El economista Ramón Ramírez, interventor de la Municipali­dad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los prin­cipales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informá­tico del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes. Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehaciente-mente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

La famosa Navidad Sustentable en su primera edición fue otro grosero caso en el esquema desvío de fondos en la administración de Miguel Prieto, burlando procesos de Contrataciones Públicas a través de comisiones vecinales utilizadas como simples intermediarias para endosar cheques, en este caso para facturación de una tienda de ropas y frazadas que de la nada aparece vendiendo materiales de construcción, pinturas, etc. por G. 1.715 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Bien describió el inter­ventor asignado en la Municipalidad de Ciudad del Este “el sistema cuidadosamente planificado para el desvío de fondos públi­cos” en la administración Prieto, en el que según explicó toma relevancia el rol de las comisiones vecinales usadas como intermediarias para el blanqueo del esquema.

Es así que en los años duros de la pandemia por el covid -19 aseguraron facturaciones empresas de maletín crea­das por el entorno de Prieto para asegurar transferen­cias, detrás de comisiones vecinales, principalmente. Surgieron nombres de ope­radores políticos, parientes de su exnovia Vanessa Flo­rentín, actual asesora de la Municipalidad con impor­tantes acopios de contratos que vulneran principios de compras públicas, específi­camente en precios y calidad.

Solo en el 2020 liberaron órdenes de compra por G. 3.042 millones. Comisiones no cumplían su rol comuni­tario, sino sirvieron para elu­dir la Ley de Contrataciones Públicas sin ningún tipo de control ni las garantías de la contraprestación efectivo de las adquisiciones y servicios. Bajo este sistema parientes de la ex de Prieto amasaron millones gracias a contratos de manera directa y hasta cobraban la totalidad de lo adjudicado sin las actas de recepción definitiva en algu­nos casos.

La primera Navidad Susten­table surge como otro caso relevante en el esquema des­cripto. Un “proyecto” que en los papeles se atribuye a los vecinos, en la realidad fue mentado en las oficinas de la Municipalidad, como en las ejecuciones anteriores ya difundidas. Es así que con un ingenioso plan que usó como gancho “la renovación de la imagen de Ciudad del Este como una comunidad”, saca­ron a través de la Comisión de Apoyo a Eventos de Interés Social, Cultural y Deportivos, G. 2.009 millones de las arcas de la institución, de los cua­les G. 1.715 millones otorga­ron a una ropería y tienda de frazadas, esquivando todas las normas de contratación pública en concepto de com­pras fuera de su rubro, con­sistente en materiales de la construcción.

Al mismo estilo de Tía Chela y otros casos, simularon una millonaria compra de mate­riales de construcción como varillas, cementos, arena, perfilería, pinturas, herra­mientas y una extensa lista de artículos de ferretería a L & C Import – Export SA que en la realidad vende frazadas, ropa, toallas, mercería en general. El negocio está representado por Alexis Brizuela y entre los socios figura el nombre de Mario Larroza a quien identi­fican como otro conocido ope­rador de Miguel Prieto, pri­vilegiado con facturaciones a la Municipalidad a través de comisiones vecinales.

El manejo discrecional de estos recursos, sin control, trazabilidad, descarada­mente se ejecutó para la fac­turación de los amigos, ya que toda la estructura municipal fue movilizada para realizar los trabajos. Empleados de la institución fueron los que trabajaron desde el reciclaje de varios de los elementos necesarios hasta el montaje y desmontaje de las piezas y adornos. Se esquivaron principios de calidad, pre­cio y trazabilidad que garan­tice la provisión conforme a los pagos.

Nuestro medio visitó la tienda de toallas L&C y efec­tivamente constató que el responsable del negocio es Alexis Brizuela, según lo mencionado por una amable joven que nos atendió y pro­porcionó sus datos, que coin­ciden incluso con el número de teléfono que obran en las facturas emitidas a la orga­nización de vecinos. Consul­tada sobre los materiales que vendieron a la Municipalidad mediante una comisión veci­nal, la señorita identificada como “la hija de la dueña”, dijo que ella se encarga del negocio de las ropas que “es mi área”, pero que el negocio es enorme y están guardados en otro lugar.