El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y exclusión probatoria, presentados por la defensa de la acusada Patricia Ferreira, directora de la firma Imedic S.A y los demás acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente, los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero solicitaron a los jueces de sentencia el rechazo de los incidentes presentados por la defensa de los acusados. El tribunal colegiado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó todo lo planteado. Además de Ferreira, están siendo juzgados Nidia Godoy, funcionaria de la firma Imedic S.A. y el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez.
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Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados, debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Eduardo González acusa a la oposición de “mancillar” a sus propios representantes
El apoderado general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, salió al paso de las denuncias de la oposición sobre supuestas compras de mesas. Cuestionó la falta de precisión de las acusaciones y sostuvo que se busca “mancillar de forma irresponsable” la reputación de dirigentes y representantes electorales.
Durante una entrevista en el programa especial “Paraguay Elige”, mencionó que ya es conocido que con la exsenadora Kattya González ya se sabe la historia del “pastorcillo mentiroso”, de tantas veces que dice sandeces, que al final no se sabe cuándo es real y cuándo es mentira. Pero aclaró que está en su derecho de decir todo lo que quiera.
Sostuvo que al final es una “gran irresponsable” porque en su denuncia no específica si lo hace por Asunción, Central o Villa Elisa, ya que lo manifestó de forma muy genérica.
“Lo que pasa es que hay que ser responsable, es muy fácil decir por los medios muchas cosas de forma irresponsable y buscar mancillar mucha reputación y nombres de la gente. Hablan de compra de mesas y muchas otras cosas, también escuché a gente de la oposición. Me pregunto cómo se ha de sentir esta gente, ya que desde hace más de 25 años que la oposición tiene mayoría en las mesas, hay un colorado contra dos de la oposición por mesa y escuchar que dicen por ellos que se les compra”, expresó.
Cuestionó que con qué entusiasmo esos liberales o representantes de la oposición se van a sentar a las mesas, si luego se los acusa de que venden la mesa a los colorados. “Es lo que me llama la atención, cómo denotan a su propia gente y seguramente es por eso que les pasa, lo que les pasa últimamente”, acotó.
Hipocresía de la oposición
Respecto a las acusación de la senadora Celeste Amarilla, quien dijo que los representantes de Cruzada Nacional que integran la mesa de votación estarían aliados con el Partido Colorado, González calificó igualmente de denuncia irresponsable y una hipocresía más de la opositora.
En ese sentido, señaló que la propia senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes en una entrevista el viernes aclaró que su partido, por su parte, el 98 % de sus mesarios le entregó al PLRA; lo cual consideró una situación grave.
“Dijo que el 2 %, por ejemplo, le cedió al equipo de Chilavert y sale también Chilavert y dice que Yolanda Paredes le entregó esos miembros de mesa. O sea, ¿quién le entregó a quién? Y eso sí me gustaría que investigue el Ministerio Público, cómo puede ser que un partido le ceda tan abiertamente sus mesarios, porque así lo dijo Yolanda Paredes al PLRA. Entonces, esos mismos hacen que su denuncia caiga por sus propios argumentos que ellos mismos sostienen", acotó.
Evaluación de la jornada electoral
Por otra parte, González brindó un reporte de lo que manejan desde el Comando de Vigilancia de la ANR y mencionó el reporte recibido de los 1.187 locales de votación es positivo, en la totalidad se están llevando a cabo las elecciones. Confirmó además que si bien, no todas arrancaron a las 7:00 como estaba previsto, pero sí para las 8:30 el reporte general era que la totalidad de las mesas ya estaban en funcionamiento.
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Condenan a tres años y medio de cárcel a exgerente bancario por fraude millonario
Un tribunal de sentencia condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que se desempeñaba como gerente de un banco, tras ser encontrado culpable de ocasionar un daño patrimonial de G. 4.823.218.534 mediante un esquema fraudulento de transferencias y cuentas corrientes, según la acusación fiscal demostrada en el juicio oral.
El condenado fue identificado como Sergio Andrés Olmedo García, responsable del perjuicio económico en detrimento del Banco Continental. Aunque el fiscal Julio Ortiz solicitó una pena de seis años de prisión, el Tribunal de Sentencia —integrado por las magistradas Ana Rodríguez (presidenta), Karina Cáceres y Yolanda Morel— resolvió condenarlo a tres años y medio.
El sentenciado ocupaba el cargo de gerente en una de las sucursales de la entidad bancaria cuando cometió los ilícitos. El esquema comenzó a descubrirse mediante una auditoría interna presentada en agosto de 2022, la cual evidenció inconsistencias en libradores de cheques sin solvencia patrimonial, documentación con datos falsos y operaciones vinculadas entre varios clientes y el propio condenado, quien resultaba el principal beneficiado de las transferencias.
Asimismo, otra auditoría detectó irregularidades en las actividades económicas de varios clientes. Estas personas realizaban transferencias vía SIPAP a uno de los implicados, utilizando créditos irregulares otorgados por otro banco y provenientes de otras entidades bancarias. La investigación judicial confirmó la existencia de este esquema fraudulento diseñado para la obtención de préstamos, apertura de cuentas corrientes y transacciones ilícitas.
El esquema
Los fondos obtenidos de manera irregular eran transferidos a uno de los involucrados, quien posteriormente los redistribuía entre los demás miembros de la red. Estas operaciones consumaron el perjuicio patrimonial de G. 4.823.218.534 contra la entidad bancaria.
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Consejo de Gobernadores rechaza expresiones de senador sobre el programa Hambre Cero
El Consejo de Gobernadores manifestó su rechazo las expresiones del senador Carlos Núñez sobre la supuesta utilización política del programa Hambre Cero en las Escuelas. A través de un comunicado, los jefes departamentales instan al legislador a realizar las denuncias en las instituciones que correspondan y que presente los argumentos reales, exigiendo respeto y responsabilidad con este tipo de expresiones políticas y mediáticas.
“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar”, señala el escrito.
Agrega que “si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento”.
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Los gobernantes instan a dejar de lado los ataques políticos internos: “Si su cuestionamiento es el programa, debatámoslo, si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”.
Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, también se pronunció sobre el senador Núñez y expresó su rechazo ante estas declaraciones: “Realmente no queremos polemizar con nadie, yo le aprecio mucho al senador Núñez, y no me quiero pelear con nadie, pero tampoco podemos alegremente callarnos, tenemos que salir a defendernos porque realmente fue irresponsable su declaración”.
Indicó, en comunicación con 1020 AM, que no está en los ánimos llegar a una acción judicial, pero sí solicitarán al senador retractarse o ratificar sus dichos. “No creo por el momento, la idea es no darle demasiada entidad, pero estamos analizando en envío de un notario público para que se ratifique o se rectifique”, sentenció.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.