aquí al 2026, cuando termina su gobierno, en medio de una apatía social.

La persiguen una docena de investigaciones fiscales por la represión policial que causó la muerte de 50 manifestantes, su omisión en declarar joyas y relojes de lujo que recibió como regalos, o su cirugía de nariz no declarada.

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Pero su popularidad se evaporó sobre todo con el auge de la extorsión del crimen organizado.

“¡Dina traidora, corrupta y asesina!”, leía otra pancarta de una reciente marcha contra la gestión de la mandataria.

En mayo Boluarte tocó fondo en los sondeos, con 2 %, un punto porcentual menos respecto a la medición de abril de la firma Ipsos.

“Podríamos estar hablando entonces de un récord mundial de desaprobación presidencial, y además sostenida”, dijo a la AFP el presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.

“Está desde hace casi un año por encima del 90 % de desaprobación y su aprobación cayendo al mínimo”, añadió. “Es un caso único” en 40 años de encuestas en Perú, destacó.

Ipsos hace encuestas en 90 países y tampoco tiene un registro tan bajo de aprobación en otro lugar.

“Señor, perdónalos porque no saben lo que encuestan”, se defendía ya la presidenta en diciembre, cuando los estudios de opinión ya la perfilaban como la más impopular del mundo.

Boluarte inició su mandato en diciembre de 2022 con 21 % de aprobación y 68 % de desaprobación.

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“En Perú hay una paradoja política: Boluarte es la presidenta más débil de la última década, por su impericia y carecer de partido”, dice a la AFP el analista político Augusto Álvarez, director de A3R.net, un medio digital.

Sin embargo, “esa también es su fortaleza pues para muchos, incluyendo el congreso -que puede destituir mandatarios-, es un gran negocio tener una presidente frágil a la que usan como piñata para sacarle de todo”.

La mayoría conservadora del Congreso además la apoya porque si la despide debe nombrar a la presidencia a un parlamentario de consenso, tarea prácticamente imposible a raíz de la actual polarización.

Su impopularidad se remonta a cuando reemplazó al destituido Pedro Castillo y decidió quedarse en el poder en vez de convocar a elecciones anticipadas.

Boluarte, hasta entonces su discretísima vicepresidenta, engrosó así el historial de inestabilidad peruana.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes, dos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino de 8 meses y Boluarte que llegó luego del frustrado golpe de Castillo.

Aun así, la gente no sale a protestar masivamente “porque sienten que no vale la pena: si renuncia o es destituida sería reemplazada por un congresista, pero el Congreso también tiene pésima imagen. Por eso hay abulia en las calles”, dice el responsable de Ipsos.

En los sondeos “no hay ningún candidato que cautive, por eso la gente no tiene apuro por sacarla del poder y opta por seguir con ella”.

En las calles de Lima los peruanos no ahorran críticas.

Boluarte “no tiene empatía, es una presidenta incapaz, no resuelve el problema de la seguridad. Estamos esperando que termine y se vaya para que entre un nuevo gobierno a resolver este problema”, dice Saturnino Conde, un profesor de 63 años.

Pero hay excepciones. “Es injusto que tenga tan baja su aprobación porque con ella la economía se está manteniendo (...) No veo que sea motivo de desagrado que lleve un Rolex, que se haya hecho cirugías”, señaló a la AFP Blanca Romero, una historiadora de 75 años.

El buen ritmo de la economía peruana contribuye a evitar su colapso. En el primer trimestre el PIB creció 3,9 %, y en todo el año pasado se expandió 3,3 %. “Otra razón por la que Boluarte se sostiene es que la economía sigue caminando, hay una resiliencia enorme y los ingresos de la población están creciendo”, resalta Álvarez.

En sesión ordinaria, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de protección de datos en el Paraguay”. Tras el visto bueno de la mayoría de los diputados presentes en la sesión, la iniciativa será remitida a la Cámara de Senadores para su análisis.

“Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, hemos analizado el proyecto en el panorama digital contemporáneo, donde la información personal fluye con una rapidez sin precedentes y la necesidad de protección legal robusta se vuelve ineludible. El presente proyecto de ley de protección de datos surge como una respuesta directa a esta apremiante realidad reconociendo la creciente exposición y vulnerabilidad de los datos de nuestros ciudadano”, expresó el diputado Néstor Castellano.

De acuerdo a lo que expuso el legislador, la legislación vigente en torno a la protección de datos quedó muy rezagada ante las dinámicas tecnológicas actuales, por lo que esta propuesta legislativa, busca llenar el vacío existente, estableciendo un marco normativo modelo, alineado a estándares internacionales y que permitirá a los ciudadanos tener un control efectivo sobre su información personal.

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Cabe mencionar que la aprobación de esta ley, contempla la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo con la autoridad y las herramientas para supervisar, regular y sancionar cualquier contravención a la ley, explicaron. La diputada Rocío Abed, integrante de la Comisión de Equidad, también se pronunció a favor de la aprobación con modificaciones.

“Luego de escuchar a las comisiones especializadas, de Ciencias y Tecnologías y Asuntos Económicos y luego del estudio, la sugerencia de modificaciones, después de las audiencias públicas, adecuaciones a las sugerencias recogidas nuestra recomendación es la aprobación con las modificaciones porque los dictámenes son coherentes, consistentes y uniformes”, sostuvo.

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