La fiscal Mercedes Vera confirmó que recién a casi un mes del accidente de tránsito que involucró al diputado Mauricio Espínola, y que arrojó como víctima fatal al conductor de una motocicleta, el Ministerio Público realiza las diligencias para solicitar los videos de circuitos de locales públicos y privados de los alrededores donde se produjo el siniestro.

La pregunta surge: Si hizo el cambio de carátula despues de la muerte, que ocurrió el 27 de mayo, ¿por qué recién ahora pide las imágenes de circuito cerrado?

En conversación con radio Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que comenzaron a realizar las diligencias pertinentes, luedo de que se cambiara la caratula fiscal, convocando además al personal interviniente, a la viuda de la víctima, una hermana, entre otras diligencias.

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Aclaró que la comunicación inicial realiza la Comisaría 7° jurisdiccional, que en su momento hizo mención a un hecho punible de lesión culposa y daño material en accidente de tránsito.

Mencionó que tras el accidente que se produjo el 16 de mayo, ese día se comunicó el hecho de la lesión, además que la víctima fue derivada hasta el Centro de Emergencia para un diagnóstico y tratamiento. Indicó que posterior a eso, ya no hubo ninguna comunicación de que la víctima quedara internada ni sobre la gravedad de las heridas o su estado de salud.

“Recién en fecha 27 de mayo es cuando se comunica el deceso de esta persona; de ahí en más es que estábamos tratando nosotros de justamente tener en cuenta que en el lugar del accidente había cámaras. Recién hoy me están pasando, de que hay varios lugares, tanto públicos como privados, que cuentan con cámaras de videos y eso es lo que estamos solicitando nosotros”, confirmó.

Mencionó además, que debido a que la comuniciación inicial de la Comisaría jurisdiccional fue solamente como un hecho de lesión y daños es que la Fiscalía caratuló la carpeta como “hecho innominado de daños”. Pero posteriormente, con el deceso de la víctima, ocurrido en fecha 17 de mayo, es que se hace el cambio de carátula de la carpeta fiscal.

Confirmó además que en el informe policial, ni siquiera cuenta con un reporte ampliatorio en el que se detalle que en el lugar haya habido testigos, ni siquiera las cámaras.

“Nosotros no tenemos una comunicación de que la víctima haya quedado en estado de observación, ni que haya ingresado a terapia. Once días después, a nosotros también nos llamó la atención de que haya fallecido, porque el hecho se comunicó, le reiteró, como un hecho de lesión y daño. A partir de esa comunicación es que el Ministerio Público activa todos los protocolos y solicita todos los informes que le he mencionado”, remarcó.

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El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra Martha Benítez en el caso conocido como metrobús. El pedido fue presentado por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.

De acuerdo con la Fiscalía, no existen los elementos suficientes para sostener una acusación por supuesta lesión de confianza y llevar la causa a juicio oral.

Los fiscales que llevaron adelante las investigaciones concluyeron que no hubo malversación, que no hubo un pago sin obra, además de la existencia del avance de un 40 %, como así también la validación de fiscalizadores internacionales y el BID de que existía la viabilidad técnica.

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En el requerimiento de sobreseimiento, terminada la etapa de investigación, se menciona que la evidencia física y documental señala que existe correspondencia entre las obras realizadas y certificadas y los pagos realizados. Es decir, durante su periodo de gestión se pagó por lo efectivamente construido y certificado.

En lo que respecta a los pagos de infraestructura, la investigación estableció que fue validado por consorcios internacionales que intervinieron como fiscalizadores y por el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente, la Fiscalía señaló que es imperativo distinguir entre un proyecto inconcluso y un perjuicio penal.

La administración de Jiménez Gaona –que con­cluyó en agosto 2018– entregó una obra con un avance del 40 % aproximadamente según el informe pericial de la firma internacional Conexig LLC, plenamente funcional y útil dentro de su etapa cronoló­gica, de acuerdo con el Ministerio Público, esto respaldado por un sólido esquema de garantías, que incluyen pólizas de seguros y fiel cumplimiento.

En su conclusión, la Fiscalía indica que no existió ni una sola prueba técnica del ámbito privado y público que indique que las obras ejecutadas valieron menos de lo que fue pagado y que permitan establecer un perjuicio. Tampoco se ha podido establecer que los fondos del proyecto hayan sido malversados o utilizados para otros fines.

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Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad.

Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente, en junio de 2008, en posesión de armas de gran calibre.

Isai “N” es considerado uno de los operadores del cartel de Sinaloa y es designado de coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica, dijo a la AFP una fuente federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar.

Añadió que se le considera responsable de “la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos”, la droga relacionada con decenas de millas de muertes cada año en ese país.

Un pedido de extradición pesa en su contra por los delitos de delincuencia organizados y narcotráfico, apuntó la fuente.

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A consulta de la AFP, las autoridades dijeron desconocer al momento detalles sobre la captura anterior.

Con amagos de sanciones en forma de aranceles, el gobierno del republicano Donald Trump exige a México detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo.

Esta captura se produce en momentos en que México negocia con Estados Unidos y Canadá la revisión de su tratado de libre comercio, el T-MEC, proceso que debe concluir a más tardar el 1 de julio.

La Casa Blanca diseñó además a cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, entre ellos el de Sinaloa, sumido actualmente en una sangrienta pugna interna. Dos hijos del “Chapo”, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Según medios estadounidenses, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de Guzmán que también participarían en el cartel, negocian actualmente su entrega a las autoridades estadounidenses.

El veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada, que fue socio del “Chapo” en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.

Fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de El Paso, Texas, a donde llegó en avión privado supuestamente engañado por Joaquín hijo.

Tras denunciar una traición, las facciones afines a Zambada, denominadas por la prensa como “la mayiza”, se enfrascaron en una pugna interna con los afines a los hijos de Guzmán, conocidos como “los chapitos”.

En casi dos años, las disputas han dejado más de 1.000 muertos en Sinaloa, asolado además por robos, secuestros y extorsiones.

• Fuente: AFP

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El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) remitió una nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral trasladando la inquietud de varios movimientos internos del Partido Colorado, que solicitan la fijación de fecha, lugar y hora para realizar la auditoría a las máquinas de votación, tal como solicitan estos sectores internos de la disidencia colorada.

En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente del TEP Santiago Brizuela, explicó que desde el tribunal partidario están abiertos para dar total tranquilidad y seguridad a todos los participantes de las elecciones internas con miras a las municipales. Señaló que aguardan la respuesta del TSJE sobre el pedido del Tribunal Partidario.

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“Nosotros trasladamos la inquietud de los movimientos internos que quieren la auditoría, porque consideran que se tiene que cumplir esa parte. Entonces, básicamente le decimos al TSJE, que se dio ese error comunicacional y que finalmente está a cargo de ellos decidir si ellos consideran que corresponde, entonces le pedimos que se fije fecha y hora con la sugerencia que bueno es subsanable el problema”, explicó Brizuela.

El titular del TEP aclaró que es un traslado de la inquietud y no tiene sentido de exigencia; y que decidir si se realiza la auditoría o no es competencia de la Justicia Electoral decidir si se lleva o no a cabo este proceso. Señaló que lo que se busca controlar son las máquinas de votación tanto el hardware, que son todos los componentes del físico y el software.

Explicó que esta situación se dio a raíz de que en el cronograma interno de la ANR estaban fijados dos días, 23 y 24 de febrero pasado, para llevar adelante esta auditoría en la sede de la Junta de Gobierno, pero cuando eso la Justicia Electoral suspendió esas auditorías y no volvió a fijar otra fecha.

“Entonces con ese error, impasse, o ese hueco que quedó ahí, nosotros sugerimos a la Justicia Electoral, que se cumpla ese hueco y con eso ya se subsana todo el problema. Pero siempre quedando a criterio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso con la salvedad de que el cronograma electoral, es decir la fecha de la interna fijada para el 7 de junio, no se altera ni se prorroga de ninguna manera”, remarcó.

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