Admiten segunda imputación por lesión de confianza contra Miguel Prieto
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la segunda imputación por lesión de confianza contra el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, procesado por el delito de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Igualmente el citado magistrado admitió la imputación por los mismos delitos contra Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Asimismo, se admitió el presente proceso penal para los demás imputados Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo.
El magistrado fijo para el próximo 17 de abril a las 09:00 la audiencia de imposición de medidas cautelar para Prieto, donde se definirá si se hace lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión o se decreta la prisión del actual jefe comunal esteño. Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas.
Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. A su vez, están imputadas otras doce personas. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el Covid-19.
Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
El juez Édgar Rivas es sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el juicio civil caratulado S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra. FOTO: ARCHIVO
Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
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La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
El juez Humberto Otazú dispuso la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de fondos en cuentas bancarias y productos financieros de Santiago Peña y Carlos Carvallo. Foto: Mariana Díaz
Juez ordena inhibición de bienes y embargo de cuentas de Peña y Carvallo
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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público y decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
La resolución judicial también dispone el embargo preventivo de los fondos existentes y de aquellos que pudieran ingresar posteriormente en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros registrados a nombre de ambos imputados en entidades bancarias, financieras y cooperativas.
De esta manera, la medida no se limita al dinero que actualmente se encuentra depositado, sino que también comprende los recursos que puedan acreditarse en esas cuentas en el futuro.
Asimismo, el magistrado autorizó al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para localizar otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre de Peña y Carvallo.
La decisión fue adoptada tras analizar el requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez.
La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.