Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.
Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.
“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.
El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.
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Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.
“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.
Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.
Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.
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