Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.

En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.

La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.

El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.

Fuente: AFP.

El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y el fiscal general de dicho país, Roger Mariaca, ambos detenidos en las últimas horas por su presunto vínculo con una red de protección del narcotraficante Sebastián Marset; también habrían protegido a las hermanas Villalba al frustrar su detención en territorio boliviano a pedido de las autoridades paraguayas. Según Riera, estas referentes del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lograron escapar hacia Venezuela gracias al amparo directo brindado por las altas autoridades bolivianas que hoy se encuentran aprehendidas.

“Marset cayó allá porque le estaban protegiendo y ahora ya se hablan de sumas que se pagaron, y debo dar un dato más, este mismo Del Castillo fue el que me negó y me mintió en la cara tres veces, porque nosotros teníamos a las hermanas Villalba ubicadas, primero en Santa Cruz, después en Camiri, y luego La Paz, pero con fotos, filmaciones”, señaló el ministro, este jueves, a la 1020 AM.

Riera relató que las autoridades paraguayas lograron obtener una orden de captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oruro, porque el fiscal general de Bolivia, que acaba de caer, “se negaba a dictar una orden de detención a pesar que tenía código rojo de la Interpol”.

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Detalló además que desde Paraguay fueron enviados efectivos para fiscalizar la detención, ya que no cuentan con jurisdicción en ese territorio, pero fueron engañados por el fiscal general boliviano.

“Este tipo (fiscal general) le llamó a nuestros efectivos, que eran de la más alta calidad, y les dijo que pasaba a buscarlos a las 2 de la mañana, pero solo verán el proceso de detención, pero no van a intervenir, desde luego que esas son las reglas del juego, le tuvieron a la embajadora desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, a una representante diplomática, una vergüenza. Nunca les pasaron a buscar a las 2 de la mañana”, mencionó.

Siguió relatando que “dieron la excusa que la orden de detención del presidente de la Corte Suprema de Bolivia, estaba con un dictamen negativo de una asesoría jurídica de la Cancillería, imagínense, una orden de la Corte tenga un dictamen negativo de una oficina administrativa, impensable”, y agregó que “para terminar la historia, le embarcaron en el aeropuerto de Viru Viru, y hoy están en Venezuela”.

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El ministro del Interior reclamó que en esa ocasión dejaron escapar a las Villalba. “Les acompañó al aeropuerto y les protegió. El mismo esquema con Marset, es un tipo que por lo visto estaba metido en cosas muy raras. Les permitieron subir en un vuelo internacional como si no tuvieran restricciones, de un aeropuerto internacional, con protección policial, y no pudimos hacer nada, realmente fue una vergüenza”, sentenció.

En el 2024, miembros del clan Villalba fueron detenidos en Argentina: José Mariano, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, fundadores del grupo terrorista con sus hermanos Carmen Villalba, Liliana Villalba, Laura Villalba y Osvaldo Villalba, en el marco de un operativo binacional entre Paraguay y Argentina. Desde allí lograron ingresar a Bolivia, desde donde pasaron a Venezuela, donde se encuentran en este momento de acuerdo a las últimas informaciones.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que le sorprendió la detención de altas autoridades de Bolivia en un megaoperativo por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, privado de libertad en los Estados Unidos. Fueron detenidos el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el fiscal general Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; el capitán Rubén Aparicio Villarroel y el coronel Ángel Morales, exdirector de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico).

“Es muy fuerte esto, yo creo que ahí la señal es muy clara, más tarde o más temprano la justicia te alcanza. Una jueza me mandó la noticia esta mañana y no podía creer, uno cree que estas cosas no van a pasar. En nuestros gobiernos muchas veces cambian de turno, de color, de candidato y muchísima gente que hizo un montón de cuestiones queda impune, y esta es una linda lección. A mí me impresionó la noticia, debe ser un impacto muy fuerte”, expresó el ministro Riera este jueves a la 1020 AM.

El secretario de Estado dijo que si existen indicios de autoridades paraguayas involucradas en este esquema de protección a Marset, se realizarán los procedimientos que deban realizarse, sin apañar este tipo de hechos.

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“Si hay elementos, no tiene ningún problema. Cuando hay gente de peso pesado metida en esto se produce y obviamente nos avisan a nosotros, implementamos y detenemos. Acá lo importante es que un fiscal general en funciones y un exministro del Interior metidos hasta el cuello fueron detenidos. Nosotros tenemos uno acá que está siendo procesado y su cuadro está cada vez más complicado”, señaló refiriéndose al exministro del Interior y de la Senad del gobierno abdista, Arnaldo Giuzzio.

Por otra parte, resaltó que el cambio de gobierno y la línea del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está dando señales muy importantes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico para su país y para la región.

“El Gobierno americano, cuando vos usás su sistema, más movimiento de dinero, ellos actúan con firmeza, y es voluntad política de los gobiernos, el presidente Paz (Bolivia) es miembro del Escudo de las Américas, estamos todos en el mismo equipo y si encontramos pesos pesados en nuestro sistema, se exponen y no tenemos ningún problema de contar y que paguen sus culpas”, sentenció.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.