El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

El encuestador Adolfo Grau dijo que los votos a favor de los candidatos a concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ampliarán la brecha de preferencia electoral que mantiene el candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez contra su principal contrincante la opositora y exministra de Viviendas, Soledad Núñez.

“La suma de todos los votos de la concejalía colorada supera a la de Camilo unos 3 o 4 puntos, es decir Camilo por una cuestión simple va a subir más, se ampliará su brecha que tiene con Soledad Núñez. Después está el día D, la estructura, los recursos humanos y económicos que inciden mucho en la fase final de una campaña política y pareciera ser que los margenes serán muy superiores a lo que estamos manejando hoy. Yo creo que se llegará a un 18 % o un poco más (de diferencia en preferencia electoral)”, refirió al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

El Departamento de Investigaciones localizó y detuvo en el microcentro a una de las personas investigadas por lesión de confianza en el caso que involucra a los expresidentes Jorge Brítez y Vicente Battaglia.

Rosa Concepción Colmán, con orden de captura en la causa por supuesto hecho de lesión de confianza, en el IPS, fue detenida ayer durante un operativo en el barrio Catedral de Asunción. La derivaron al Departamento de Investigación de Asunción, desde donde la llevarán a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria hoy.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó que la estatal no variará sus precios esta semana, mientras continúa analizando la situación. El titular de la petrolera estatal aseguró que la firma seguirá siendo la más competitiva, incluso de darse alguna eventual suba.

“Todavía seguimos analizando cómo está el mercado, acabamos de cerrar el mes de julio, la segunda quincena, y realmente la cotización internacional no baja del promedio de USD 1.000 el metro cúbico”, dijo en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) destacó el avance en obras de infraestructura que serán de alta relevancia en el desarrollo del país. El puente del corredor Bioceánico, la defensa costera de Pilar y la conexión de Puerto Indio con la ruta PY07 están tomando forma conforme a las labores realizadas.

Con relación al paso sobre el río Paraguay, para unir las localidades de Carmelo Peralta con Puerto Murtinho (Brasil), el gremio cita que se encuentra en su etapa decisiva para unir ambas márgenes y destaca que se trata de una estructura clave para consolidar al Paraguay como centro logístico multimodal.

El Partido Nacional de Uruguay se pronunció sobre las expresiones del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, con respecto a la Guerra de la Triple Alianza (1964-1970). La agrupación política expresó su postura respecto a las declaraciones del mandatario brasileño sobre Paraguay y la idea errónea de la nefasta Guerra Grande en alianza con Argentina, Brasil y Uruguay.

“Las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, referidas al origen de la Guerra de la Triple Alianza, imputando a Paraguay el inicio de la misma, el Directorio del Partido Nacional declara: su más absoluto rechazo a la versión equivocada y falsa sobre el inicio de dicho drama que destruyó la mencionada República”, refiere el comunicado emitido por el Directorio de la agrupación política uruguaya.

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También expresa que: “recordar que el alto precio que el gobierno oriental pagó para que se pactara en Rosario la referida alianza”, como así también; “reiterar, más de cien años después, nuestra solidaridad histórica y presente con el pueblo y Gobierno de la mártir República del Paraguay”. El documento está firmado por el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado y los secretarios.

Este gesto fue valorado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien compartió este comunicado a través de sus redes sociales. El segundo del Ejecutivo mantiene una postura firme de rechazo a las expresiones del presidente brasileño, como también el pedido de devolución de los trofeos de guerra que se encuentran en Brasil, uno de los más importantes, el cañón cristiano.

“Valoro este gesto del Partido Nacional del Uruguay. Ser fieles a la historia y respetuosos de su legado conduce a esta reflexión honesta y seria: valorar el martirio del Paraguay por una causa fraterna con el pueblo Uruguayo. Avancemos hacia una América que dialoga desde la verdad y el respeto”, resaltó el vicepresidente Alliana.

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Este jueves, el Tribunal de Sentencia condenó a 2 años y 3 meses de prisión al suboficial que estuvo involucrado en el atraco a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) por el hecho punible de frustración de la persecución penal. La pena quedó compurgada tras cumplir prisión preventiva y arresto domiciliario, por lo que se dispuso su libertad.

El tribunal presidido por el magistrado Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Cinthia Garcete y Jorgelina Melgarejo dictó sentencia contra el suboficial Fernando Llamas Ríos, de 29 años, quien fue condenado por el hecho punible de frustración de la persecución penal.

El magistrado indicó que la Fiscalía probó con certeza que el acusado cometió el delito de hurto agravado por omisión, basándose en el artículo 15 del Código Penal, porque como policía activo tenía la obligación constitucional y legal de evitar el crimen que se reportó en febrero del 2024 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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Además, existieron elementos suficientes para demostrar que Llamas tenía conocimiento del plan y de su ejecución, pero que decidió no actuar cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Finalmente, el tribunal indicó que las pruebas no bastaban para afirmar que el acusado dominaba o conocía los detalles del plan delictivo y lo condenó a 2 años y tres meses de prisión.

Han pasado 2 años y cinco meses del aquel atraco, hoy, el condenado ya guardó prisión preventiva más arresto domiciliario y tiene compurgada su condena, por tanto se dispuso su libertad.

El millonario hurto que ocurrió el 4 de febrero de 2024 en Ciudad del Este, cuando una banda transnacional alquiló un local comercial para realizar la excavación de un túnel de más de 130 metros de longitud y llegar a la parte más vulnerable de la pared donde abrieron un boquete sin que nadie se percatara. Vaciaron los cofres de los cambistas, llevándose un millonario botín en diversas divisas.

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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.

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Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.

Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

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