El pasado lunes 30 de mayo el gatito de un niño de nueve años se había perdido por lo que tuvo la brillante idea de dibujar a su mascota y pedir a la ciudadanía que lo ayudara a encontrarlo. Fue así como el nene pegó carteles hechos a mano por él mismo en las principales calles de su barrio.
El hecho se registró en la localidad porteña de Almagro, Argentina. Este hecho logró conmover a los transeúntes del lugar a tal punto que uno de ellos identificado como Prixie @soslayable capturó un par de fotografías de las imágenes y las colgó en su cuenta de la mencionada red social.
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La publicación rápidamente se hizo viral alcanzando casi 16.000 repercusiones; además de retuits y mensajes. Generó gran emoción tanto en los ciudadanos como entre los internautas y gracias a ello, la historia tuvo un final feliz ya que lograron recuperarlo.
Así lo hicieron saber algunos tuiteros quienes se pusieron en contacto con la madre del niño, quien manifestó: “Lo encontramos hace un rato, estaba dentro del edificio escondido en una baulera. Justo estamos por salir a sacar los carteles, muchas gracias por interesarte”.
Y al mismo tiempo reveló que incluso le iban a cambiar de nombre al felino en honor al milagroso suceso que involucró a toda una red social: “Se llama Uno y dijimos que ahora se tiene que llamar Dos porque es su segunda vida”.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
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FMI prevé que la economía argentina empezará a crecer este año
El Fondo Monetario Internacional insiste en que el plan de ajuste de Argentina está dando “resultados mejores de lo esperado” y prevé que la economía “empiece a crecer” en el segundo semestre del año, afirmó este jueves una portavoz de la organización financiera. El FMI está satisfecho con los progresos realizados desde que el presidente ultraliberal Javier Milei asumió el cargo en diciembre con un objetivo: cortar drásticamente el gasto, lo que denominó plan “motosierra”.
“La fuerte implicación y la aplicación decidida por parte de las autoridades de su plan de estabilización están dando resultados mejores de lo esperado”, afirmó Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo en rueda de prensa en Washington. Citó el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la “rápida recuperación” de las reservas internacionales y una mejora del balance del banco central, así como una rápida reducción de la inflación, que pasó del 25 % en diciembre a en torno al 8,8 % en abril.
Kozack reiteraba así las conclusiones del equipo técnico del FMI que alcanzó esta semana un acuerdo con Argentina sobre la octava revisión del paquete de ayuda que permitirá el desembolso de casi 800 millones de dólares en cuanto obtenga luz verde del directorio. Es la primera revisión “en la que se han cumplido todos los criterios” del programa crediticio de Argentina con el Fondo, en virtud del cual el país sudamericano recibe 44.000 millones de dólares a 30 meses a cambio de que aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal.
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“Familias trabajadoras”
“Todos estos son pasos importantes en la dirección correcta y esperamos que la economía comience a crecer nuevamente en la segunda mitad de este año” pero “el camino por recorrer sigue siendo difícil”, recalcó la portavoz. El FMI estima que el gobierno debe atajar la crisis desde tres frentes: fiscal, monetario y la aplicación de reformas para generar empleo formal y atraer la inversión privada.
A nivel fiscal debe mejorar la eficacia del sistema tributario, pero también “seguir garantizando que la asistencia social sea suficiente y esté bien orientada para proteger a los más vulnerables” y asegurarse de que la carga del ajuste “no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”.
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La política monetaria “deberá seguir evolucionando para anclar la inflación” y la cambiaria “deberá volverse más flexible con el tiempo”, declaró Kozack. La portavoz no mencionó el cepo cambiario que Milei quiere levantar, es decir el control de cambios vigente desde 2019 que limita el acceso a dólares en un país en el que la divisa estadounidense oficia de valor refugio para los ahorros.
Pero afirmó que los “cambios de política serán necesarios a medida que los controles cambiarios se relajen gradualmente” y las autoridades “hagan la transición” a un nuevo régimen mediante el cual “el peso y otras monedas como el dólar estadounidense pueden coexistir y ser libremente utilizables”.
Es lo que sucede en Perú y Uruguay, dijo. Tampoco mencionó que el FMI vaya a prestarle a Argentina más dinero que el acordado en el programa crediticio. “Las conversaciones actuales con las autoridades se centran en esta revisión en curso”, dijo la portavoz.
Fuente: AFP.
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Argentina: policías tomaron una sede en Misiones en reclamo de aumento salarial
Policías, expolicías y familiares tomaron ayer viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial. Manifestantes se concentraron frente a las sede a las 16:30 e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede.
Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta, informa la emisora Cadena 3. A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia que se sumaron al acuartelamiento.
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La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto. Mientras, sectores como el de salud y educativo se sumaron a las reivindicaciones salariales de los policías.
Huelga general
El pasado 9 de mayo el presidente de Argentina, Javier Milei, enfrentó la segunda huelga general contra el “ajuste brutal” de su gobierno, que paralizó servicios de transporte por tierra, mar y aire; así como instituciones educativas, financieras y comercios en todo el país.
Convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), el paro de 24 horas no previó una movilización en las calles y tuvo la adhesión de trabajadores estatales, de salud, turismo, tranviarios y del subterráneo de Buenos Aires, entre otros.
La CGT acusa al gobierno del ultraliberal Milei de carecer de “diálogo social” e implementar “un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
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Fuente: Europa Press - AFP