El Juzgado Penal de Garantías de San Pedro otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el supuesto cobro indebido de honorarios.
El desenlace del caso se dio tras una presunta negligencia del Ministerio Público, que omitió presentar su requerimiento conclusivo en tiempo y forma.
De acuerdo con la resolución judicial firmada por el juez David Mendoza, y tras el trámite correspondiente del juzgado, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó la conclusión de la investigación dentro del plazo de 10 días estipulado en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
Ante la ausencia de otro “remedio procesal”, el magistrado declaró la extinción de la causa y el consecuente sobreseimiento definitivo de Bogarín.
El fallo señala que la fiscal adjunta Sapriza, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó un dictamen recomendando un “saneamiento” procesal, figura que no corresponde a un requerimiento conclusivo. Este hecho sugiere una posible investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones.
Antecedentes de la imputación
La investigación, iniciada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, sostenía que Bogarín Campuzano incurrió en el cobro indebido de honorarios al ejercer como abogado litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018.
Dicha actividad le estaba prohibida por su condición de funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Según la imputación, el funcionario habría percibido pagos de USD ( 10.000 y UDS) 20.000 (en noviembre de 2021 y setiembre de 2022, respectivamente) por su intervención profesional en la mencionada sucesión.
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