Se inició el juicio oral y público para Bruno José Da Costa Amaral, acusado por el delito de violación a la ley de armas, por presuntamente proveer de armas a integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado está integrado por los jueces Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos.
Por su parte, el fiscal del caso Federico Delfino sostuvo que se inició la audiencia oral y seguirá este viernes 22 de marzo con la producción de más elementos de prueba producidas por el Ministerio Público.
El fiscal Federico Delfino había iniciado el proceso penal contra Da Costa Amaral por el hecho punible de violación a la Ley 4.036/10 de portación y tenencia de armas, con respecto a los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito.
Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo terrorista criminal autodenominado EPP. El Ministerio Público había encabezado un allanamiento en el mencionado local, ubicado en Salto del Guairá, y se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de las investigaciones relacionadas al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en septiembre del 2020, durante un allanamiento realizado en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, fueron halladas imágenes del local de venta de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora procesado.
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Gobierno adquiere escáneres de Alemania para buscar a secuestrados del EPP y EML
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el gobierno de Santiago Peña adquirió escáneres de última generación procedentes de Alemania, que serán empleados para la búsqueda de los secuestrados por los grupos criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el extinto Ejército del Mariscal López (EML).
“Esto es una primicia, conseguimos unos escáneres de última generación de Alemania que pueden perforar la vista 40 metros, tenemos algunos índices de inteligencia y vamos a comenzar a buscarlos. Serán presentado de forma oficial el lunes”, indicó el secretario de Estado a la 1020 AM.
“Son de última tecnología, se aplicarían para buscar restos, ya que las tres familias víctimas asumen lo peor. Tenemos todavía lugares que son inaccesibles, hay muchas selvas, animales", agregó Riera, señalando que son dos escáneres que serán utilizados conjuntamente con el Ministerio Público. “Funcionarán las 24 horas de los 7 días de la semana hasta que los secuestrados sean hallados”, comentó.
Actualmente permanecen en manos del EPP, el suboficial de Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien fue secuestrado el 5 de julio de 2014. El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, específicamente en la zona de la estancia “Macchi Cué”, mientras él se encontraba de cacería con un grupo de amigos.
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También fue raptado por el EPP, el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Su secuestro fue el 9 de setiembre del 2020 y ocurrió en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Concepción. El pasado 21 de febrero, el grupo criminal presuntamente concretó el secuestro del productor agrícola Almir de Brum, en la zona de Yhú, departamento de Caaguazú.
Mientras que el secuestro del empresario ganadero Félix Urbieta, es atribuido al EML. El rapto se produjo el 12 de octubre de 2016, en la estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cué, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.
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Caso María Fernanda: va a juicio oral proceso penal
El Juzgado Penal de la Adolescencia de Coronel Oviedo decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el adolescente, principal sospechoso del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025. La Justicia admitió la acusación fiscal por feminicidio y aborto en grado de tentativa, ratificando así el inicio de la etapa de juzgamiento.
Tras esta resolución, se deberá realizar el sorteo para designar a los integrantes del Tribunal de Sentencia que tendrán a su cargo el debate sobre la culpabilidad del procesado. El acusado permanece bajo prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025.
Cabe destacar que la semana pasada se confirmó que otros cinco acusados también enfrentarán un juicio oral por su presunta participación y encubrimiento en el crimen.
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.
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Defensa de joven intenta frenar audiencia preliminar con chicanas
Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres, defensores de un joven acusado por coacción sexual, plantearon chicanas para evitar la realización de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Raúl Florentín, quien debe decidir si el caso se eleva a juicio oral y público.
La defensa del acusado solicitó al juzgado que cite a declarar a la víctima del grave suceso. Ante este pedido, el juez Florentín dictó una providencia señalando: “téngase presente para su tratamiento y resolución en la etapa procesal oportuna”.
Contra esta determinación, los abogados del acusado presentaron un recurso de reposición con el objetivo de suspender la audiencia preliminar fijada para este viernes a las 8:30 de la mañana.
El pasado 7 de febrero, la fiscala María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra el joven acusado y solicitó que el proceso penal sea elevado a juicio oral y público, considerando la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.
La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón que traía puesto”.
Igualmente, la Fiscalía refiere que “el presunto autor, en todo momento neutralizó a su víctima subiéndose sobre ella; además, trató de ocultar su identidad colocándose una manta en la cara y haciéndose pasar por otra persona”.
Del mismo modo, el Ministerio Público indica que los actos sexuales a los cuales el acusado sometió a la víctima constituyen una conducta típica, pues se halla descrita en la normativa penal como un hecho punible y cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal mencionado.
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