La fiscala Rosa Noguera presentó la imputación por robo agravado contra los cuatro agentes policiales detenidos por realizar un asalto a una casa ubicada en el barrio San Pablo de Asunción de donde se habrían llevado 20 kilos de cocaína. La fiscalía pidió la prisión de los uniformados.
Los imputados son Blas Armando Medina, oficial inspector; Pedro López Trinidad, suboficial principal; Fidel Bernal Centurión, suboficial mayor y Carlos Marcos Costas Ortiz, suboficial inspector.
Ahora los uniformados deberán comparecer ante un juzgado Penal de Garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son derivados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Los agentes policiales acudieron a la sede del Ministerio Público donde se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante la fiscala Rosa Noguera.
De acuerdo a la denuncia, los hoy imputados ingresaron a una vivienda en el barrio San Pablo de Asunción, donde los uniformados habrían llevado entre 20 y 30 kilos de cocaína. El hecho de robo agravado ocurrió sobre las calles Incas casi Veteranos de la Guerra del Chaco, donde resultaron víctimas dos personas mayores de edad, que fueron despojadas de dinero en efectivo y tres aparatos celulares, según el informe policial.
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Militares y policías se acoplarán el miércoles a la movilización docente en Asunción
El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.
“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.
Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.
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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.
Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.
La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.
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Procesan a hombre que habría atacado con azada a una mujer y a su hijo de un año
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Carlos Antonio Almada, titular de la Unidad Penal Nº 1 de Ciudad del Este, imputó a un hombre de 37 años por el supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, por haber atacado presuntamente con una azada a una mujer y a su hijo de un año.
Ocurrió ayer 8 de marzo, alrededor de las 00:30, en un inquilinato del kilómetro 10 Acaray, fracción La Chacra, a aproximadamente 4.000 metros de la ruta PY02 de Ciudad del Este.
De acuerdo al escrito de imputación, la víctima y su hijo se encontraban acostados cuando el presunto agresor ingresó a la habitación del inquilinato portando una azada. Sin mediar palabra, habría golpeado al niño en el abdomen y en el brazo derecho.
La madre intervino para proteger a su hijo, pero también fue violentada por el sujeto, sufriendo múltiples heridas cortantes en la espalda, la cabeza y el hombro izquierdo.
También sufrió la amputación de cuatro dedos de la mano y fracturas abiertas en la falange, el radio y el cúbito del lado izquierdo, según consta en el informe médico. La víctima pidió auxilio a gritos, haciendo que el presunto agresor huyera y se ocultara en otra habitación de la vivienda.
Posteriormente, la propietaria del inmueble y a la vez madre del presunto agresor, alertó a la Policía mediante una llamada telefónica. Agentes del Puesto Policial N.º 12 acudieron al lugar para asistir a las víctimas y recabar los datos preliminares del hecho para luego proceder a la detención del hombre. Se desconoce aún las causas de la tentativa de homicidio.
En base a los elementos iniciales de sospecha, la Fiscalía imputó al supuesto responsable por homicidio doloso en grado de tentativa y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena.
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Fiscales formularon nueva imputación contra Miguel Prieto y otros 10 en calidad de cómplices
En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:
- Sebastián Martínez Insfrán
- Sonia Barrios Ramírez
- Walter Hugo García Méndez
- Salem Esgaib Zugaib
- Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
- Valeria Fabiana Romero
- Hugo Benítez Vázque
- Karen González Vergara
- Fredy Guzmán Martínez
- y Cinthia Noelia Alen Guerrero
Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.
Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Medidas cautelares
Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.
“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.
Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:
- Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
- Prohibición de salida del país.
- Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
- y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.
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Imputan a empresario brasileño por supuesta evasión de G. 1.600 millones y uso de facturas falsas
Desde el Ministerio Püblico informaron este viernes que la agente fiscal Yeimy Adle, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación contra un ciudadano brasileño de 34 años, representante legal de la firma Salto Diamante S.A., de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
“Es en el marco de la causa que investiga sobre la supuesta comisión del hecho punible de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos”, aclararon desde la Fiscalía.
Mediante los datos colectados, según la investigación fiscal, el 13 de agosto de 2024 el sospechado habría presentado ante la administración tributaria facturas presumiblemente falsas.
“Dichos documentos habrían sido utilizados para respaldar créditos fiscales del IVA correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023, así como costos y gastos del IRE del mismo año, obteniendo presuntamente un beneficio impositivo indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708 en impuestos”, informaron.
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Documento no auténtico y evasión
Según indicaron, la conducta del hoy investigado se subsumiría en el tipo legal de producción de documento no auténtico, previsto y penado en el artículo 246, inciso 1º, en la modalidad de uso; así como también, en el tipo legal de Evasión de impuestos, conforme a lo establecido en el artículo 261, inciso 1″, ambos del Código Penal; en concordancia con el artículo 29, inciso 1º del mismo cuerpo legal.
Tras la presentación de los documentos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal la notificación correspondiente al imputado, de conformidad a lo establecido en los artículos 301, inciso 6) y 303 del Código Procesal Penal
Finalmente, también expusieron que debe señalarse la fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 347.
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