El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.

Con el fin del subsidio, el costo del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Los colectivos de trabajadores y estudiantes protestan porque estas medidas afectan el costo de vida en el país.

Conductores de camiones cerraron el lunes algunas vías, que fueron despejadas horas después tras la intervención de la policía, sin que se hayan reportado heridos o fallecidos.

Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra.

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Frente a las protestas, Noboa resolvió “declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna”, según el decreto firmado este martes.

La medida se extenderá por 60 días. El gobierno argumentó que los bloqueos “han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos” y afectan el “libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que afectan a la economía”.

Noboa además resolvió suspender la libertad de reunión en las siete provincias y autorizó a las fuerzas policiales y militares a “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana”.

Este martes en la ciudad de Cuenca, capital de Azuay, está prevista también una marcha contra un proyecto minero a cargo de una empresa canadiense.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, exigió desde Cuenca la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel debido a que “perjudica al sector empobrecido, al pueblo ecuatoriano”.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tiene previsto marchar el 23 de setiembre contra la eliminación del subsidio al diésel, en tanto que estudiantes universitarios convocaron para este martes en la tarde una protesta en Quito.

• Fuente: AFP

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La Fiscalía de Ecuador acusó ayer lunes al expresidente Lenín Moreno de haber recibido sobornos de una empresa china a cambio de un contrato para construir una hidroeléctrica en el país. Entre los 24 procesados por el caso “Sinohydro” están la esposa y una hija del exmandatario, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021. Moreno también fue vicepresidente del socialista Rafael Correa (2007-2017), de quien se distanció tras sucederle en el poder.

El expresidente vive desde 2021 en Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad. En 2023 un juez le dispuso presentarse periódicamente ante las autoridades, mientras continuaban las investigaciones.

Este lunes, la Fiscalía presentó el “dictamen acusatorio contra 24 procesados –entre ellos el exvicepresidente Lenín Moreno– por el presunto delito de #Cohecho”, señaló la institución en su cuenta de X. La audiencia continuará este martes, cuando se espera que un juez de la Corte Nacional determine si llama o no a juicio a los implicados, entre los que también están hermanos de Moreno, un empresario allegado al exmandatario y el exrepresentante de Sinohydro en Ecuador.

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De acuerdo con la fiscalía, Moreno participó de una presunta red de corrupción que operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, localizado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos (este).

La firma china Sinohydro, a cargo del proyecto, habría entregado coimas 76 millones de dólares a cambio del contrato para la construcción de Coca-Codo Sinclair, una obra impulsada en el gobierno de Correa, quien fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción. Moreno niega las acusaciones y ha descartado pedir asilo en Paraguay.

Fuente: AFP.

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Reducir el hacinamiento, revisar los miles de causas sin condena que ayudan a ese fenómeno e intentar poner en marcha un nuevo paradigma penitenciario son metas del Ministerio de Justicia. Desde allí se entiende que la puesta en marcha de prisiones modelo puede ir mejorando el cuadro de situación. Desde los organismos de derechos humanos se alienta a revisar la cuestión social y trabajar en la prevención del delito y entienden que de otra manera las nuevas cárceles repetirán el esquema vigente.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

El país tiene 19.600 personas privadas de libertad, de las cuales unas 7.000 tienen condena y las restantes están bajo prisión preven­tiva, procesados en espera de una decisión de la justi­cia, que construye de esta forma un problema que ya es histórico y que llevará tiempo resolver.

La capacidad de todas las prisiones del país es de poco más de 10.000 pla­zas, por lo que reconoce el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, que “estamos con una tasa de ocupa­ción crítica, lo que indica hacinamiento”.

Como respuesta a ello, asegura que se hace una verificación a través de una unidad especial de su cartera, que “viene comu­nicando a los juzgados competentes cuándo una persona que está bajo pri­sión preventiva ya com­purgó la pena mínima. Unas 300 personas en esta situación ya lograron su libertad”, dice sobre esta tarea.

También menciona que en mesas conjuntas con el Poder Judicial se tra­baja para que “mujeres que son infractoras pri­marias por hechos puni­bles que no son lesivos, en el sentido de que no hubo violencia, se vean bene­ficiadas ya con medidas alternativas”. La idea es que también madres y personas de la tercera edad que estuvieran enfermos puedan

acceder a arrestos domi­ciliarios en el caso de que cumplan penas leves.

La forma de alivianar la población entre los con­denados es apelando a la “pena discontinua” para quienes fueron conde­nados a 1 o 2 años, “aunque en esos casos todavía no tuvimos resoluciones favorables”.

Intentar desarmar la influencia de grupos cri­minales como el paraguayo Clan Rotela y los brasile­ños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) es otra acción fundamental para llevar “salud” al sistema penitenciario.

Maciel Guerreño des­taca en ese sentido la tarea del Opera­tivo Umbral y la puesta en marcha de prisiones modelo (ver aparte). “Ya pasamos una gran canti­dad de condenados bajo este nuevo modelo de ges­tión penitenciaria. Esta es una manera directa de reducir el poder que tie­nen los grupos criminales porque ellos se fortalecen con base en las debilidades del propio sistema”.

Lo explica ejemplificando que “hay muchas perso­nas de escasos recursos que no pueden acceder a una comida de calidad o al servicio de sanidad de una penitenciaría por el hacinamiento, la infraes­tructura inadecuada, por la corrupción de los funcio­narios, etc. Entonces, ellos son captados por estos gru­pos criminales que les faci­litan el acceso a eso”.

Entonces, la idea del nuevo modelo es intentar igualar las condiciones: “Por eso el tema del uniforme, que iguala a todos, ahí no va a haber diferencia en cuanto a la vestimenta. También todos van a comer lo que les provee el Estado por­que estas penitenciarías modelo ya no están pre­paradas para tener canti­nas u otras modalidades donde los propios inter­nos preparan su comida o acceden a insumos para cocinar”, describe admi­tiendo que esta realidad se da en muchas prisio­nes por “la falta de presu­puesto para dar de comer a todos”.

Se espera que la división modular de las prisiones ayude en la tarea, ya que permitirán “aislar” a los jerarcas de los grupos cri­minales. “Eso va a evitar que ellos, mezclados con el resto de la población, puedan ir bautizando, por ejemplo. Están, por otra parte, en otro módulo per­sonas también vinculadas a grupos criminales que tienen problemas de con­sumo, que ahora ya pasa­ron toda su etapa de abs­tinencia y están siendo tratados y ahí tenemos la ayuda por ejemplo de Remar, que es una fun­dación que tiene muchí­sima experiencia con el trabajo con personas que tienen problemas de consumo”, apunta.

Otro punto importante es que “no se permite la cir­culación de dinero porque es un elemento de extorsión tanto de parte de los funcio­narios hacia los privados de libertad como viceversa”.

El funcionario destaca que “en todas las requi­sas que se hicieron en las penitenciarías nuevas no se encuentran punzones, no se encuentran celula­res, que son algo muy usual en las requisas del sistema actual. Tampoco sustan­cias, aunque sí se encontra­ron cigarrillos, que también están prohibidos, ya que las nuevas penitenciarías son espacios libres de humo”, recuerda.

“Se busca también mejorar los controles de ingreso gra­cias a la tecnología imple­mentada con toda la inver­sión que hizo el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) para el control del ingreso de personas y de mercade­rías. Faltan todavía muchas cosas por ajustar, pero haciendo una comparación con el modelo actual es infi­nitamente mejor”, apunta.

“La organización busca ser diferente e implica un organi­grama pensado en la funcio­nalidad del régimen peniten­ciario, también protocolos y procedimientos escritos, lo cual permite deslindar res­ponsabilidades cuando se da algún tipo de irregulari­dad, cosa que no tenemos en el modelo actual”.

Según explica, “es mucho más difícil implementar nuevos procedimientos en los penales antiguos ya por la cultura organizacional vigente, que es muy pro­clive a prácticas corruptas. La idea es tener organiza­ción, protocolos, procedi­mientos y personal aunados en la tarea”, señala.

Lo hace recordando que a partir de 2000 se cons­truyeron penitenciarías en Encarnación, Concep­ción, Misiones, San Pedro y Pedro Juan Caballero, “donde se empezaron a replicar igualmente esas prácticas que queremos erradicar. Entonces obvia­mente no es solamente la edificación la solución. La mejora viene con la organi­zación y el capital humano”, concluye.

Explicando que el Ser­vicio de Atención a los Adolescentes Infracto­res (Senai) es el respon­sable de los centros de rehabilitación, Maciel Guerreño dice que la misma idea de separar condenados de procesa­dos se trata de imple­mentar también en esa franja etaria.

“Esto se está haciendo porque es uno de los puntos de la senten­cia de la Corte Intera­mericana de Derechos Humanos en el caso del centro Panchito López, donde el país fue con­denado y en cuyo fallo se dispuso la consoli­dación de la jurisdic­ción penal adolescente, situación que nuestro país entiende debe ayu­dar a declarar cumplida la sentencia”.

Vale recordar que la pri­sión preventiva en ado­lescentes sigue siendo mayor con respecto a los adultos, con 8 de cada 10 adolescentes en situación de encierro preventivo y solo 2 con medidas definitivas.

La reciente convocatoria para 500 car­gos de agentes penitenciarios es un punto importante en la implementación del nuevo modelo: “Estuvo destinada exclusi­vamente para las nuevas penitenciarías de Minga Guazú, que ya empezó a funcionar en su totalidad, y para Martín Mendoza, en Emboscada. No llegamos a los 300 postulan­tes y luego del proceso de selección y ahora que ya están haciendo el curso de introduc­ción, el número se redujo a 133”, comenta Maciel Guerreño.

La situación se da porque “muchos no logran cumplir los requisitos y otros en el camino renuncian. Por eso en octubre se va a hacer otro llamado siempre persiguiendo que el ratio de agente penitenciario/personas privadas de liber­tad sea lo que establecen los estándares interna­cionales, que sería un agente por cada 10 perso­nas privadas de libertad”, explica el viceministro.

“El personal penitenciario es clave para la mejora del servicio. Están además el personal de blanco, administrativo, personal del Orga­nismo Técnico Criminológico (OTC), que son los que tienen ese contacto cotidiano con las personas privadas de libertad. Entonces, si se mejora la calidad del personal se va a mejorar la calidad del trato brindado”.

Para ello se establecieron algunos criterios mínimos que tienen que ver con “requisitos de edad, de índice de masa corporal, de esta­tura, tienen que tener todos por lo menos ter­minados el bachillerato y se solicitó también como un requisito que tengan un promedio de 3,5. Luego eso se bajó al mínimo porque hubo pocos postulantes”.

Enfatizó que se exige la educación secunda­ria concluida “porque todos tienen que cursar la tecnicatura superior impartida por el Insti­tuto Técnico Superior en Educación y Forma­ción Penitenciaria, responsable de formar a los nuevos agentes, a los directores, a los jefes de seguridad y también al personal de blanco y el personal administrativo que trabajan en las penitenciarías”, recuerda.

“Esta formación tiene una malla curricular de dos años, que comenzamos a revisar este año con apoyo de institutos como el ISEPOL de la policía, el de la Defensa Pública, el IAEE de los militares, porque ellos tienen mucho más know-how en todo este proceso”, apunta.

Para el viceministro de Política Criminal, el Operativo Umbral desa­rrollado en agosto pasado significó “el paso del viejo al nuevo modelo penitenciario, donde se busca cumplir con ese postulado constitucio­nal y convencional de que estén separados los procesados de los con­denados, que es una deuda histórica del Paraguay”, apunta.

“Se lo denominó así porque se cruza ese ‘umbral’ para la imple­mentación de un nuevo régimen de gestión en donde también se clasifica a los condenados por módulos con base en un análi­sis de riesgo, necesidad y amenaza”, explica sobre la importancia del traslado de 500 presos de Ciudad del Este al Centro de Rein­serción Social de Minga Guazú en que consistió el operativo.

En la nueva prisión “tenemos módulos donde están personas que ya están en el período de prueba que tienen salidas tran­sitorias, otro módulo donde están las personas que están ya cerca de compurgar. Entonces, estos dos módulos ayudan en tareas dentro de los servicios generales que hacen a la peni­tenciaría”, describe del funcionamiento de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú.

“Luego tenemos el módulo 4 y el módulo 6, que son para personas que se encuentran en la etapa de tratamiento de sus respectivas condenas, en donde están instaladas 2 fábricas de maquila que emplean a los con­denados. Les pagan porque están bajo relación de dependencia y ade­más de eso reciben capacitación, formación, educación formal, etc”.

Estos reos pueden beneficiarse con la figura de la “redención”, que establece que “por tres días de trabajo o estudio se puede restar un día de la condena y eso se acumula. Entonces, en un año por las reglas actualmente vigentes se puede incluso hasta acumular 90 días de redención, lo cual ya es bastante significativo”, apunta el viceministro.

“Después está el módulo 7, que es de alta seguridad, en donde están las personas que ya arrojan un índice de riesgo superior al 70 %. Es un régimen intermedio entre el convencional y el de máxima seguridad, que son aquellos que se encuentran en el módulo 8”, describe.

En la máxima seguridad son todas celdas individuales, “en donde no existe un área común porque se les mantiene separados y ais­lados a los privados a libertad. Permanecen básicamente 22 horas encerrados y tienen 2 horas de recreación en un área otra vez res­tringida que se llama área de soleo”.

También en ese módulo 8 “las visitas son monitoreadas, restringi­das, para evitar que desde el establecimiento penitenciario pue­dan seguir dirigiendo su actividad ilícita”, apunta.

Las 42 personas privadas de libertad que se encontra­ban en Emboscada en las llamadas “celdas de privi­legio” fueron trasladadas recientemente al módulo 5 del nuevo penal Martín Mendoza bajo el régimen de máxima seguridad. “Ellos van a estar ahí provisoria­mente”, apunta explicando que luego se determinará su destino definitivo.

En tanto, ya se procedió a desmantelar esa parte “VIP” e ingresó una cons­tructora para restaurar y recuperar el espacio del viejo penal de Emboscada.

Además de este movi­miento, se sigue investi­gando cómo fue posible llegar a la consolidación de una estructura como esa en un penal: “Una cosa es derribar todos los lujos que puede tener una per­sona privada libertad, pero sin destruir el esquema que permitió eso. Esto va a hacer es que se vuelva a reproducir. La intención nuestra es eliminar ese sis­tema que permite estos pri­vilegios que no correspon­den en el que también hay funcionarios que se benefi­cian con eso”, apunta.

Para Orlando Castillo, comisionado del Meca­nismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el sistema penitenciario “opera den­tro de la lógica de la corrupción. Esta impera en todas las penitenciarías del país y lastimo­samente goza de buena salud. Es un sistema de indignidad para las personas privadas de libertad, donde todo tiene precio y en el cual la reinserción se convierte en una utopía por­que no hay un plan nacional de reinserción. Las escasas oportunidades laborales que realizan únicamente las personas condenadas no for­man parte de un proceso implemen­tado por las penitenciarías, sino que es financiado con recursos de cada persona privada de libertad, convirtiéndolo por tanto en un privilegio al cual acceden muy pocos”, describe.

Para Castillo, “urge pensar un sis­tema penitenciario profesional, alta­mente calificado, despolitizado, sin injerencias políticas, sin directores políticos que convierten a las peni­tenciarías junto a fun­cionarios corruptos en centros de recaudación y no de reinserción”.

Al abordar el pro­blema de la falta de condenas, recuerda con datos de julio pasado que un 64 % de los presos está en esa condición: “¡6 de cada 10 personas! Esto ocu­rre cuando los operadores de justicia no aplican de manera estricta y respetuosa la legislación vigente, y el encierro se vuelve en la primera res­puesta y no en la última”.

El comisionado entiende que “el problema no pasa por la capacidad de las penitenciarías, sino por llevar adelante políticas públicas y sociales que aborden los distintos nudos de tensión antes que se conviertan en problemas. Si seguimos sin mirar lo social, terminaremos construyendo un muro en la frontera y encerrándonos todos dentro. Una problemática actual, por poner un ejemplo, es la del consumo de drogas. Esta problemática no tiene respuesta en el encierro, sino todo lo contrario. Con esta respuesta se agrava la situación, pues el consumo continúa dentro de la penitenciaría y fortalece un sistema de corrupción”, ejemplifica.

“La respuesta no es más cárceles, sino tener una visión de sociedad o seguiremos teniendo hacinamiento y sobrepoblación, por­que hoy tenemos una justicia mediá­tica, una crimino­logía mediática, donde en muchos casos las decisio­nes se toman no por el análisis objetivo de los hechos y las pruebas, sino más bien por el nivel de indignación social y presentación de la noticia en los medios de comuni­cación”, considera.

“El sistema penitenciario sigue en una crisis pro­funda”, describe Dante Leguizamón, secreta­rio ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), por lo que considera que “la construcción de nueva infraestructura o el ingreso de nuevos agentes penitenciarios no significa que cambie. El pro­blema central es que cada año ingresan un promedio de mil personas al sistema penitencia­rio, entonces siempre va a fal­tar espacio y nunca se va a poder superar la crisis”.

Para Leguizamón, otro pro­blema central lo consti­tuyen “las importan­tísimas redes de corrupción, que son sumamente rentables. La pre­cariedad de tra­bajo de los guar­dias, la fragilidad para caer en corrupción de los distintos actores, la falta de control y la impuni­dad que existen en torno a eso hacen que sea muy difícil. Por eso, si construimos nuevas cárceles o nuevos espacios, esos espacios rápidamente van a adquirir los mismos vicios”, considera.

“Hay una iniciativa de un nuevo sistema penitenciario, pero si no se aborda en profundidad los problemas no solo del abuso de la prisión preventiva, que por supuesto es un problema importantí­simo; pero si no se aborda efectivamente una política criminal, no solo desde la óptica de la reclusión, sino una que busque prevenir deli­tos, lo único que hace el sistema actual es que sea más fácil el reclutamiento de las redes cri­minales que funcionan en las cárceles”.

Un ataque armado de un grupo criminal que ingresó a un billar con disparos la noche del viernes dejó siete muertos y cuatro heridos en el oeste de Ecuador, informó este sábado la policía.

La institución calificó el hecho como una acción “selectiva” por parte de una banda para controlar el territorio en Santo Domingo, a unos 160 km de Quito.

Videos divulgados en redes sociales muestran cómo varios hombres, en su mayoría con el rostro cubierto, abren fuego mientras las personas jugaban billar.

Punto de partida de la cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de agrupaciones dedicadas a múltiples crímenes como la extorsión y el sicariato. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

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Este es el cuarto ataque de este tipo que sucede en Ecuador en las últimas semanas. “Se presume que este hecho violento responde a una disputa de control de territorio por parte de grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados”, dijo en una declaración a los medios la coronel de la policía Beatriz Benavides.

La responsable aseguró que una camioneta en la que se movilizaban los pistoleros fue incinerada y abandonada, y ofreció una recompensa para hallar a los responsables.

En agosto siete personas fueron asesinadas en un billar en esta misma ciudad. La policía aseguró que investiga si estos hechos tienen relación.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

El mandatario defiende una política de mano dura contra el crimen. Uno de sus hechos más notorios fue la captura en junio y la extradición un mes después de alias Fito, líder de la principal banda del país.

• Fuente: AFP

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