Un tribunal de sentencia integrado por Hugo Segovia, Jorge Romero y Rodrigo Duré condenó a 3 años de cárcel y 3 años de prohibición de ejercer la medicina al doctor Hernán Daniel Domaniczky Vargas, encontrado culpable por homicidio culposo por el fallecimiento de la exmodelo y política Paola Gaete.
El colegiado sostuvo que se probó la responsabilidad del acusado en el grave hecho y además el Ministerio Público arrimó todos los elementos probatorios durante el desarrollo del juicio oral y púbico. El fiscal del caso fue Carlos Acuña, quien presentó todos los elementos de prueba para lograr la sentencia condenatoria.
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Por su parte Raquel Gaete hermana de la víctima indicó que “tras varios años se hizo justicia por la muerte de mi hermana”. Agregó que “mis padres se quedaron muy dolidos por el fallecimiento de mi hermana y por suerte se hizo justicia”.
El médico cirujano fue acusado por el hecho punible de homicidio culposo a raíz de la muerte de la exmodelo y política Paola Gaete, ocurrido en el 2022. En aquella oportunidad, Gaete ingresó al quirófano para una cirugía estética que estaba a cargo de Domaniczky, aunque unas horas después se produjo su fallecimiento.
Por su parte, la defensa del condenado médico anunció que apelarán la sentencia condenatoria. Durante los alegatos finales pidieron la absolución de culpa y pena, pero los jueces no tuvieron en cuenta eso y decidieron condenar a Domaniczky.
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Condenan a un hombre a 11 años de cárcel por abusar de una octogenaria
Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a once años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abusar sexualmente de una mujer de 86 años de edad. El suceso se registró en San Cosme y Damián, departamento de Itapúa.
La fiscal quien sostuvo la acusación y pudo arrimar todos los elementos de prueba durante el desarrollo del juicio oral y público fue Irene Rolón Verdún.
De acuerdo con la acusación fiscal, además del abuso, la víctima sufrió múltiples agresiones físicas. Fue herida con un arma blanca en la mano, recibió mordidas en el rostro y lesiones en la rodilla, provocadas por el arrastre al que fue sometida por su agresor.
Durante la investigación el Ministerio Público logró recolectar muestras de semen, las cuales fueron analizadas científicamente. En el desarrollo del juicio oral se procedió a la apertura del sobre con el resultado del análisis, el cual arrojó una compatibilidad del 99,9 % entre el perfil del acusado y el material genético hallado en la escena.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, el hoy condenado no demostró arrepentimiento ni ofreció disculpas a la víctima durante la audiencia oral y pública.
La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deberá definir si confirma la pena dictada en primera instancia.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.
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Imputan a automovilista tras choque que causó la muerte de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alberto Torres Flores presentó imputación contra Alcides Arévalos Casco (20), por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. El domingo colisionó contra una moto, lo que causó la muerte de una niña de 12 años, al ser tirada al pavimento.
Asimismo, el agente solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, con el argumento de peligro de fuga y la conducta renuente del imputado a someterse a la Justicia. El hombre fue detenido ayer y se había resistido a la prueba de alcotest.
El percance fatal ocurrió el 22 de junio, alrededor de las 07:15, en la intersección de la calle Nanawa y la avenida Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, del barrio Fátima de Presidente Franco. Resultó víctima fatal la niña Erika Cristal Giménez Barreto (12).
Arévalos Casco habría estado conduciendo, en presunto estado etílico, un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz RS, color gris, con matrícula BXB-904 Py. Al realizar una maniobra indebida (cruzar la avenida sin tomar las debidas precauciones), impactó en la parte trasera de una motocicleta Kenton, chapa 596 CDO Py, guiada por Luis Alberto Giménez Giménez (20), quien llevaba como acompañante a su sobrina, Erika Cristal.
A raíz del impacto, ambos ocupantes del biciclo fueron lanzados al pavimento. La niña golpeó su cabeza contra la baranda de protección (cordón de hormigón), lo que le provocó fractura cervical y su fallecimiento por “traumatismo severo de cráneo encefálico”, según el diagnóstico del médico forense.
Tras el hecho, el presunto autor se dio a la fuga sin prestar auxilio a las víctimas, conducta que agravó su situación procesal, según el escrito de imputación. Luego de una intensa búsqueda, fue localizado y detenido en la misma ciudad, además de ser incautado el rodado que utilizó al momento del choque.
Arévalos Casco se negó a someterse a la prueba de alcotest. Ante estos elementos, el fiscal Alberto Torres sostiene que existe un fundado peligro de fuga, teniendo en cuenta que el imputado no evidenció disposición de someterse a la Justicia y habría intentado eludir su responsabilidad desde el primer momento.
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