La exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez apareció hoy en sede judicial luego de que fuera declarada en rebeldía en el proceso abierto para investigar actos de corrupción durante su administración en Petropar. Foto: Gentileza
Se entregó Patricia Samudio tras la declaración de rebeldía
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La extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, se entregó este viernes tras haber permanecido prófuga de la justicia durante un largo período y luego de que fuera declarada en rebeldía dentro del proceso que lo investiga por corrupción. También se entregó su esposo, José Costa Perdomo. Ambos se presentaron en el propio Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.
La exfuncionaria de la petrolera estatal durante el gobierno de Mario Abdo Benítez no compareció en la víspera para el juicio oral y público, por lo que se incrementaron las medidas restrictivas en su contra. Según informó el canal GEN/Nación Media, Samudio ya se encuentra en el retén de la sede judicial, aunque el juzgado a cargo de la abogada Inés Galarza no oficializó la información, ya se confirmó la presencia en dicho lugar, desde la oficina de guardia del Poder Judicial.
Los periodistas intentaron hablar con la magistrada, pero su entorno impidió el acceso, por lo que se aguarda las resoluciones en el transcurso de la jornada. La audiencia se llevaría a cabo en la sala cuatro del quinto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia, donde la defensa de Patricia Samudio arrimará sus elementos para levantar la orden de rebeldía para su defendida ante el Tribunal de Sentencia que preside la magistrada Inés Galarza.
La Fiscalía presentó acusación por lesión de confianza contra Patricia Samudio, luego de que se detectara un rosario de hechos de corrupción durante su administración, en el gobierno anterior.
El fiscal Silvio Corbeta se refirió a la situación procesal de la imputada en diálogo con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media durante el programa “Así son las cosas”. “Resulta que procesalmente una persona cuando es citada a comparecer en una audiencia ante el Juzgado, en este caso ya estamos hablando de un juicio oral y público, no es cualquier audiencia, la sanción para esta falta de sometimiento es la declaración de rebeldía de los procesados”, explicó.
Precisamente desde el Ministerio Público se solicitó que se aplique dicha disposición y la consecuente orden de captura de la procesada y la suspensión de todos los plazos procesales, que se reanudarán en la fecha luego de que la afectada se puso a disposición de la Justicia.
Prieto “debe estar sentenciado por la Justicia”, dice la Contraloría Ciudadana
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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.
Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.
Con amplio margen, destituyen a Miguel Prieto por corrupción
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HOY.COM.PY
Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausencias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraordinaria la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –acosado por decenas de denuncias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.
ASÍ VOTARON LOS DIPUTADOS:
A FAVOR:
Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodríguez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dávalos, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figueredo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fernández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Catebbekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.
Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martínez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarribia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Diosnel Aguilera, Manuel Acevedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.
CAUSALES
La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:
1. Estados Financieros presentados con graves inconsistencias como saldos irregulares, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.
2. Incumplimiento de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.
4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.
5. Incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a organizaciones no gubernamentales.
6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.
7. Irregularidades en la gestión del patrimonio de los bienes municipales.
8. Irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecutados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.
10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.
11. Pagos realizados a proveedores sin que estén cumplidas las exigencias legales.
12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipalidad en cuanto a la cantidad de empleados.
“Irregularidades fueron contundentes”
ALEJANDRO AGUILERA - Diputado
“El informe final del interventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en cheques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.
Rodeado de corruptos, pretende dar cátedra de moralidad y democracia
Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar cheques de comisiones, presumiendo de demócratas y paladines de la transparencia.FOTO: GENTILEZA
El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.
En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.
A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuerdan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se desempeñaba como director de Finanzas de la Municipalidad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques destinados a comisiones.
LOS ANTECEDENTES QUE LO DELATAN
El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funcionarios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nombres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, estaban destinados a comisiones, pero que terminaron alimentando la caja paralela del clan Prieto.
El informe final de la intervención también lo nombra: se constató que cheques librados a nombre de comisiones fueron efectivizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sistemático de fondos municipales.
DE IMPUTADO A “PRESIDENTE MORAL”
Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un personaje como Arrúa, intentando vender la idea de que encarnan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.
La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar cheques de comisiones, presumiendo de demócratas y paladines de la transparencia.
En la fecha explicaron que la presentación la realizó el titular de la Corte Suprema, César Diesel, ante comisiones de la Cámara de diputados. Foto: Gentileza
Poder Judicial: piden ampliación presupuestaria para infraestructura y servicios
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Ante las comisiones de Presupuesto y de Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, este martes el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel presentó los fundamentos de la solicitud de ampliación presupuestaria correspondiente a la Fuente 30, compuesta por recursos generados por el propio Poder Judicial.
“Los fondos serán destinados prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, así como a inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, incluyendo avances en digitalización documental de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en el marco de los preparativos para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN)”, explicó.
Los legisladores escucharon con atención las apreciaciones del doctor, quien profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.
Desde el Poder Judicial solicitaron una ampliación presupuestaria con fondos propios para fortalecer infraestructura y servicios. Foto: Gentileza
“Con esta propuesta se busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial”, indicó.
También aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.
Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan:
la adecuación edilicia de sedes judiciales
el fortalecimiento de la seguridad institucional
la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional
la cobertura de gastos en servicios personales y no personales
la compra de bienes de consumo y de inversión física
Contratos vigentes
Según lo expuesto, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados.
El director general de Administración y Finanzas señaló que parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.
Máximo tribunal de Perú blinda a Boluarte frente a múltiples investigaciones
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Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.
La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.
De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.
La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.
Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.
Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.
Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.
Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.
También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.
Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.
Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.
“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.
Fuente: AFP
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