Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

La policía de Ecuador capturó a 14 presuntos miembros de una banda que opera en la violenta provincia de El Oro, codiciada por criminales por su puerto y la explotación minera, informó el jueves el ministro del Interior.

La detención ocurrió en medio de un toque de queda nocturno declarado por el gobierno en las zonas más conflictivas del país, el tercero del año, como parte de su ofensiva contra organizaciones criminales.

El ministro John Reimberg informó en X que la operación denominada “Sombra” desmanteló una “red de extorsión, asesinatos, robos y tráfico de droga” que operaba en las localidades de Machala y Pasaje.

Los 14 detenidos son parte de la banda los Lobos Box y tienen vínculos con el “tráfico de drogas y utilización de menores de edad para actividades ilícitas”, según el ministro.

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Pese a los sucesivos toques de queda y los estados de excepción determinados por el presidente Daniel Noboa, la violencia no cede en Ecuador.

El mandatario viajará este jueves a El Oro, fronteriza con Perú, para recibir un reporte de los resultados del primer día del toque de queda.

La nueva ofensiva se da tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito, en una gira en la que elogió a su “fiel” aliado Ecuador por su lucha antidrogas y le ofreció 45 millones de dólares en fondos para seguridad.

Noboa señaló esta mañana en una entrevista radial que “esta guerra cuesta al año más de 1.500 millones de dólares”.

“Estos grupos criminales se han metido, se han metido, y se han querido establecer y luchar contra el Estado y luchar en contra de los mismos ciudadanos”, afirmó.

Además del toque de queda, el presidente declaró un estado de excepción en ocho provincias del país y suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia en las áreas donde aplica la medida.

• Fuente: AFP

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Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras golpeadas por la violencia del narcotráfico, con miras a intensificar operaciones militares y policiales, informó el viernes el ministro del Interior, John Reimberg.

La medida de cinco horas se aplicará del 17 al 30 de septiembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, ésta última fronteriza con Perú (sur).

“El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad”, escribió Reimberg en X.

La restricción será desde las 00H00 hasta las 05H00 locales (05H00 a 10H00 GMT).

“Durante ese tiempo, intensificaremos nuestras operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”, añadió el ministro.

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Ecuador está atrapado en medio de la violencia producto de los enfrentamientos entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal.

La violencia alcanzó su punto más alto en 2025, cuando el país registró 51 muertes por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime. Eso equivale a un homicidio por hora.

La nueva ofensiva se da tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito en una gira en la que elogió a su “fiel” aliado Ecuador por su combate contra las drogas.

Desde su llegada al poder, el presidente Daniel Noboa ha decretado sendos estados de excepción y toques de queda para fortalecer su guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la violencia no cede.

Entre enero y julio de este año, en el país hubo más de 4.800 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales.

“No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y, sobre todo, no habrá impunidad”, escribió Reimberg.

• Fuente: AFP

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