El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.

“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.

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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.

“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.

Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.

Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.

Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.

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Los inversionistas han valorado la compañía emergente china de inteligencia artificial DeepSeek en más de 50.000 millones de dólares tras su primera ronda de financiamiento, informaron varios medios. La empresa lanzó su último modelo de IA en abril, tras haber sorprendido al mundo en 2025 con un “chatbot” de bajo costo que igualó en capacidad a sus rivales estadounidenses.

Recientemente recaudó más de 50.000 millones de yuanes (unos 7.400 millones de dólares), reportaron esta semana el Wall Street Journal y The Information, que citan a personas con conocimiento del asunto. Esto valora la empresa en más de 50.000 millones de dólares, señalaron. DeepSeek no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

Entrenar y operar modelos de IA de vanguardia es un negocio costoso, que requiere miles de millones de dólares en infraestructura informática. Pero a pesar de sus grandes ambiciones, por ahora las empresas de IA más grandes del mundo son negocios que operan con pérdidas y que intentan descubrir cómo generar ganancias en el futuro.

Washington afirma que el último modelo de DeepSeek —uno de los más avanzados de China— está unos ocho meses atrasado con respecto a las mejores ofertas de las empresas estadounidenses.

La “start-up” estadounidense Anthropic fue valorada en 965.000 millones de dólares tras una ronda de financiamiento de 65.000 millones, mientras que OpenAI, creadora de ChatGPT, alcanzó una valoración de 852.000 millones de dólares en marzo.

The Wall Street Journal y The Information informaron además que el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, realizó la mayor inversión de la ronda, con alrededor de 20.000 millones de yuanes.

Liang ha establecido una estructura inusual de recaudación de fondos que le permite mantener el control de DeepSeek a través de una sociedad limitada que él mismo administra, señalaron.

Los medios agregaron que el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Inteligencia Artificial de China, respaldado por el gobierno, también invirtió alrededor de 1.000 millones de yuanes directamente en DeepSeek.

A diferencia de sus competidoras californianas, los sistemas de esta compañía son de código abierto, lo que significa que su funcionamiento interno es público. Esto permite a los programadores personalizar partes del software según sus necesidades. Pero, al igual que otros robots conversacionales chinos, las herramientas de IA de DeepSeek evitan temas que suelen ser censurados en la segunda economía más grande del mundo, como la represión de Tiananmén de 1989.

Fuente: AFP.

Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.

Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.

Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.

“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.

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La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.

Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.

Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.

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Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.

Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.

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El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.

Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.

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Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.

Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.

“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.

Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.

Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.

Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.

Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.

Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.

La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.

Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.

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