Un tribunal de sentencia integrado por Hugo Segovia, Jorge Romero y Rodrigo Duré condenó a 3 años de cárcel y 3 años de prohibición de ejercer la medicina al doctor Hernán Daniel Domaniczky Vargas, encontrado culpable por homicidio culposo por el fallecimiento de la exmodelo y política Paola Gaete.
El colegiado sostuvo que se probó la responsabilidad del acusado en el grave hecho y además el Ministerio Público arrimó todos los elementos probatorios durante el desarrollo del juicio oral y púbico. El fiscal del caso fue Carlos Acuña, quien presentó todos los elementos de prueba para lograr la sentencia condenatoria.
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Por su parte Raquel Gaete hermana de la víctima indicó que “tras varios años se hizo justicia por la muerte de mi hermana”. Agregó que “mis padres se quedaron muy dolidos por el fallecimiento de mi hermana y por suerte se hizo justicia”.
El médico cirujano fue acusado por el hecho punible de homicidio culposo a raíz de la muerte de la exmodelo y política Paola Gaete, ocurrido en el 2022. En aquella oportunidad, Gaete ingresó al quirófano para una cirugía estética que estaba a cargo de Domaniczky, aunque unas horas después se produjo su fallecimiento.
Por su parte, la defensa del condenado médico anunció que apelarán la sentencia condenatoria. Durante los alegatos finales pidieron la absolución de culpa y pena, pero los jueces no tuvieron en cuenta eso y decidieron condenar a Domaniczky.
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Peña se pronuncia a minutos de conocerse su sentencia: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país”
En medio de la definición del juicio político impulsado en su contra, el presidente de la República, Santiago Peña, volvió a pronunciarse este viernes y ratificó que presentó su renuncia para evitar un mayor daño al país.
A través de una publicación en su cuenta de X, Peña sostuvo que no quiere que su permanencia en el cargo sea motivo de mayor división o inestabilidad, en medio de la crisis política desatada por el escándalo del caso ueno bank.
“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, escribió. Afirmó que su responsabilidad es poner al país por encima de su destino personal y llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Asimismo, reconoció la angustia de los ciudadanos que esperan respuestas y sostuvo que es momento de atender a los afectados con hechos y responsabilidad. “Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”, finalizó.
El pronunciamiento se produce en una jornada decisiva para el futuro político del mandatario, mientras se aguarda el veredicto final del proceso de juicio político en su contra.
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Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.
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CIDH declara cumplidas las medidas de reparación de Paraguay en el caso Yakye Axa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado paraguayo de las medidas de reparación relacionadas con la publicación y difusión de la sentencia en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. El informe se dio a conocer a través de la Cancillería Nacional al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
Mediante la nota VMRE-UGDH Nº 941-2026, se informó que la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional remitió al Mitic la resolución de fecha 9 de octubre de 2026, notificada mediante la nota CDH-12.313/640 del 21 de octubre de 2026, por la cual la CIDH declara el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo décimo segundo de la sentencia correspondiente al caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
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La decisión constituye un nuevo reconocimiento al compromiso del Estado paraguayo con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, ejecutadas a través de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, liderada por el propio vicepresidente de la República Pedro Alliana.
El punto resolutivo décimo segundo de la sentencia dispuso la publicación de los hechos probados y de los puntos resolutivos del fallo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de la financiación de transmisiones radiales destinadas a difundir el contenido de la decisión judicial. Tras el proceso de supervisión realizado por la CIDH, estas medidas fueron consideradas plenamente cumplidas por el Estado paraguayo.
Prioridad en política comunicacional
Desde el Mitic señalan que el cumplimiento de estas disposiciones fue una prioridad dentro de la política de fortalecimiento de la comunicación pública y del respeto a los compromisos internacionales del Paraguay. En ese marco, informaron que se impulsaron acciones de difusión, campañas de comunicación, espacios radiales y materiales informativos orientados a garantizar que las medidas ordenadas por la Corte lleguen efectivamente a la ciudadanía y a las comunidades involucradas.
Asimismo, se promovieron espacios de visibilización y participación que permitieron amplificar la voz de los pueblos indígenas, contribuyendo a la difusión de sus derechos, su cultura y las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La comunicación remitida por la Cancillería reconoce el cumplimiento de estas medidas de difusión y publicación, que forman parte de las reparaciones ordenadas en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa y que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la memoria, la transparencia y el acceso a la información pública.
Ratifica compromiso institucional
Desde la vicepresidencia resaltaron que con esta decisión, la CIDH reconoce el cumplimiento de las acciones de comunicación y difusión desarrolladas por el Estado paraguayo, fortaleciendo los mecanismos de acceso público a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmando el compromiso institucional del Paraguay con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
“La declaración de cumplimiento total constituye, además, una muestra del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y garantizar que las medidas de reparación ordenadas por los organismos internacionales sean conocidas por la ciudadanía y lleguen efectivamente a sus beneficiarios”, destaca el informe que brindaron dese la vicepresidencia.
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Fiscalía inicia proceso contra camionero por homicidio culposo tras atropellar a adolescente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal N.º 2 de Ciudad del Este, inició un proceso penal contra un camionero por el supuesto hecho punible de homicidio culposo, tras un accidente de tránsito en el que falleció un adolescente de 17 años.
Se trata de Carlos Mendoza Duarte, de 67 años, quien estaba al mando de un camión de gran porte, marca Volvo, semirremolque, chapa BCV 378.
El hecho ocurrió el 17 de octubre, alrededor de las 09:20, sobre la calle Cristhopher Quintana, en el sector Kuwait del barrio San Miguel, en Ciudad del Este.
De acuerdo al hecho de investigación, en la fecha citada, el conductor perdió aparentemente el control del tracto-camión al producirse un aparente desperfecto en el freno de aire que no dio la suficiente presión y el camión se encontraba en una pendiente por la que circuló sin control hasta embestir contra todo lo que encontraba en su camino.
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El adolescente de 17 años que caminaba por la vía pública fue una víctima fatal del camionero, cuyo vehículo también embistió a una motocicleta y tres automóviles estacionados en el sitio hasta terminar incrustado por una vivienda, según el escrito de imputación al camionero.
La médica forense, doctora Tania Morínigo, determinó que el menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Por su parte, la prueba de alcotest practicada al conductor arrojó resultado negativo.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público figuran el informe policial, las actas del procedimiento y del levantamiento del cuerpo, el certificado de defunción y el resultado del alcotest.
La fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el conductor, sujetas al cumplimiento de reglas de conducta, como la comparecencia periódica ante el Juzgado Penal de Garantías, la prohibición de salir del país y el pago de una caución.