La agente fiscal Natalia Cacavelos formuló imputación contra el exsíndico de quiebras Blas Manuel Velázquez por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Asimismo, se ordenó la detención del imputado y se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de Velázquez.
Los hechos se registraron en el mes de agosto del año 2017 y junio del 2019, cuando Blas Manuel Velázquez, en su carácter de síndico de quiebras de la capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de quiebra”, habría solicitado la autorización para la venta privada de la Finca 12096, del distrito de Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2.456 metros cuadrados, por la suma de G. 31 millones. Sin embargo, la finca ya habría sido objeto de una venta privada anterior, en fecha 29 de mayo de 2009 por la suma de G. 71 millones.
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La finca n.º 12096 fue objeto de sucesivas y cercanas transferencias, las cuales reflejarían que el síndico no habría ejecutado los actos de protección, con relación a la masa concursal, actuando justamente en perjuicio de ella, pues el inmueble que habría sido vendido por G. 31 millones en 2017 y en el año 2019 por G. 71 millones finalmente fue transferido en el año 2018, entre particulares por G. 1.000.000.000, 14 meses después de venta recomendada por el entonces representante de la sindicatura.
Las conductas referidas habrían producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de G. 900 millones, aproximadamente, suma que habría dejado de percibir por la venta de un inmueble de propiedad del banco quebrado. Además, para lograr la venta del inmueble por un monto exiguo, el síndico actuante habría suscrito un dictamen, presentado ante el Juzgado Civil interviniente, en el cual habría formulado afirmaciones contrarias a la verdad, con el fin de lograr la aprobación del órgano jurisdiccional en la venta propuesta del proceso liquidatario.
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