En el salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de rigor a dos magistrados, un agente fiscal, dos defensores y un agente síndico. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro, César Diesel Junghanns.
El ministro Luis María Benítez Riera felicitó a los designados en sus cargos y resaltó que sus nombramientos son resultado de sus méritos y capacidades. Asimismo, los instó a continuar fortaleciendo su formación y a ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso al servicio de la ciudadanía.
Prestaron juramento de rigor conforme a las siguientes designaciones:
- el abogado Bernardino Caballero como agente síndico
- el abogado Ulises Agustín Peña Vargas, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital
- la abogada Alma Palmira Rodas Soria, juez de Paz de Fortín Teniente Esteban Martínez – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes
- la abogada Hermenegilda Cubilla Cuevas de Muñoz, agente fiscal Penal para Central – Circunscripción Judicial de Central.
- la abogada Lourdes Carolina Robledo Lugo, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción
- y el abogado Óscar Ariel Quevedo Cazal, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.
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Corte avanza sobre fortalecimiento operativo y tecnológico de los Juzgados de Paz de la capital
La Corte Suprema de Justicia impulsa acciones de reorganización, fortalecimiento institucional y modernización tecnológica de los Juzgados de Paz de la Circunscripción Judicial de Capital – Asunción, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2030. Las medidas acompañan el proceso de optimización operativa y modernización del servicio judicial, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente, moderna y accesible para la ciudadanía.
Las medidas están orientadas a acompañar el proceso de reorganización institucional, modernización tecnológica y ampliación de la capacidad operativa del servicio de justicia.
En ese contexto, ante situaciones vinculadas a procesos de ejecución de pagarés, conocidas públicamente en el ámbito mediático como “Mafia de pagarés”, la máxima instancia judicial avanza en acciones destinadas a reforzar el funcionamiento y la capacidad de respuesta de los Juzgados de Paz de Asunción.
En materia de capital humano, se incorporaron siete nuevos secretarios, se autorizó el comisionamiento de cincuenta funcionarios, cuarenta y dos contrataciones de personal y la incorporación de nueve ujieres notificadores, con el objetivo de mejorar la atención y consolidar la respuesta del sistema judicial.
Además, avanza el acondicionamiento de espacios para nuevos turnos del Juzgado de Paz de La Encarnación en el edificio de la exsede del Colegio de Escribanos, en el marco de la Ley Nº 7526/2025 y sin afectación presupuestaria. Igualmente, la adecuación del edificio “Luz Amalia” permitirá la futura habilitación de los Juzgados de Paz de Segundo Turno de San Roque y Tercer Turno de La Catedral.
Por otra parte, y en línea con el proceso de modernización institucional, avanza la implementación progresiva del Expediente Judicial Electrónico y de la tramitación digital en los Juzgados de Paz de Asunción, para agilizar los procesos judiciales y optimizar el acceso al servicio de justicia.
Actualmente, los Juzgados de Paz de La Recoleta, Villa Morra y Santísima Trinidad, en sus distintos turnos, ya cuentan con tramitación judicial digital. Asimismo, los Juzgados de Paz de La Encarnación, Catedral Primer Turno y Catedral Segundo Turno avanzan en la implementación del sistema de gestión Judisoft, la digitalización de expedientes y la gestión electrónica de causas judiciales.
El Plan de Fortalecimiento y Modernización de los Juzgados de Paz de la Capital contempla además la incorporación de equipamiento tecnológico destinado a modernizar la gestión judicial. En ese marco, fueron distribuidos 157 equipos informáticos entre los distintos Juzgados de Paz de Asunción, incluyendo computadoras nuevas, equipos reacondicionados y equipamientos autorizados para próximas entregas.
Así también, se cuenta con 44 equipos en reserva destinados a futuros Juzgados de Paz, como parte del proceso de expansión y modernización tecnológica impulsado por la Corte Suprema de Justicia. Estas acciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia acompañan el proceso de reorganización y modernización de los Juzgados de Paz de Asunción, orientado a consolidar un servicio judicial más eficiente, moderno y accesible para la ciudadanía.
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Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
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Corte dispuso auditoría en el Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo
Durante la sesión plenaria de este miércoles, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, informó que la titular del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, María Elena Cañete, expuso a la Corte Suprema de Justicia sobre una presentación oficial relacionada con las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dicha dependencia judicial, poniendo además a disposición el expediente de la causa y solicitando la realización de una auditoría.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, dispuso dar curso a las actuaciones administrativas e institucionales correspondientes para el inicio de los procesos de verificación y control respectivos.
En su intervención ante el pleno, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, señaló que la magistrada informó que la causa mencionada ya cuenta con resolución de apertura a juicio oral y público, además de comunicar los antecedentes relacionados con el procedimiento realizado en la sede judicial.
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Igualmente, indicó que la documentación remitida permitirá a las dependencias competentes de la Corte Suprema de Justicia analizar las actuaciones vinculadas al caso conforme a los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso la prosecución de los trámites internos correspondientes, a fin de canalizar las medidas adoptadas en el ámbito administrativo e institucional.
En ese marco, el Consejo de Superintendencia ya inició las diligencias necesarias para la remisión de los antecedentes a las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos dentro del sistema de control institucional del Poder Judicial.
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Presunta negligencia fiscal beneficia con el sobreseimiento a Willian Bogarín
El Juzgado Penal de Garantías de San Pedro otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el supuesto cobro indebido de honorarios.
El desenlace del caso se dio tras una presunta negligencia del Ministerio Público, que omitió presentar su requerimiento conclusivo en tiempo y forma.
De acuerdo con la resolución judicial firmada por el juez David Mendoza, y tras el trámite correspondiente del juzgado, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó la conclusión de la investigación dentro del plazo de 10 días estipulado en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
Ante la ausencia de otro “remedio procesal”, el magistrado declaró la extinción de la causa y el consecuente sobreseimiento definitivo de Bogarín.
El fallo señala que la fiscal adjunta Sapriza, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó un dictamen recomendando un “saneamiento” procesal, figura que no corresponde a un requerimiento conclusivo. Este hecho sugiere una posible investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones.
Antecedentes de la imputación
La investigación, iniciada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, sostenía que Bogarín Campuzano incurrió en el cobro indebido de honorarios al ejercer como abogado litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018.
Dicha actividad le estaba prohibida por su condición de funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Según la imputación, el funcionario habría percibido pagos de USD ( 10.000 y UDS) 20.000 (en noviembre de 2021 y setiembre de 2022, respectivamente) por su intervención profesional en la mencionada sucesión.
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