El juez penal de Garantías José Delmás resolvió decretar la prisión preventiva de la actuaria judicial Juliana Romero, imputada por la desaparición de un expediente del condenado Ramón González Daher. Al tener conocimiento de la resolución del citado magistrado, la imputada tuvo que ser remitida de urgencia a Enfermería del Palacio de Justicia a raíz de una descompensación.
El juez Delmas dispuso que el departamento femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para preservar la salud de la imputada. Igualmente, se hace constar que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial.
La actuaria judicial tendrá que estar recluida en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por el plazo de 15 días y no habiendo resolución en contrario, pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres Cárcel del Buen Pastor.
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El Ministerio Público imputó por supuesto sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La funcionaria judicial había presentado una denuncia en la que aseguraba que unos desconocidos ingresaron al sistema con su usuario y contraseña para reemplazar el expediente N.° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”. Luego se pudo comprobar que ella misma ingresó y habría realizado el cambio correspondiente por lo que fue imputada.
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Decretan prisión en Viñas Cué para exdirector Antidrogas de la Senad
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para Hugo Derlis Baptista, exdirector general Antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), imputado por varios delitos en el caso de filtración de información al “Clan Gomes”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El exjefe antidrogas se presentó este viernes en horas de la mañana, acompañado de su abogado, ante la oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, debido a la orden de detención que pesaba en su contra.
Baptista está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía le atribuye haber omitido la investigación de fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, se lo acusa de participar en la facilitación de la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración. Por este mismo caso, el juez Otazú ordenó ayer la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina del exdiputado, quien permanecerá en una sede policial antes de ser trasladada a una cárcel de mujeres.
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Juez desestimó denuncia contra ministros sobre compra de camionetas para la Corte Suprema
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada por el Ministerio Público en la causa originada por una denuncia de supuestos sobrecostos en la adquisición de nueve camionetas para la Corte Suprema de Justicia. Luego de analizar las actuaciones y contrastar los fundamentos fiscales con la documentación incorporada a la causa, señaló que no se advirtió perjuicio patrimonial, requisito indispensable para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento de desestimación fue presentado el 31 de agosto de 2026 por la agente fiscal Soledad González. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones, informes y documentación vinculada con el procedimiento de contratación, la determinación del precio referencial, la adjudicación, el contrato y la modalidad de adquisición.
De acuerdo con la documentación individualizada en la resolución, la compra se realizó mediante la Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 71/2025, ID N.º 463277, con un precio referencial de G. 573.500.000 por unidad. En su requerimiento, el Ministerio Público sostuvo que el precio comprendía, además de los vehículos, distintas prestaciones y obligaciones previstas en la contratación, entre ellas servicios de mantenimiento, garantía, seguro, transferencia y matriculación. La Fiscalía señaló asimismo que la adquisición fue realizada a crédito y consideró esa modalidad entre los elementos que incidían en el precio de compra.
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Entre los antecedentes incorporados a la investigación se encontraba también el análisis documental de la Contraloría General de la República. Según lo reproducido en el A.I. N.º 302, el dictamen indicó que, en términos generales, el procedimiento siguió la secuencia formal prevista y que los precios unitarios tendían a ubicarse dentro de parámetros análogos y próximos a otros procesos estatales comparables.
El documento precisó que su examen tuvo carácter eminentemente documental y estuvo limitado al análisis de las actuaciones administrativas, el procedimiento de selección, la adjudicación y la formalización contractual.
Al analizar las actuaciones, el Juzgado verificó la documentación incorporada a la carpeta fiscal y señaló que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público concordaban con los antecedentes reunidos durante la investigación. Entre los elementos examinados se encontraban las prestaciones comprendidas en la contratación y la modalidad de adquisición a crédito.
A partir del análisis de los fundamentos fiscales y de los elementos incorporados a la causa, el Juzgado concluyó que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración del hecho punible investigado por lo que corresponde la desestimación de la denuncia.
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Decretan prisión para sobrina de “Lalo” Gomes por filtrar información
El juez de Garantías interino, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de la exasistente fiscal Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien está imputada por un esquema de filtración de información de procedimientos fiscales en casos de drogas.
La mujer cumplirá la prisión preventiva en el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional de la Policía Nacional. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ante el citado magistrado en el Palacio de Justicia.
Solís Gomes fue asistente fiscal del Ministerio Público entre 2019 y 2023 y, según la imputación, habría actuado como operadora de confianza del denominado “Clan Gomes”, utilizando su posición para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y fiscales, y filtrar información confidencial en beneficio de los integrantes de la organización.
Entre los hechos atribuidos, se menciona que en 2019, durante una causa contra el presunto sicario Kadu Cezar Machado, habría gestionado modificaciones de un acta policial para favorecer la calificación jurídica del hecho y solicitado gestiones para obtener un dictamen pericial favorable. La imputación también señala que Solís Gomes habría realizado gestiones en una causa contra la exfuncionaria del banco BBVA Claudia [apellido omitido] para evitar que Gomes y Alexandre fueran identificados en una investigación por lesión de confianza y estafa bancaria.
Asimismo, en 2021 habría solicitado la intervención de Gomes para obtener la prisión domiciliaria de Jhony Arter Giménez Amarilla y, en 2023, habría direccionado la estrategia procesal en otra causa. En el marco de la Operación Sanctus, ejecutada el 8 de diciembre de 2023, se le atribuye haber filtrado información confidencial del operativo a “Lalo” Gomes y a su hijo Alexandre.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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