La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.

Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.

Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.

El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.

Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.

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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.

En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.

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Durante la sesión ordinaria, los diputados rechazaron este martes el proyecto de ley que regulariza la tenencia y ocupación de las tierras expropiadas en Antebi Cué, departamento de Concepción.

El documento rechazado buscaba con la regularización brindar una solución definitiva a la situación de los productores que ocupan y explotan estas propiedades desde hace años.

Sobre el punto, el diputado Pastor Vera Bejarano señaló que el referido proyecto cuenta con varios dictámenes en contra, incluso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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Explicó ante el pleno que en conversación con sus colegas acordaron solicitar el rechazo de esta propuesta para trabajar en un nuevo proyecto “que cumpla con requisitos jurídicos, sociales y económicos”.

Según los antecedentes, en el año 1995, el Congreso Nacional dispuso, a través de una ley, la expropiación de un inmueble de 267.836 hectáreas, propiedad de la Empresa Comercial e Inmobiliaria, ubicado en el departamento de Concepción.

La medida tuvo como finalidad la formación de asentamientos coloniales agropecuarios en esa zona del país.

De acuerdo con los fundamentos, las tierras presentan características agrosilvopastoriles y ganaderas que requieren un tratamiento específico, de manera que su aprovechamiento permita mejorar la productividad y las condiciones de arraigo de las familias ocupantes.

Por estas razones, se planteaba establecer el precio de las parcelas para facilitar su regularización y posterior pago, generando ingresos para el Indert.

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“Yo creo que me tiene que complementar a mí un candidato con el perfil más técnico”, sostuvo de manera contundente el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario por el oficialismo, Pedro Alliana, en el marco de la puja por la definición de su dupla rumbo a los comicios internos partidarios fijados para diciembre del 2027.

“Si es posible alguien que no sea del interior de la República porque yo también ya represento a la gente del interior”, manifestó a los medios de comunicación descartando prácticamente de la definición al titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César Sosa, quien cuenta con pretensiones de ocupar la candidatura a vicepresidente de la República.

a Policía Nacional realizó este lunes el lanzamiento de un Dispositivo Especial de Seguridad para la cobertura de entidades financieras y bancarias, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana.

“En primer lugar, tendremos control de barreras en puntos vulnerables, críticos, donde vamos a estar teniendo personal de prevención como así también elementos tácticos”, explicó el comisario Juan Agüero, en conferencia de prensa.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llevó a cabo un encuentro territorial en la Costanera Norte de Asunción el pasado 25 de octubre, encabezado por la ministra Claudia Centurión, para presentar a las familias locales el plan de reasentamiento e indemnización del Distrito Eco Inclusivo. La titular de la cartera enfatizó el alcance humano del proyecto al señalar: “Detrás de este proyecto hay familias, historias y sueños que queremos acompañar; no se trata solo de construir viviendas, sino de toda una infraestructura urbana para que Asunción sea una ciudad más linda y segura, sin miedo a las inundaciones”.

La agente fiscal Verónica Valdez indicó que el juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, seguirá el próximo 3 de noviembre. Este lunes se realizó la presentación de evidencias que para el Ministerio Público no guardan relación con la causa judicial.

“Hoy se produjeron las evidencias que fueron incautadas de la casa de Giuzzio que estaban pendientes. El Ministerio Público no consideró hacer resaltos con respecto a estas evidencias y la defensa sí leyó la parte que le pareció pertinente”, indicó al canal GEN y Universo 970 AM. Valdez agregó que “fueron evidencias documentales encontradas y que la defensa consideró hacer resaltos. Son documentos que para el Ministerio Público no tienen vinculación con el hecho”.

En el marco de su agenda de seguridad en Washington, el presidente Santiago Peña sostuvo un encuentro con el director de la CIA, John Ratcliffe, para fortalecer la cooperación internacional en inteligencia, combatir el crimen organizado y resguardar las inversiones locales. Durante su mensaje, el mandatario enfatizó que la seguridad constituye la base indispensable para el desarrollo económico y la protección de las familias paraguayas, al tiempo de ratificar que Paraguay ejerce su soberanía con libertad, se mantiene fiel a sus aliados internacionales democráticos y rechaza cualquier intento de injerencia o presión externa en sus decisiones.

“La seguridad del Paraguay se construye sobre principios que compartimos con nuestros aliados. Con esa convicción, en Washington me reuní con John Ratcliffe, director de la CIA, como parte de nuestra agenda de seguridad”, expresó el mandatario, este lunes, en una publicación en redes sociales respecto al encuentro con Ratcliffe, que tuvo lugar el jueves 22 de octubre en Washington D. C., durante su visita oficial a los Estados Unidos desarrollada entre el 21 y el 23 de octubre.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.

Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante las denuncias mediáticas sobre un supuesto esquema de apriete y cobro a sus funcionarios, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, confirmó que remitirá el caso al Ministerio Público. Un grupo de funcionarios de Delgado denunció que la legisladora exigía millonarios pagos para nombramientos, bonificaciones e incluso para no ser despedidos de sus funciones.

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la Presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, confirmó Núñez a través de sus redes sociales.

La agente fiscal Verónica Valdez indicó que el juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, seguirá el próximo 3 de noviembre. Este lunes se realizó la presentación de evidencias que para el Ministerio Público no guardan relación con la causa judicial.

“Hoy se produjeron las evidencias que fueron incautadas de la casa de Giuzzio que estaban pendientes. El Ministerio Público no consideró hacer resaltos con respecto a estas evidencias y la defensa sí leyó la parte que le pareció pertinente”, indicó al canal GEN y Universo 970 AM. Valdez agregó que “fueron evidencias documentales encontradas y que la defensa consideró hacer resaltos. Son documentos que para el Ministerio Público no tienen vinculación con el hecho”.

Refirió que la próxima audiencia se encuentra fijada para el 3 de noviembre a partir de las 8:15, donde se procederá a escuchar las declaraciones de más testigos pendientes. “Por parte del Ministerio Público están pendientes a dar declaración seis testigos, pero nosotros vamos a evaluar si desistiremos de algunos y después faltan los testigos de la defensa”, comentó.

La agente mencionó también que otro paso fundamental en la etapa final del juicio público se centra en la extracción de datos pertenecientes a los dispositivos electrónicos de Marcus Vinicius. “Se tiene que producir la extracción de datos del señor Vinicius”, puntualizó.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

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