La Policía Nacional detuvo hoy viernes a una pareja que se dedicada a asaltar a vecinos y peatones con machetes en el barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, creando el pánico en la zona. Los intervinientes lograron incautar dos armas blancas blancas, un machete, un cuchillo y recuperaron un aparato celular robado.

Según el reporte de la comisaría 17ª Central, la captura de estas personas se registró durante la madrugada de hoy tras una denuncia por disturbios que estaban generando en la zona conocida como Pantanal. Esto, luego de que asaltaran y despojaran de su celular a un hombre que pasaba por el sitio.

Los presuntos asaltantes fueron identificados como: Éver Máximo López, de 45 años, que cuenta con antecedentes por por robo, robo agravado y hurto agravado. Así también, su pareja sentimental María Belén Chávez Falcón, de 34 años, con antecedentes penales por tenencia de drogas, violación del deber de cuidado y hurto agravado.

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“Estas dos personas estaban creando disturbios con armas blancas en mano. Nos constituimos en el lugar y encontramos que portaban armas, opusieron resistencia al personal policial y fueron reducidos. En el lugar confirmaron que se apoderaron del celular, que fue recuperado”, detalló Gustavo Escobar, oficial interviniente a los medios de comunicación.

Agregó que estas personas son conocidas en la zona y que ya andaban causando zozobra entre los vecinos. El caso fue comunicado a la fiscal Nora Cubilla que ordenó la reclusión preventiva por robo agravado, resistencia e incautación de armas blancas.

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El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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La fiscal Viviana Duarte dio detalles del accidente en el que murieron un padre y su hijo de 1 año en Capilla del Monte, San Lorenzo, el sábado de madrugada. El hombre, aparentemente, estaba fuera de sí debido a que se habría peleado con su pareja antes del choque fatal, según reveló este lunes la agente del Ministerio Público en diálogo con la 1020.

Mencionó que todos fueron auxiliados de forma rápida y que el abuelastro fue el primero en llegar al lugar, porque les estaba siguiendo. “El abuelastro (esposo de la mamá de la chica) me dijo que les estaba siguiendo porque él (el conductor) le llevó a ella de la fiesta”, mencionó.

Añadió que decidió seguirles porque protagonizaron una pelea en el evento en el cual estaban participando. “Se pelearon, discutieron y tomé un Bolt y les seguí, me dice el abuelastro. Él estaba muy mal”, precisó.

En cuanto a imágenes sobre el percance, señaló que hallaron una cámara a cien metros del lugar del accidente. “En el lugar mismo del hecho, no hay”, indicó la agente fiscal.

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Pero, a simple vista, por la forma en que quedó el vehículo, se nota que “hubo bastante velocidad de por medio”, refirió la interviniente.

En relación al estado de salud de la madre, dijo que los médicos le informaron que analizarían si la señora sería intervenida debido al traumatismo que tenía en el mentón. “Ese traumatismo era el 10 % de lo que tenía el niño en la mejilla”, comentó.

No obstante, en general, está estable. “Estaba estable, lúcida, pero también shockeada”, puntualizó.

El siniestro vial involucró a Arturo Gómez y su hijo de 1 año, quienes perdieron la vida al instante, tras estrellarse contra un árbol supuestamente al pasar un bache sobre la avenida Moisés Bertoni, zona de Capilla del Monte.

Según reportes, el conductor perdió el control tras atravesar el bache, salió de la calzada e impactó violentamente contra un árbol ubicado en el paseo central. La madre del menor, de 21 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital del Trauma, donde permanece internada.

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