La laguna de Apastepeque, en el centro de El Salvador, adquirió una coloración turquesa debido a una proliferación de cianobacterias que causa al mismo tiempo inquietud y satisfacción entre los pobladores. Las cianobacterias son unos microorganismos conocidos como algas verdeazuladas, cuyo incremento, según el ministerio salvadoreño del Medio Ambiente, se asocia a factores como la alta radiación solar, la ausencia de nubosidad y la condición alcalina del agua.

Aunque no hay una alerta sanitaria para la turística Apastepeque, en 2025 el ministerio pidió evitar inmersiones en otro lago con aglomeración de cianobacterias, al advertir que podían irritar la piel. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estos microorganismos pueden producir toxinas y ocasionar síntomas respiratorios y sarpullido.

Aunque genera inquietud, el cambio de tonalidad también se convirtió en una buena noticia para los comerciantes del lugar que se benefician de un mayor arribo de turistas curiosos de ver y navegar por este espejo de agua verde, donde se practica la pesca deportiva.

“La gente se ha asustado al ver que sí está color turquesa, la vienen a ver (y) le toman fotos”, cuenta a la AFP Linda Alfaro, de 49 años, que tiene un restaurante a orillas de la laguna, situada a unos 70 km al este de San Salvador, en el departamento de San Vicente.

Nativa de la zona, Alfaro comenta que el lago a veces se ve café, amarillo o un poco verde, pero por primera vez cambió a turquesa.

El director del Centro de Investigación Ambiental de la estatal Universidad de El Salvador (UES), Édgar Marinero Orantes, explicó a AFP que este tono se produce por un contraste entre las cianobacterias y la luz del sol.

Pese al nombre que se les da por el color, estos microorganismos no son algas.

Con un equipo “sonar” (Sound Navigation And Ranging), investigadores de la UES establecieron que la laguna es un “maar” (cráter volcánico ancho y bajo), tiene 44 metros de profundidad y no registra “irregularidades en el fondo” de minerales.

La laguna “está tranquila, no pasa nada, los pescados están vivitos y coleando”, celebra Linda Alfaro.

Las explicaciones de algunos lugareños sobre el fenómeno están muy cerca de la realidad. “No hay ningún tipo de contaminación externa” y “la suposición que tenemos es que es por las altas temperaturas”, sostiene Kevin Flores, lanchero de 33 años feliz por el mayor flujo de turistas.

Fuente: AFP.

Paraguay se posicionó como el cuarto país con mayor participación en el hashrate global de Bitcoin (minería de criptomonedas), con aproximadamente un 4,3 % del total mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, según reportes recientes de Hashrate Index, un portal internacional dedicado al análisis de la industria minera de bitcoin.

Además, cuenta con más de 40 EH/s (exahashes por segundo) de aporte a la red, liderando actualmente en Latinoamérica. Dicho crecimiento estuvo impulsado por la energía eléctrica abundante, barata y renovable proveniente principalmente de las represas de Itaipú y Yacyretá, factores que han convertido al país en un punto estratégico para la instalación de operaciones vinculadas a la minería de criptomonedas.

Se detalló además que las mineradoras operan con instalaciones que cuentan con medidores especiales y pagan una tarifa superior a la del consumo residencial o industrial. En torno a ello, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera recaudar este año 350 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la que hubiera recibido mediante la venta de esa energía a países vecinos.

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Al respecto, Cecilia Maio, analista y fundadora de Ransen Group, se refirió acerca de la resolución 40/2026 emitida en marzo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que establece nuevas obligaciones informativas para el sector de criptoactivos, agregando que incluso abarca operaciones como uso, transferencias, y un universo importante de ítems.

“Lo que lanza la DNIT en esta regulación, que es la 47/2026, es que es una obligación informativa sobre este tipo de operaciones. No hay un marco regulatorio general ni integral, sino lo que dicen es que se tiene que empezar a informar sobre el uso de criptoactivos”, comentó a la 1020 AM.

Dicha normativa llegó en el contexto en el que nuestro país quedó como el cuarto país con mayor participación en hashrate de bitcoin a nivel global, impulsado por su energía y capacidad operativa. En ese sentido, Maio indicó que la regulación es retroactiva, empezando a funcionar desde el mes de enero de este año y aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un régimen de información que debe ser tomado como tal.

“Tiene ciertas novedades porque alcanza a todos los que lo usan, ya sean personas físicas, jurídicas, a todas las plataformas, siempre que superen los USD 5 mil anuales en operaciones. Es una de las cosas importantes”, explicó sobre las novedades, detallando que los integrantes del sector deberán solicitar la inclusión en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a efectos de presentar la declaración jurada informativa a través del Sistema Marangatú.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General n.º 47, estableciendo la primera obligación informativa específica para el sector cripto en el país. Si bien no se trata de un nuevo impuesto, la norma introduce una exigencia de trazabilidad que obliga a los contribuyentes a registrar minuciosamente sus movimientos operativos.

La normativa estipula que cualquier persona física o jurídica residente en Paraguay que supere los USD 5.000 anuales en transacciones con criptoactivos deberá presentar una Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos (DJI Criptoactivos) a través del sistema Marangatu.

La obligación no se limita a exchanges o mineros; afecta a cualquier rubro que utilice criptoactivos en su operativa. Esto incluye desde empresas agropecuarias que cobran en USDT hasta comercios minoristas que aceptan stablecoins o estudios jurídicos que pagan honorarios en Bitcoin.

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Estos son los datos exigidos por el fisco por cada operación:

• Identificación temporal: Fecha y hora exacta de la transacción.
• Datos de las partes: Nombre, RUC/NIF y domicilio fiscal de los intervinientes, o en su defecto, las direcciones públicas de las wallets involucradas.
• Precisión técnica: Denominación del activo, red utilizada y cantidad negociada hasta el décimo decimal.
• Valores y costos: Valor bruto en dólares al momento del movimiento, comisiones (gas fees) y tasas soportadas.
• Huella digital: El identificador único de la transacción (hash) con las direcciones de

Aunque la primera declaración vencerá en marzo de 2027 (para cierres al 31 de diciembre), la habilitación de la obligación 959-DJI Criptoactivos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) debe gestionarse de forma inmediata.

La actualización del RUC fuera de plazo genera sanciones por contravención. También se podrá aplicar multas por presentación tardía de la DJI, además de posibles responsabilidades administrativas.

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La justicia de El Salvador inició ayer lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios. “Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores. La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80 % del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General. Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.

En la instalación ayer lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.

El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.

Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.

Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.

Fuente: AFP.