El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.

El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?

Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.

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Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.

De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.

Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.

En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.

La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.

Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.

Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.

El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.

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El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.

Fuente: AFP

El secretario general y jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno, Eduardo González, se refirió a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales que fueron presentadas esta semana ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado y que se decidió acompañar su estudio en el ámbito del Congreso Nacional.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, con el equipo de apoderados de la Asociación Nacional Republicana, constantemente están dando seguimiento a todas las propuestas de leyes que afecten al proceso electoral.

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Indicó que por la experiencia pasada es necesario ir corrigiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, señaló que acompañan el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.

“Lo que nosotros pretendemos es que se inscriban los movimientos para la obtención del RUC, porque el movimiento es el que tiene el RUC no los candidatos. Entonces inscribir las candidaturas una semana después de eso. Simplificando el trabajo”, explicó.

Señaló que también analizaron la cuestión de los bancos no solo autoricen a los movimientos internos, sino a los movimientos en general en las internas y en las generales. Además, que no solamente puedan habilitar de la cuenta, sino que también puedan operar, ayudando de ese modo, a que no sean inconvenientes para la participación.

Por otra parte, también analizan la propuesta que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP); que actualmente se hace cada 31 de diciembre.

Explicó como las internas de la ANR, posiblemente sean en junio del 2026, y para esas elecciones se usará el corte del 31 de diciembre del 2024 y no se podrán incluir las afiliaciones de este año. Mientras que las elecciones municipales que serán en octubre del año que viene, ya se usarán el padrón con corte 2025.

“Hay un desfasaje importante ahí, que crea inconveniente, inclusive con las candidaturas. A nivel municipal, una persona pudo haberse mudado de distrito y eso puede crear un tipo de inconveniente. Por lo cual, solicitamos que eso sea modificado, para que los años antes de las elecciones, se permita que el corte administrativo del RCP sea próximamente entre junio y julio”, explicó.

El apoderado de la ANR también se refirió a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, que el Código Electoral establece horario diferenciado para el invierno y el verano. Por lo que ahora proponen que se rija al horario vigente en Paraguay y que sean las elecciones de 7 a 16 horas.

“Esto va a permitir también que, en el momento más álgido de las elecciones, que suele ser el escrutinio, se pueda realizar en lo posible, habiendo todavía luz solar. Por cuestión de seguridad”, explicó.

Finalmente, señaló que también están planteando excluir como sujeto obligado de la ley de financiamiento a las autoridades partidarias.

“Porque directamente el presidente, los miembros seccionales no reciben salario del Estado, no manejan fondos públicos, entonces no tiene sentido que sean sujetos obligados. Esto hace que mucha gente no quiera participar como candidato. Por tanto, eso está afectando también a la política, y lo que queremos es que eso también sea corregido de esta manera”, concluyó.

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• Londres, Reino Unido. AFP.

La miniserie de Netflix “Adolescencia”, que aborda las influencias tóxicas y misóginas a las que están expuestos los jóvenes en internet, se difundirá de forma gratuita en los centros de enseñanza secundaria de Reino Unido, anunció el gobierno británico. “Se trata de una iniciativa importante para animar al mayor número posible de estudiantes a ver el programa”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, quien vio la miniserie junto a sus hijos adolescentes.

El anuncio se produjo después de que Starmer se reuniera con los creadores del programa, junto con organizaciones benéficas y juveniles, en su residencia de Downing Street, para hablar los problemas que expone el programa. El programa, que se emite desde el 13 de marzo, es el número 1 a nivel mundial en Netflix, y hasta el 25 de marzo había sido visto por más de 66,3 millones de personas, según la plataforma.

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En Reino Unido, se ha convertido en un fenómeno de masas y los periódicos han publicado numerosos artículos sobre los temas planteados por la miniserie. “Adolescencia” cuenta la historia de un niño de 13 años, Jamie, que es arrestado y acusado de asesinar a puñaladas a una colegiala.

“Creamos este programa para generar un debate. Poder transmitirlo en las escuelas supera nuestras expectativas”, dijo Jack Thorne, coguionista de “Adolescencia”. En cuatro episodios, la serie disecciona los motivos que pudieron empujar al joven a ese acto, evocando la influencia de los discursos misóginos y machistas y la imposibilidad de controlar el uso de las redes sociales entre los adolescentes.

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“Hablar abiertamente sobre los cambios en su forma de comunicarse, del contenido que ven y conocer las conversaciones que mantienen entre ellos es esencial para ayudarlos adecuadamente a enfrentar influencias nocivas”, señaló Starmer.

Maria Neophytou, de la organización benéfica de protección infantil NSPCC, dijo que las empresas tienen la “responsabilidad garantizar que sus plataformas y sitios estén diseñados para ser seguros para los usuarios jóvenes”. En Reino Unido, en 2023 se aprobó una Ley de Seguridad Digital, que ha comenzado a entrar en vigor, con el fin de reforzar las obligaciones de las plataformas, en particular la de eliminar contenidos ilegales.