La fiscala Rosa Noguera presentó la imputación por robo agravado contra los cuatro agentes policiales detenidos por realizar un asalto a una casa ubicada en el barrio San Pablo de Asunción de donde se habrían llevado 20 kilos de cocaína. La fiscalía pidió la prisión de los uniformados.
Los imputados son Blas Armando Medina, oficial inspector; Pedro López Trinidad, suboficial principal; Fidel Bernal Centurión, suboficial mayor y Carlos Marcos Costas Ortiz, suboficial inspector.
Ahora los uniformados deberán comparecer ante un juzgado Penal de Garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son derivados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Los agentes policiales acudieron a la sede del Ministerio Público donde se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante la fiscala Rosa Noguera.
De acuerdo a la denuncia, los hoy imputados ingresaron a una vivienda en el barrio San Pablo de Asunción, donde los uniformados habrían llevado entre 20 y 30 kilos de cocaína. El hecho de robo agravado ocurrió sobre las calles Incas casi Veteranos de la Guerra del Chaco, donde resultaron víctimas dos personas mayores de edad, que fueron despojadas de dinero en efectivo y tres aparatos celulares, según el informe policial.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Imputan a un joven por estupro y a la madre de la víctima por presunta complicidad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a un joven de 22 años por estupro, después de haber convivido como pareja con una adolescente de 14 años, cuya madre también fue imputada por violación del deber de cuidado. La menor de 14 años está embarazada, de un mes aproximadamente, según revisión médica que se le realizó en el Hospital Distrital de Santa Rita.
El caso se inició con la denuncia que realizó la mujer por la desaparición de su hija adolescente, en Naranjal. La fiscalía tomó conocimiento del hecho y supo de la existencia de un supuesto exnovio y que la menor ya estuvo viviendo un mes con él, en un inquilinato del municipio de Naranjal.
De acuerdo a los datos recabados por la agente fiscal, la madre habría estado amenazando al joven para el pago de un dinero, que ella está investigando en qué concepto se adeudaba. En medio de esa situación, la adolescente habría regresado a su casa, pero su madre presentó igual la denuncia de su supuesta desaparición, refirió la fiscal María del Carmen Meza.
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Aparentemente, la menor de edad, al saber que su madre hizo la denuncia, a las 23:00 salió de su casa y un motociclista la acercó hasta la casa de quien era la supuesta suegra, en el distrito de Santa Rita. Fue esta mujer la que acompañó a la víctima hasta la comisaría de Santa Rita, al saber que estaba siendo buscada.
La agente del Ministerio Público indicó que el joven de 22 años y la adolescente de 14 años, si bien vivían en un inquilinato de Naranjal, ya habían estado por Santa Rita, por trabajos del joven. Según la fiscala, con anuencia de la madre es que la víctima estuvo viviendo ya un mes con el joven y está investigando si no fue la misma madre la que contrató el alquiler.
Acoso sexual
Por otro lado, la víctima contó a la agente fiscal que no quiere volver a la casa de su madre porque su padrastro la perseguía y la acosaba. “Son muchos elementos que estamos encontrando en la investigación, aparentemente situaciones terribles que ya estuvo sufriendo esta menor hasta llegar a vivir ya en pareja, a tan corta edad”, manifestó la agente fiscal de Iruña.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Caso Duck Sex Games: piden juicio oral para Luis Augusto Montanaro
La agente fiscal Diana Gómez presentó acusación y solicitó que la causa penal se eleve a juicio oral y público el caso que enfrenta el empresario Luis Augusto Montanaro, quien presuntamente compartió imágenes y videos de carácter íntimo-sexual sin consentimiento de la víctima, a través de distintas plataformas. La acusación fiscal es por lesión del derecho a la comunicación y la imagen.
Ahora la jueza de Garantía, Alicia Pedrozo, deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se tendrá que estudiar si corresponde que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
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Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento, imágenes sexuales, además de producir y transmitir material violando la intimidad de las personas en el caso conocido como Duck sex game.
Juicio oral de Montanaro
Semanas atrás la jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Asimismo, el colegiado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
En su momento, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción en la que la víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por la cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
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