Ahora el juez Humberto Otazú deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si el imputado Blas Velázquez será remitido a la cárcel de Tacumbú. Foto: Archivo
Destraban proceso penal de exsíndico de Quiebras, imputado por lesión de confianza
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El Tribunal de Apelación Especializado integrado por los jueces Bibiana Benítez, Andrea Vera y Arnuldo Arias ratificó la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien admitió la imputación contra el exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, imputado por lesión de confianza.
Ahora el juez Otazú deberá fijar nuevamente la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si Velázquez será remitido a una penitenciaria o va a ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
La defensa del imputado había presentado varios incidentes dilatorios a los efectos de poder eludir someterse a la justicia. Todas las chicanas fueron rechazadas por el juez Otazú.
La agente fiscal Natalia Cacavelos formuló imputación contra el exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los hechos se registraron en el mes de agosto del año 2017 y junio del 2019, cuando Blas Manuel Velázquez, en su carácter de síndico de Quiebras de la capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de quiebra”, habría solicitado la autorización para la venta privada de la Finca 12096, del distrito de Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2.456 metros cuadrados, por la suma de G. 31 millones. Sin embargo, la finca ya habría sido objeto de una venta privada anterior, en fecha 29 de mayo de 2009 por la suma de G. 71 millones.
La finca 12096 fue objeto de sucesivas y cercanas transferencias, las cuales reflejarían que el síndico no habría ejecutado los actos de protección, con relación a la masa concursal, actuando justamente en perjuicio de ella, pues el inmueble que habría sido vendido por G. 31 millones en 2017 y en el año 2019 por G. 71 millones finalmente fue transferido en el año 2018, entre particulares por G. 1.000.000.000, 14 meses después de venta recomendada por el entonces representante de la sindicatura.
Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
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El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
Dispositivos del clan Rotela podrían revelar una serie de hechos punibles
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El Tribunal de Apelación ratificó la orden judicial mediante la cual se dispone la extracción de datos de más de 300 dispositivos incautados del poder del clan Rotela en el operativo Veneratio. El juez José Agustín Fernández indicó que decidieron ratificarse debido a la relevancia de los datos que podrían obtenerse en todos los aparatos electrónicos.
“Esos documentos incautados son valiosísimos porque sabemos todo lo que implica esa vida que se lleva en los centros penitenciarios y los usos que tienen estos materiales electrónicos, además de la vinculación que podría tener con una serie de hechos punibles, entonces por eso se pidió esa autorización judicial. Se manifestó la oposición de parte de los propietarios, en este caso los investigados, y nosotros ratificamos la medida otorgada por el juez”, sostuvo.
En el operativo se incautaron 308 celulares, dos tablets, 10 pendrives, dos notebooks y dos computadoras, por lo que el Ministerio Público solicitó que estos dispositivos puedan ser revisados en el marco de la investigación abierta contra los integrantes del clan. El juez afirmó ante la 650 AM que el Tribunal entendió la importancia de acceder a los datos que contienen los dispositivos.
“Es lo que sencillamente la lógica y el sentido común imponen y mucho más las leyes procesales que autorizan en virtud a los principios que rigen, en este caso, el material probatorio, porque estos van a ser instrumentos de prueba y esto fue lo que decidimos por unanimidad”, indicó el magistrado quien integra el Tribunal.
Los demás miembros del Tribunal de Apelación son Delio Vera Navarro y Viviana Benítez quienes estuvieron de acuerdo en ratificar la autorización para la extracción de datos los celulares, computadoras y otros dispositivos. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López.
Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
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El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
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Por Cinthia Mora
Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
Arnaldo Giuzzio, exministro del gobierno de Abdo
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).